Vivienda y uso perverso del REF

El acceso a una vivienda digna a precios razonables es una de las mayores preocupaciones sociales. Una circunstancia que afecta a los jóvenes, que ven truncadas sus expectativas de emancipación, y a las personas y familias de distintas edades que se ven empobrecidas al dedicar una parte sustancial del salario al elevado pago del alquiler. Se requieren actuaciones urgentes que garanticen un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución y en el 22 de nuestro Estatuto, que señala que los poderes públicos canarios «deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regular su función social, mediante un sistema de promoción pública, en condiciones de igualdad y en los términos que establezcan las leyes, poniendo especial atención sobre aquellos colectivos sociales más vulnerables».

Distintos factores están complicando el acceso a la vivienda en la Islas. Entre ellos el fuerte crecimiento poblacional experimentado en las últimas décadas - estrechamente vinculado a nuestro crecimiento turístico-, la inacción de los gobiernos de CC durante quince años en la promoción de vivienda pública o el impacto de la conversión en turística vacacional de parte del parque de vivienda residencial. Todo ello en una comunidad con apenas un 2% de viviendas protegidas, frente a una media europea que supera el 8%.

Modificación RiC

En estos momentos se tramita una iniciativa de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) para el uso de la Reserva de Inversiones (RIC) en la actividad de arrendamiento de viviendas que contó en las Cortes con el apoyo de CC y PP, pero también del PSOE, que cuestionamos desde Nueva Canarias-BC porque deslegitima la RIC y contiene claros efectos especulativos. Se incluye en un proyecto de ley de distintas medidas de orden tributario. Y sobre el que ha de pronunciarse, el Parlamento canario mediante la emisión de un informe, en cumplimiento de nuestro Estatuto.

Consideramos que en su texto se introducen algunos elementos positivos, pero discrepamos abiertamente cuando se pretende autorizar la materialización de la RIC en la adquisición, y en su caso construcción, de viviendas para destinarlas al arrendamiento en el mercado libre. Es decir, sin límite de renta en el alquiler que ha de pagar el inquilino. Hay que aclarar que la RIC ya se puede materializar en vivienda siempre que sea 'protegida' (es decir, tenga unas limitaciones de precios en su alquiler) y lo haga una empresa que esté dada de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas. Lo que introduce la nueva disposición adicional decimoquinta es que la RIC acumulada por parte de empresarios y profesionales, que no 'saben' dónde materializarla, se pueda dedicar a una actividad especulativa de comprar y rehabilitar viviendas de cualquier tipo para luego, se dice, dedicarlas al alquiler.

Es cierto que en Canarias y en el conjunto del Estado muchas personas derivan sus ahorros a la adquisición de inmuebles, pero no hay paralelismo en el caso que nos ocupa. La RIC no es un ahorro empresarial. Es un impuesto no pagado al Estado a cambio de fomentar una actividad productiva real, que añada valor añadido y competitividad a la economía canaria y que, en consecuencia, normalmente también significa crear empleo.

El REF está destinado a compensar las dificultades estructurales que afectan a Canarias, tanto a su ciudadanía como a sus empresas. Con tres elementos sustanciales. Los programas económicos (compensación del sobre coste eléctrico, 75% en la movilidad aérea y marítima, ayudas al transporte…). El diferencial fiscal, destacando la fiscalidad indirecta, mucho más baja, que hace que nos ahorremos unos 4.000 millones de euros anuales. Y los incentivos a la inversión, con la RIC como su elemento más potente; destinada a capitalizar las empresas para generar diversificación, crecimiento económico y empleo. Y eso no se cumple con la propuesta que pretenden sacar adelante.

Potente bonificación

Recordemos que la RIC es la más potente bonificación del Impuesto de Sociedades y del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la parte de los rendimientos que provengan de actividades empresariales o profesionales que existe en toda Europa. Es una reducción de hasta el 90% de la base imponible del Impuesto de Sociedades por el beneficio no distribuido o una deducción de hasta el 80% de la cuota íntegra en el IRPF por la parte de los rendimientos que provengan de actividades económicas, destinando este importe del impuesto no pagado a una dotación para la reserva que se debe materializar en los tres siguientes años. Por tanto, la dotación de la RIC deriva de un impuesto no pagado a cambio de generar actividad económica y empleo.

En nuestra opinión, la RIC se desnaturaliza y se deslegitima socialmente si se convierte en la mera colocación especulativa del importe de la dotación (como si fuera un ahorro particular) en la adquisición de viviendas con destino al alquiler libre, que solo se traduce en ventajas particulares para los tenedores de RIC con un añadido de incremento de precios en el ya tensionado mercado del alquiler en Canarias. Con esa propuesta estaríamos financiando una actividad especulativa con los impuestos de todos para favorecer la acumulación de viviendas en manos de unos cuantos.

Se trata de una pésima vuelta al pasado. El Informe 'Renovación de los incentivos del REF' (enero de 2006) de la entonces Consejería de Economía y Hacienda destacaba que entre 1994 y 2003 el 50% de la materialización de la RIC se dedicaba a actividades especulativas de carácter inmobiliario -adquisición de suelo y de edificios, fundamentalmente viviendas- y mucho menos a otras actividades: un 14,63% a inversión en instalaciones, un 14,41% a maquinaria y un 7,47% a elementos de transporte. Por eso, la medida, una vez evaluada, fue retirada; y, pese a la constatación de su fracaso, hoy la intentan volver a recuperar.

Además de ese inadecuado uso de la RIC y del regreso a un pasado de especulación y burbuja inmobiliaria, esta propuesta nada aporta a incrementar la oferta de alquiler de vivienda para familias y/o personas con rentas bajas y medias ni a movilizar la vivienda vacía existente. Ya hay en Canarias 211.000 viviendas vacías que no se alquilan porque no se tiene seguridad para los arrendadores. Hemos hecho propuestas para movilizar esas viviendas vacías, así como otras destinadas a limitar la venta a extranjeros no arraigados en las islas o una moratoria del alquiler vacacional y una regulación eficaz de este en el ámbito residencial. Con propuestas coherentes y realizables que fueron rechazadas por CC y PP.

Junto a la crítica a ese mal uso de la RIC y su rechazo a que se plasme en el texto de la modificación del REF, nuestro grupo parlamentario va a plantear una proposición no de ley en la que se insta a que se lleve a cabo una profunda modificación de la Ley de Vivienda de Canarias. Para que esta pueda impactar realmente en el cumplimiento de un derecho constitucional y estatutario que hoy se encuentra muy lejos de ser una realidad, condicionando negativamente la vida de decenas de miles de canarios y canarias. A esa propuesta de modificación de la Ley de Vivienda dedicaré un próximo artículo.