Cambios legales urgentes para acceder a una vivienda

El acceso a la vivienda en las Islas muestra una evolución muy negativa en este siglo XXI. Marcada por el crecimiento descontrolado del precio de los alquileres y la escasez de viviendas a un precio asequible (más grave aún en una comunidad que destaca por sus bajos salarios), de manera más aguda en zonas donde el mercado está altamente tensionado. En lo que está siendo determinante nuestro fuerte aumento poblacional de las últimas décadas.

Con escasas actuaciones durante casi veinte años, hasta que el Pacto de Progreso logró un gran acuerdo social e impulsó y aprobó el Plan de Vivienda 2021-2025 dotado con más de 660 millones de euros y que incluye numerosas actuaciones, entre ellas la construcción de 5.971 nuevas viviendas protegidas para el alquiler.

A los factores señalados se le añade la falta de promociones de vivienda protegida, tanto de carácter social como a precio limitado en alquiler. Nuestra comunidad es la segunda del Estado que menos vivienda ha construido en las dos últimas décadas. Lo que se convierte en un gran obstáculo para el acceso a una vivienda digna para las familias con menos recursos. Por otra parte, en Canarias, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) existen más de 210.000 viviendas vacías. En medio de una grave crisis habitacional sus propietarios no las ponen en el mercado, fundamentalmente por falta de incentivos, temor a incumplimientos de los pagos y adecuado cuidado del inmueble por parte de los arrendatarios e inseguridad jurídica.

Además, el crecimiento del alquiler vacacional, especialmente en los ámbitos urbanos, está reduciendo de forma considerable la disponibilidad de viviendas para residentes, desplazando a la población local y encareciendo los precios. En algunos de nuestros núcleos poblacionales el número de viviendas vacacionales supera al de alquiler residencial. A lo que se suma la compra de viviendas por extranjeros no residentes con claramente fines especulativos.

Un panorama que se completa negativamente con el hecho de que Canarias lidere los desahucios por alquiler en el Estado español. Aunque se han puesto en marcha distintas medidas estatales de protección, miles de familias se enfrentan a situaciones de desalojo de sus hogares sin que dispongan de una alternativa habitacional. Por ello, resulta urgente el reforzamiento de los mecanismos de mediación y protección para evitar el desamparo de personas y familias vulnerables.

La PNL para la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias presentada por nuestro grupo parlamentario contiene un conjunto de principios rectores y ejes de actuación para superar la actual situación y ofrecer soluciones reales al grave problema habitacional que padece el Archipiélago. Con actuaciones y medidas que hay que implementar desde ya ante la dimensión que tiene el problema del acceso a la vivienda en nuestra comunidad. No caben dilaciones.

En primer lugar, entendemos que resulta básica la colaboración y coordinación de todos los poderes públicos, incluyendo los órganos dependientes de la Administración estatal y el sector público canario, es decir la administración de la comunidad Autónoma, cabildos, ayuntamientos y todos los entes de titularidad pública dependientes de ellos.

Nos parece igualmente esencial considerar la vivienda como un derecho subjetivo público. Por eso, en la PNL se señala que «será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y ante los juzgados el cumplimiento de este derecho básico. El Gobierno de Canarias debe satisfacer este derecho a la ciudadanía, en el caso de no garantizar la puesta a disposición de una vivienda, y con carácter subsidiario, esta satisfacción podrá efectuarse mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas».

Esta consideración de la vivienda como derecho subjetivo se recoge en la ley de vivienda vasca de 2015 y ya se encuentra regulado en un decreto de 2023, comprometiendo a la administración vasca a facilitar una vivienda social en régimen de alquiler o, en su defecto, otorgar una prestación económica para facilitar el pago mensual del arrendamiento. Unas 9.000 personas se han acogido al mismo.

Además, consideramos que se requiere una apuesta decidida por aumentar el parque de vivienda protegida a través de la promoción, lo que precisa de una financiación estable, plurianual y suficiente. Canarias debe colocarse en inversión en vivienda pública en la media de la Unión Europea, presupuestando anualmente como mínimo un 0,4 % de nuestro PIB, garantizando así un aumento progresivo del parque de vivienda pública. Supondría, en estos momentos, disponer de unos 216 millones de euros anuales.

Asimismo, defendemos la puesta en marcha de un Registro Público de Viviendas Protegidas y de Alojamientos Dotacionales. En aras de la transparencia, el número de demandantes de vivienda protegida y de alojamientos dotacionales debe ser publicado con periodicidad. E impulsar, igualmente, la construcción de Alojamientos Dotacionales, para dar respuesta temporal a la necesidad habitacional de mayores, personas sin hogar y jóvenes, así como de colectivos vulnerables.

Por otra parte, y como ya planteamos en una propuesta que rechazaron CC y PP en el Parlamento canario, nos parece fundamental el fomento del alquiler de vivienda vacía. Mediante la compra y, sobre todo, la movilización de viviendas vacías para su incorporación al parque público de alquiler asequible. Se trata de fomentar el alquiler de la vivienda vacía, con garantías jurídicas y materiales tanto para el arrendador como para el inquilino.

Otras actuaciones recogidas en nuestra PNL se dirigen a la ampliación del Parque Público de Vivienda, con cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes tenedores en zonas tensionadas; aplicación de recargos progresivos en el IBI para viviendas vacías no justificadas cuyos propietarios sean grandes tenedores; la promoción de modelos de cooperativas de vivienda en cesión de uso y proyectos de vivienda colaborativa; y, asimismo, la protección frente a desahucios y realojo de personas vulnerables, considerando una responsabilidad del Parlamento y del Gobierno de Canarias tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda y evitar que la crisis actual siga agravando la desigualdad y la precariedad en el Archipiélago.

Se trata, en definitiva, de romper con la pasividad y la ineficiencia en las políticas de vivienda. Estamos a mitad de legislatura y el actual Ejecutivo muy poco ha hecho para modificar la situación en una comunidad donde continúan creciendo los costes de los alquileres. Hay que ser ambiciosos para acabar con una situación, la del acceso a la vivienda, que dificulta la vida a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas de la Islas, tanto trabajadores como clases medias. Que imposibilita la emancipación de los jóvenes. Que pone en riesgo la cohesión social. Que nos convierte, en definitiva, en una sociedad desequilibrada e injusta.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc)