5.875: la cifra detrás de la que hay niñas y niños a la espera de que las autonomías los quieran

Más de año y medio lleva la Comunidad Autónoma de Canarias reclamando solidaridad al resto de regiones ante el drama migratorio que tiene como protagonistas a miles y miles de mujeres, hombres, niñas y niños que huyen dela guerra, de la pobreza, del hambre, de las mafias, de la explotación sexual, de los abusos de poder, de la violación de los derechos humanos... Por si fuera poco, a todo ello se une la situación de los menores no acompañados, niñas y niños que llegan en un cayuco o patera sin la compañía de una madre, padre o tutor legal. Su tutela por el momento la ha asumido en soledad Canarias, con la carga asistencial que eso supone para un sistema desbordado.

Los últimos datos aportados por el Gobierno de Canarias señalan que tiene bajo su tutela 5.875 menores migrantes no acompañados, entre los que se incluyen los 1.400 menores refugiados procedentes de Malí y Senegal, principalmente, que tras dictamen del Tribunal Supremo deben ser acogidos por el Estado en menos de ocho días. Prima la condición de peticionario de asilo sobre la de menores de edad.

Pero como ya es habitual en estos casos, las interpretaciones de las partes han abierto un nuevo frente. El Gobierno de Pedro Sánchez pretende incluir esos 1.400 asilados menores dentro del combo de los 4.400 migrantes menores no acompañados que se repartirán por toda la geografía española al amparo del «Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias con el fin de dar una solución solidaria, estructural y reglada a la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en determinados territorios».

Por lo pronto, hoy 31 de marzo expira el plazo que tenían las comunidades autónomas para certificar cuántos menores tienen a su cargo y, de ahí, cuál es su capacidad de acogimiento. Y aunque diferentes gobiernos autónomos del PP han levantado la voz contra el nuevo reparto solidario y amenazan con acudir al Tribunal Constitucional, por el momento no se ha establecido ninguna cifra concreta.

El decreto de ley en el que se plasma la reforma de la Ley de Extranjería solo establece criterios objetivos, que la Conferencia Sectorial de Infancia aplicará cuando se conozcan los datos que las comunidades autónomas aporten sobre cuántos menores tienen en su territorio hasta el día de hoy. A partir de ahí se procederá al reparto que afecta no sólo a Canarias, sino también a Ceuta, desde donde señalan que están al 400% por encima de sus posibilidades. De ahí que no se entienda que el PP sea contrario a un sistema de reparto que necesita la ciudad autónoma de Ceuta, donde gobiernan los populares.

Sin ir más lejos, hace unos días así lo expresó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. «Tiene que ser un reparto justo, un reparto solidario», dijo el ministro. «Las comunidades autónomas fronterizas, que tienen más impacto en la migración, no pueden recibirlos solas, dejadas absolutamente a su suerte, no pueden recibir un impacto migratorio que se tiene que repartir por todo el país».

Así que la pregunta es: «¿cómo es posible que el Partido Popular que gobierna en Canarias esté defendiendo perjudicar a Canarias?». A juicio de Bolaños. resulta «verdaderamente asombroso que el Partido Popular no vaya a apoyar (en el Congreso) el decreto-ley en el que estamos beneficiando a Canarias y estamos beneficiando a Ceuta».

Guerras políticas aparte, lo que falta por clarificar con exactitud es la capacidad de asistencia de cada comunidad autónoma. Según el recuento realizado por Efe con la información de cada Gobierno autonómico, la región que más jóvenes extranjeros no acompañados acoge en España –después de Canarias, que tutela 5.875– es Cataluña, con 2.242. Le sigue en la lista Madrid, con 937 menores acogidos, y un cómputo total desde 2019 de 10.618 jóvenes atendidos, según datos de la Consejería de Asuntos Sociales.

Galicia, por su parte, dice tener bajo su tutela a 800 menores y una ocupación del 104 % de sus recursos; y el País Vasco calcula tener en su sistema de protección 850 de estos jóvenes extranjeros no acompañados. Por su parte, Baleares acoge a 634.

Fuentes del Gobierno autonómico en Murcia señalan tener acogidos en su comunidad a más de 500 jóvenes en un sistema que, aseguran, está al 220% de su capacidad.

Después de las islas en la lista seguiría Ceuta, que, al igual que Canarias, tiene actualmente sus recursos desbordados, con 500 jóvenes tutelados; y Melilla tutela a 200 menores.

Aragón atiende en la actualidad a 197 menores migrantes y, según fuentes del Gobierno autonómico, su sistema está al 189,42% de ocupación. De cerca le sigue Castilla y León, con 180 niños extranjeros no acompañados; Navarra (163); Castilla-La Mancha (140); Asturias (101); Extremadura (90); Cantabria (22); y La Rioja, que acoge a 13 niños migrantes sin un referente adulto.

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