Regla de gasto: CC y PP

En primer lugar, hay que recordar que la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera es un requisito previo para iniciar el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso y en el Senado. En esta reunión se informó, asimismo, sobre el importe de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) para 2024, tanto de la liquidación del 2022 como de las entregas a cuenta del 2024.

El importe total del SFA para las comunidades asciende a 154.467 millones de euros, un 14,9% más que en el año 2023. Para Canarias asciende a 7.337,31 millones de euros. Respecto a los recursos recibidos del SFA en 2023, que ascendían a 6.576,27 millones de euros, un crecimiento de 761,04 millones, un 11,57% más. Es decir, 224,19 millones de euros superiores a los incluidos en el proyecto de ley, un crecimiento de un 3,15%.

Además, en la reunión del Consejo los representantes ministeriales confirmaron que el déficit autorizado para el próximo año será del 3% del Producto Interior Bruto (PIB), con la siguiente distribución: 2,7% para la Administración General del Estado, 0,2% para la Seguridad Social, 0,1% para las comunidades autónomas y 0 % para las corporaciones locales.

La representante del Gobierno de las dos derechas se opuso a todo. Por un lado, cuestionando el 0,1% de déficit autorizado correspondiente a las comunidades, que le pareció insuficiente, cuando en los Presupuestos de Canarias que se tramitan actualmente en nuestro Parlamento, el Ejecutivo de CC y PP ni siquiera se acogió a esa décima, cuando ya se había anunciado la disponibilidad de esta, estableciendo voluntariamente un déficit de 0% para el próximo año. Estaba interviniendo en favor de los intereses del PP para las circunstancias de otras comunidades, que, por su negativa situación, aspiraban a que se estableciera un 0,3%.

Por otro, la consejera mostró también su rechazo a los recursos del Sistema de Financiación Autonómica, superiores en 242,2 millones de euros a los ingresos presupuestados por este concepto en el propio proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno de Canarias. Quejándose de que esos 242,2 millones, en aplicación de la regla de gasto, no podrán destinarse a gasto no financiero (es decir, a financiar servicios públicos o rebajar impuestos), sino a reducir deuda pública. Intentando responsabilizar al actual Gobierno español de esta medida que establece el artículo 12 de la citada Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que salió adelante con el apoyo parlamentario de CIU, Foro, UPN y UPyD. Por cierto, la actual consejera de Hacienda era diputada del PP en el Congreso en ese momento y votó a favor de esta.

Si PP y CC quieren cambiar la regla de gasto lo que deben hacer es presentar iniciativas legislativas en el Congreso a través de sus diputados para modificar la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria, que no lo harán. Y no confundir con falsedades más que evidentes.

Desde Nueva Canarias siempre nos hemos opuesto a la regla de gasto tal como está determinada en el citado artículo 12. Cuando se abrió la discusión sobre la modificación de esta Ley de Estabilidad, en noviembre de 2018, el entonces diputado de NC en el Congreso, Pedro Quevedo, propuso en la Cámara varias enmiendas para modificar dicho artículo y poder aplicar los recursos superiores a lo determinado por la regla de gasto a financiar los servicios públicos fundamentales de Canarias, enmiendas que fueron rechazadas. Como nos opusimos, anteriormente, a la modificación del artículo 135 de la Constitución, llevada a cabo en el verano del año 2011 con el acuerdo del PSOE y del PP; modificación que dio dando sustento a las políticas de austeridad y recortes que tantos estragos sociales han causado, que tanto daño han infligido a los servicios públicos durante la Gran Recesión.

Como se sabe, las estrictas reglas fiscales impuestas se desactivaron por la Unión Europea de forma provisional para poder dar respuesta desde las instituciones públicas a los devastadores efectos de la pandemia de la Covid 19. Así fue desde 2020 hasta el presente año. Pero la Comisión Europea anunció en marzo de 2023, en su documento de orientación de la política fiscal para 2024, que no se seguirá aplicando la 'cláusula de escape'. Y que se vuelve a la disciplina fiscal con el cumplimiento de la legislación existente en cada país, que incluye cumplir el objetivo de estabilidad, el de deuda pública y de la regla de gasto para el año 2024. El Gobierno canario ha presentado unos presupuestos para 2024 con pleno conocimiento y cumplimiento de estas reglas fiscales, incluido un incremento del llamado 'gasto computable' del 3% (recomendación de la AIREF), aunque con un evidente falseamiento 'político' del cálculo de la regla de gasto para presentar unos presupuestos con una imprudente expansión del gasto de 1.120,5 millones más que este año 2023, cuando no se aplicaban reglas fiscales.

Parece que, con algo de retraso, los representantes del PP y de CC en el Ejecutivo van descubriendo que la regla de gasto condiciona e impide la aplicación de estos 224,2 millones adicionales que nos aporta el SFA a gastos no financieros. Hasta hace unos días el vicepresidente del Gobierno y presidente del PP Manuel Domínguez afirmaba que con los recursos adicionales del SFA se iba a reducir el IGIC, como habían prometido. En la misma línea, el portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, calificaba al proyecto de presupuestos como 'de transición' y que en cuanto llegaran los nuevos recursos del SFA iban a hacer un crédito extraordinario con mejoras de la financiación de los servicios públicos como educación, servicios sociales u otras partidas de gasto que reconocía tenían créditos insuficientes. Promesas imposibles de cumplir, una vez más.

Contradictorio resulta, además, que la consejera de Hacienda del Ejecutivo CC-PP trate de boicotear la elaboración de los Presupuestos estatales para 2024, siguiendo las consignas de Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que Coalición Canaria tiene comprometido su apoyo a los mismos en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Contradicciones, promesas incumplibles y engaños que comienzan a ser señas de identidad de este gobierno conservador canario.