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El informe del Tribunal de Cuentas que confirma el abuso que hacen las administraciones en los contratos que realizan a dedo a empresas públicas, como ... Tragsa y Gesplan en el caso de Canarias, pone en evidencia un problema denunciado desde hace tiempo por los constructores pero al que nadie parece hacer caso.
Ciertamente, a través de las encomiendas de gestión las administraciones pueden encargar de forma automática la ejecución de obras o la redacción y dirección de proyectos u obras a estas empresas pero para ello debe darse una razón de emergencia. Es decir, si un volcán entrar en erupción se les puede activar para tomar medidas de forma rápida.
Sin embargo, lo que está ocurriendo es que este supuesto no se está cumpliendo y la administración está tirando de estas empresas -suyas, de forma que todo queda en casa-, pese a ser más ineficientes y presupuestar más caro. Además se están sustrayendo muchos proyectos del mercado, dejando sin opciones al sector privado que siempre, motivado por la competencia, ofrece mejores precios. Eso es lo que se denomina competencia desleal.
Las administraciones, al recurrir a Tragsa y Gesplan, se ahorran el procedimiento administrativo y se saltan todo lo que exige la ley de contratos. Se podría pensar que esto es positivo, debido a que el proyecto sale antes adelante, pero esto tampoco se cumple. Como estas empresas públicas no tienen suficientes medios ni personal (algo a lo que apunta el Tribunal de Cuentas) para acometer las encomiendas lo que hacen es subcontratar y para ello abren procesos de licitación que alargan los plazos y dan lugar a incumplimientos.
Un ejemplo está en la ejecución del Complejo Ambiental de Zurita, en Fuerteventura. Tras quebrar la empresa adjudicataria, se le encomendó a Tragsa continuar con las obras. En lugar de volver a salir a concurso y dárselo a una empresa el anterior consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, recurrió a los suyos. Se la dio a Tragsa y le pagó por adelantado casi ocho millones de euros para hacer el trabajo, tras la retarifación e incremento del presupuesto que hizo la propia empresa pública.
Tragsa abrió el proceso para subcontratar los servicios y finalmente no ha podido cumplir los plazos. Ahora devolverá el dinero que se le dio por adelantado pero sin mayor problema. De hecho, ahora se prevé que se le vuelva a contratar para que siga adelante. Un escándalo en toda regla, ya que mientras que el sector privado trata de sobrevivir en el actual entorno estas empresas públicas, más ineficientes y caras, no dejan de crecer en ingresos y personal.
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