En primer lugar, quiero mostrar el máximo respeto y nuestra plena disposición a colaborar con el procedimiento legal del 'caso Siglo XXI', como no puede ... ser de otra manera. Como ya se ha adelantado, el Gobierno de Canarias se personará en la causa abierta, al considerarse parte afectada por los delitos que se imputan a esta entidad.
Sobre el contexto en el que se produce la contratación de esta Fundación, cabe destacar que este Gobierno de Canarias se vio abocado a contratar a cinco entidades y a abrir hasta 50 recursos de emergencia ante el repunte de los movimientos migratorios a nuestras costas, llegando a albergar y tutelar a cerca de 3.000 menores en el momento álgido de esta crisis. Este ejecutivo tuvo que hacer frente a esta situación con toda la infraestructura de acogida desmantelada por el anterior Gobierno, que debió pensar que Canarias se había movido de su situación geográfica y que no volveríamos a recibir más personas migrantes.
Hay que remarcar, por tanto, que nos encontrábamos en un momento excepcional, reconocido a través de un Decreto Ley, aprobado por todas las fuerzas políticas con presencia en el Parlamento de Canarias.
La obligación de prestar este servicio es irrenunciable y viene impuesta por el conjunto de disposiciones del ordenamiento jurídico que regulan la protección jurídica del menor y los servicios sociales y es imposible posponerla o dejarla de prestar, dado que se trata de una emergencia humanitaria, que, se califica como emergencia social en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en su Artículo 29.
De hecho, la Intervención General de la Comunidad Autónoma avaló la realización de estas contrataciones de emergencia para la prestación del servicio de alojamiento y manutención de los menores extranjeros no acompañados, ante la necesidad de salvaguardar el interés de los menores.
Por tanto, la forma en la que se elaboraron los contratos pasó todos los filtros técnicos y legales al efecto, tanto por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma como de la la Viceconsejería de Servicios Jurídicos.
La situación excepcional que provocó la tramitación de los contratos, acogiéndose al procedimiento de emergencia, se ha prolongado en el tiempo y persiste. El flujo migratorio es periódico y no hay visos de que vaya a cesar. Se trata de una situación constante a la que hay que dar respuesta, a través de la contratación del servicio por un procedimiento ordinario.
Sobre este caso se han vertido informaciones que son imprecisas, por no decir que son incorrectas. Me refiero a titulares tales como «Santana informó de que Siglo XXI trabajó «a entera satisfacción» pese a las irregularidades». Lo cierto es que, si no hay conformidad, no se pueden pagar las facturas ni prestar el servicio, por lo tanto, los menores acabarían en la calle. Es más, esa conformidad no la da esta consejera, sino un técnico de la Comunidad Autónoma, más concretamente, un jefe de servicio.
Los procedimientos administrativos los realizan los técnicos y no corresponde a una consejera definir el trabajo de las entidades prestadoras de servicio.
Sobre los controles y supervisión: en cuanto se detectó el problema surgido en Porto Bello se actuó en consecuencia y se cerró el recurso, que, efectivamente, no cumplía con las garantías necesarias para albergar a los menores. Se realizaron las inspecciones pertinentes, como recogen la querella de la Fiscalía y las informaciones publicadas al respecto, y se clausuró el centro.
Nuestro afán siempre ha sido la transparencia. Por ello, han podido visitar estas instalaciones tanto diputados de la oposición, como periodistas de todo el mundo, y entidades de protección de la infancia, como Save the Children, Unicef o Acnur. También han accedido organismos como el Defensor del Pueblo, el Diputado del Común o la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea.
En todo momento se ha ejercido el control exigido por la Ley sobre la Fundación Siglo XXI, tanto en visitas presenciales como con el reporte de la ocupación de los centros, una información que se enviaba a diario a la Dirección General de Infancia y Familia.
Es de resaltar que esta entidad, como las otras, no solo ha trabajado con este Gobierno, sino con otras administraciones de distinto signo político, como el Cabildo de Lanzarote, en 2018; así como en otras comunidades autónomas como Madrid.
Somos muy conscientes, en este Gobierno, a diferencia del anterior, de que los flujos migratorios no van a cesar. Por ello, el pasado 18 de mayo aprobamos la contratación de los servicios por un procedimiento ordinario. Y lo hemos hecho en cuanto hemos dispuesto del crédito necesario para la licitación, gracias a la firma de un convenio con el Ministerio de Inclusión Social, que garantiza estos fondos.
Llegaremos al final de este asunto, porque no hay nadie más interesado en aclararlo que este Gobierno y esta consejera, que, en todo momento, solo ha perseguido el bienestar de estos niños y niñas.
De hecho, por eso titulo este artículo «Al respecto del 'caso Siglo XXI», para evitar que se criminalice nuevamente a los menores extranjeros en desamparo familiar, mal llamados «menas», cuya única voluntad es salir adelante y construirse un futuro.
Es urgente evitar que todo esto termine provocando rechazo a estos niños, niñas y adolescentes. Es en ellos y ellas en quienes hemos pensado en todo momento y por quienes seguiré luchando desde cualquier espacio en el que me encuentre, como lo he hecho siempre.
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