Emergencias en Gran Canaria. Una deuda pendiente

Sin embargo, en Gran Canaria tenemos un problema muy serio: la falta de personal en el Consorcio de Emergencias. Esta situación no solo pone en riesgo la salud y la vida de los bomberos/as, que se ven obligados a intervenir en emergencias con un número insuficiente de efectivos, sino que también pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos de Gran Canaria. Es imperativo recordar que en las emergencias, cada minuto cuenta, y la falta de recursos puede tener consecuencias trágicas.

En el Consorcio de Emergencias, sus responsables políticos en lugar de crear nuevas plazas para suplir la falta estructural de personal, optaron por aumentar las horas de trabajo sin remunerar. Esta decisión, además de ilegal, fue claramente irresponsable, ya que no abordó el problema de fondo.

Un dato demoledor, con siete parques de bomberos operativos, el Consorcio tiene actualmente menos personal que en 2006, cuando solo había cinco. Esta carencia lleva a situaciones insólitas, con parques operando con uno o dos bomberos/as o incluso cerrando por falta de efectivos. Y la situación sería mucho peor si los bomberos/as no estuvieran colaborando como lo hacen, trabajando más de 400 horas extras al año, de media, cada uno.

Además, esta precariedad de personal, y también de medios, conlleva un grave incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los bomberos/as, que ya enfrentan situaciones de alto riesgo, lo hacen sin las dotaciones de personal mínimas necesarias para su seguridad y la de los ciudadanos.

Ejemplos desgarradores de esta realidad no faltan: no poder rescatar a una persona que se está ahogando por no contar con el personal suficiente, tardar en llegar al lugar de un incendio lo que provoca que las llamas se propaguen causando daños mayores, o no disponer de medios adecuados en un accidente de tráfico, lo que retrasa el auxilio vital a las víctimas.

Con el reciente restablecimiento de la jornada laboral de los bomberos/as se ha reparado una injusticia que nunca debió ocurrir. Desde el 31 de julio de 2012, estos profesionales se vieron obligados a trabajar hasta 400 horas más anualmente sin retribución adicional. Esto no solo vulneró sus derechos laborales más básicos, sino que puso en riesgo la calidad del servicio de emergencias y todo ello por no querer cubrir la falta de personal.

Cinco sentencias del Tribunal Supremo, desde 2019 hasta 2024, han sido necesarias para restituir la jornada laboral que siempre debió ser respetada. Así se entiende el desgaste físico y psicológico que estos trabajadores han sufrido, así como el gasto económico de más de 700.000 euros en defensa jurídica que han tenido que invertir.

A todo esto se suma la judicialización de los conflictos. Las denuncias por prevaricación administrativa, fraude a la Seguridad Social y delitos contra los trabajadores, actualmente en proceso en el Juzgado, reflejan la gravedad de la situación.

Las actuaciones de los dirigentes políticos del Consorcio, que tienen nombre y apellidos, lejos de resolver los problemas, con sus erróneas decisiones como perpetuar la falta de personal, han puesto en peligro la vida de los trabajadores y ciudadanos, una situación inadmisible en un servicio esencial como el de emergencias. Además de provocar también un profundo deterioro en las condiciones laborales de los funcionarios/as, estos desaciertos han supuesto millonarias multas, intereses de demora, se está pendiente del pago de las cuantiosas costas y también se está a la espera de una última sentencia que, muy probablemente, nos puede costar a todos los ciudadanos más de 30 millones de euros, si entiende el Tribunal Supremo que hay que pagarles a los trabajadores las horas trabajadas injustamente de más.

Los responsables de haber tomado todas estas decisiones, consideradas ilegales por la justicia, deberían asumir su responsabilidad política y dimitir inmediatamente. Aunque lo ideal sería que los políticos que se equivoquen gravemente, como en este caso, fueran cesados y tuvieran que pagar todas estas cantidades con su patrimonio personal. ¿Te lo imaginas?

Otros problemas importantes son, que el Cabildo carezca, a pesar de tener competencias directas, de una consejería de Emergencias y, por otro lado, los relativos a la dispersión de los cuerpos de bomberos en Gran Canaria, dado que existen 3 en la isla y no están unificados.

En la actualidad, en el Cabildo de Gran Canaria la gestión de las emergencias la ostenta el consejero de Hacienda. En cambio la prevención y extinción de incendios forestales las gestiona la consejería de Medio Ambiente. Una duplicidad inexplicable. Es urgente que el Cabildo revise su modelo de emergencias empezando por crear una consejería propia en la que se integre todo lo relacionado con las emergencias, así como la integración de los bomberos forestales. Una Consejería con estructura y personal especializado, dedicado en exclusividad todo el año a planificar, a prevenir, a formar a la población, a coordinarse con otras administraciones y a atender las cada vez más numerosas emergencias.

La isla de Gran Canaria cuenta con 11 parques de bomberos profesionales, pero no están integrados como si pasa en otras islas. El Consorcio cuenta con 7 parques, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 3 y el de San Bartolomé de Tirajana con 1. Otros 2 parques más, en Tejeda y Tunte, están cerrados desde hace décadas. Aunque los responsables políticos no se atrevan a hacerlo realidad, los expertos coinciden en que la unificación es el camino a seguir para garantizar la optimización de recursos humanos y materiales, permitiendo así afrontar más coordinadamente las emergencias ordinarias y grandes catástrofes a las que vamos a tener que seguir enfrentándonos.

No se puede permitir que la seguridad de una isla tan vulnerable ante incendios forestales y otras catástrofes naturales dependa de decisiones administrativas equivocadas y de una gestión claramente deficiente. ¿Recuerdan lo que pasó en Valencia con la gestión de la DANA? ¿Pueden garantizarnos nuestros representantes políticos que en Gran Canaria y en Canarias no pasaría lo mismo si sucediera una desgracia similar?

Invertir en prevención y en la capacidad de respuesta ante las Emergencias es proteger vidas, es cuidar a quienes nos cuidan y es construir una sociedad más segura y resiliente. Está más que justificado, y la ciudadanía lo celebraría. Ojalá, tras años de lucha y sentencias, Gran Canaria tome el camino correcto, apostando por la seguridad, la justicia y el bienestar común.