Menores migrantes, cuestión de estado

Es preciso reiterar que el destino final de esas personas migrantes no es Canarias sino el continente europeo en el que esperan ver cumplidos sus sueños. Canarias es solo la puerta de entrada y el primer lugar de acogida de esa ruta migratoria. Una ruta que se incrementará en las próximas décadas por las negativas condiciones de existencia de un continente africano que tiene un enorme crecimiento demográfico (1.300 millones de habitantes en la actualidad y se estima unos 2.500 millones en el año 2050) y con el 70% de la población menor de 30 años. Experimentado un aumento exponencial de la población mientras no se producen mejoras perceptibles en las condiciones de vida.

Asimismo, hay que recordar que la Unión Europea precisará en las próximas décadas de millones de inmigrantes si quiere sostener su economía y sus niveles de bienestar, en el marco de un significativo envejecimiento poblacional; y que estos inmigrantes procederán, fundamentalmente, del África subsahariana. Eso nos lleva a un necesario cambio de paradigma, que debe llevar al establecimiento de vías migratorias regularizadas y seguras que permitan la incorporación a los países europeos (muchos de ellos con una importante demanda de mano de obra en distintos sectores económicos, que resulta imposible cubrir con la población local) de hombres y mujeres inmigrantes, sin tener que jugarse sus vidas y ser explotados por mafias, ni arriesgarse a ser devueltos tras el enorme padecimiento vivido para intentar llegar a la UE.

Lamentablemente, los pasos dados por la Unión Europea consideramos que no van en una buena dirección y que se encuentran muy mediatizados por la presión que ejercen las derechas más extremas. Para Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) resulta decepcionante el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, tanto por el trato mercantilista que se da a las personas migrantes como a la externalización de las fronteras por estados limítrofes en los que no se respetan los derechos humanos, así como por el olvido de la especial casuística de los menores.

La crisis migratoria de 2021 desbordó a Canarias. Todos tenemos en la memoria aquellas durísimas imágenes del hacinamiento, en algunos momentos de más de 2.000 personas, en el muelle de Arguineguín. Se nos dijo entonces que no se podían derivar hacia otras zonas del Estado por el efecto llamada. Sin embargo, finalmente se hizo gracias al trabajo de las instituciones canarias y a la presión de la opinión pública de las Islas; y funciona razonablemente. Con los menores, que tienen un trato diferenciado en nuestra legislación, dejando su tutela en manos de la comunidad a la que llegan, también debe suceder, garantizando su protección y atención en las mejores condiciones.

En estos momentos estamos en una auténtica emergencia humanitaria, no en «una guerra» como desafortunadamente planteó en fechas recientes con manifiesta irresponsabilidad una consejera del Gobierno conservador de Canarias. Cuidar las expresiones utilizadas también resulta clave para no alimentar el racismo y la xenofobia.

En nuestra Comunidad se suscribió en octubre del pasado año el Pacto Canario por la Inmigración. Con amplio apoyo parlamentario -todos los grupos de la Cámara, salvo la ultraderecha- e incluyendo exigencias al Estado español y a la Comisión Europea, así como compromisos por parte del Gobierno de Canarias.

El Pacto Canario por la Inmigración recoge en su texto algunas mejoras que deben implementarse en el sistema de acogida, apuntando que es necesaria «una política migratoria de Estado que contemple el fenómeno en su totalidad»; abordando, entre otros asuntos, la coordinación entre las administraciones públicas; la adecuación de las infraestructuras para la recepción en costas y el aumento de personal capacitado para la identificación de personas vulnerables.

En su redacción se incluyó una propuesta de NC-bc que urge a la modificación de la norma estatal para garantizar la distribución obligatoria de los menores que llegan a las costas canarias entre las comunidades autónomas. En NC-bc defendemos su reparto entre comunidades, teniendo en cuenta su peso económico y demográfico, así como una distribución interna razonable entre todas las islas, para equilibrar la responsabilidad de la tutela entre todos los dispositivos de emergencia y los recursos de acogida que garantizan una adecuada atención humanitaria. Asimismo, defendimos la necesidad de explicar este asunto directamente a la Junta de Portavoces de las Cortes para que comprendan su dimensión y la urgencia de las soluciones a adoptar.

Ahora, además, ya existe un preacuerdo entre el Gobierno estatal y el canario, que incluye esa necesaria modificación legislativa y un sistema de reparto para la atención de los menores, lo que consideramos muy positivo.

Por eso, desde NC-bc exigimos que el PP, principal partido de la oposición en el Estado y cogobernante en nuestra comunidad, sea claro, esté a la altura que demandan las circunstancias, se desmarque de la ultraderecha y se comprometa en las Cortes con el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería (ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). Una modificación que se podría hacer en 30 días en las Cortes, si hay voluntad por parte de los partidos políticos, y que podría ser suficiente para poder iniciar la distribución entre las comunidades; garantizando que los territorios gobernados por la derecha española tutelen a los menores que les correspondan en cumplimiento con la norma.

Al mismo tiempo, y ante la gravedad de la situación, venimos exigiendo al Gobierno estatal que proceda a facilitar el acceso a las instalaciones militares en desuso que el Ministerio de Defensa dispone en el Archipiélago. Para garantizar una atención digna, aliviando la saturación que hoy padecen los 80 centros de acogida habilitados por las administraciones públicas de las Islas. Necesario, además, ante la sustentada previsión de que se puede incrementar sustancialmente el número de menores no acompañados en las próximas semanas. También reclamamos al Estado la adecuada financiación de todas las comunidades que acojan menores.

Estamos ante un fenómeno, el migratorio, que se prolongará en el tiempo y ante el que no valen parches ni inhibiciones. Las políticas migratorias deben sustentarse en el más estricto respeto a los derechos humanos. Así como en la corresponsabilidad de todas las administraciones y de las formaciones políticas democráticas. Y, también, en el compartido interés entre los estados emisores y los receptores, en las necesidades de unos y de otros. Para avanzar hacia una inmigración reglada y segura que posibilite oportunidades de alcanzar una vida digna a millones de personas y, al tiempo, cubra la falta de mano de obra de distintos sectores económicos en los estados europeos. Evitando las mafias que trafican con personas, el sufrimiento, las deportaciones y las muertes de miles de personas cada año en el Atlántico o en el Mediterráneo. Construyendo un mundo mejor, más equilibrado, más humano y justo.

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Canarias no puede volver a sentirse sola ante un fenómeno global que nos afecta directamente por nuestro lugar en el mundo y que hoy alcanza niveles muy elevados de llegadas de personas que pueden incrementarse en el próximo periodo, entre ellos numerosos menores. Situaciones que se repetirán, sin duda, en el futuro. La Unión Europea, el Estado español y el conjunto de las comunidades autónomas tienen que cooperar con nuestra Comunidad y otras comunidades fronterizas para afrontarlo. Sin discursos racistas y xenófobos, como los de la extrema derecha, y sin la falta de compromiso que está mostrando el PP.