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Si el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular lleva a efecto su promesa de rebajar el IGIC, los alcaldes exigirán que se apliquen medidas que compensen la previsible merma de ingresos, de tal forma que «no se pongan en riesgo» la prestación de los servicios.
Las entidades locales -cabildos y ayuntamientos- perciben el 58% de los recursos del Bloque Canario de Financiación (BCF), mientras que el 42% restante corresponde a la comunidad autónoma. Por tanto, una bajada en el principal impuesto canario supondría una merma en los ingresos de las corporaciones municipales e insulares.
Según el Gobierno saliente, la rebaja anunciada supondría una reducción en los ingresos de 2024, y solo en concepto de IGIC, de unos 600 millones. Entienden que la cantidad podría superar los 1.000 millones menos como consecuencia de las reglas fiscales que se van a recuperar el próximo ejercicio y que reducen el límite de gasto no financiero si se rebajan los impuestos.
Al respecto, la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, la socialista María Concepción Brito, afirma que si el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo «quiere adoptar esta medida» y rebajar el IGIC, los alcaldes «insistirán» en que se modifiquen los porcentajes de ingresos del bloque canario «o que se articule algún mecanismo de compensación».
Brito hace hincapié en que «no vamos a apoyar iniciativas que contribuyan a la quiebra económica de los servicios que ofrecemos los ayuntamientos a la ciudadanía». La dirigente municipal apunta que este asunto se abordó hace unos meses en el comité ejecutivo de la Fecam y se concluyó que «los municipios no estamos a favor de que se adopten medidas que pongan en riesgo los servicios públicos».
De los 2.152 millones que, según la Agencia Tributaria Canaria (ATC), recaudó la comunidad en 2022 por sus tres grandes impuestos -IGIC, Impuesto de matriculaciones y Aiem-, cabildos y municipios reciben en torno a 1.248 millones. De esta cantidad, casi 750 va a parar a las arcas de las corporaciones insulares, mientras que los alcaldes gestionan los casi 400 millones restantes.
El presidente de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y titular del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, reconoce que «existe cierto temor cuando se habla del IGIC» por la posible repercusión que pueda tener en la prestación de los servicios públicos como fuente importante de ingresos para las entidades locales.
Aún así, y después de que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, haya dicho que este impuesto se va a bajar, Curbelo -socio del pacto de Gobierno- entiende que esta reducción se va a producir «de forma pausada en el tiempo» y por tanto, el tipo general no pasará directamente del 7% al 5%.
Para el presidente de la Fecai, esta fórmula es «razonable» porque será preciso analizar como repercute esta rebaja en la prestación de los servicios o en qué medida merma los recursos que reciben los ayuntamientos y los cabildos del archipiélago.
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