Primero Feijóo, después Clavijo y luego Canarias

En la primera fase de la legislatura, en septiembre del año 2023, ya quedó nítida la orientación de Coalición. Fue en el momento en que Alberto Núñez Feijóo se sometió a una investidura respaldada por los votos del PP, Vox, UPN y CC; una investidura afortunadamente fracasada. Ningún partido de la órbita nacionalista de las distintas nacionalidades, de derechas o de izquierdas, se mostró favorable a ofrecer su apoyo a la conformación de un Gobierno sustentado de manera imprescindible en la bancada de la extrema derecha. Sí lo hicieron los regionalistas de derechas de la Comunidad Foral de Navarra y de Canarias.

A CC tampoco le importa facilitar la participación en tareas de gobierno municipal de la ultraderecha xenófoba, racista, antifeminista, homófoba y enemiga del estado de las autonomías. Igual que hizo el PP en numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos, ofreciendo voz y cuotas de poder (incluyendo la Presidencia de algunos parlamentos) utilizadas por los de Abascal para extender su programa profundamente reaccionario respecto a las medidas sociales, la memoria histórica, la violencia de género o las políticas migratorias.

Esto último, las políticas migratorias también forman parte de las complicidades de CC con el PP. Canarias se ha caracterizado siempre por el elevado consenso respecto al fenómeno migratorio, tanto en el Pacto Canario por la Inmigración como en el seno del Parlamento y el resto de las instituciones y organizaciones sociales. Reclamando la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para garantizar la distribución obligatoria de los menores no acompañados que llegan a las islas, con el objetivo de que estos puedan ser atendidos con la máxima dignidad.

El bloqueo del PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados a final de julio de 2024 frustró esa posibilidad. Y desde entonces CC dedicó enormes esfuerzos a blanquear la responsabilidad de su socio de Gobierno, el PP, dirigiendo la mayor parte de su artillería contra el PSOE y jugando irresponsablemente con los menores como arma arrojadiza de la lucha política, muy al estilo de lo que hace la extrema derecha en todo el mundo. Lo propio está haciendo nuevamente el PP negando la posibilidad incluso del reparto puntual de 4.000 menores entre todas las comunidades autónomas.

A ello se suma el denominado 'protocolo de la vergüenza' sobre menores migrantes no acompañados. Establecido por el Gobierno de Canarias de las dos derechas y recurrido inmediatamente por la Fiscalía, que advertía que los menores «quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo», y suspendido pocos días después de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Finalmente, en la segunda semana del pasado mes de febrero conocíamos que el pleno del Tribunal Constitucional, de forma unánime, estimaba el recurso del Gobierno central y tumbaba el protocolo aprobado en septiembre del pasado año para regular la acogida de los jóvenes migrantes. Desde un primer momento, Nueva Canarias lo calificó «de una auténtica chapuza que debe tener responsabilidades políticas dentro del Ejecutivo canario. Un protocolo de la vergüenza que pone a los niños/as como escudo en la batalla política y que desvirtúa la imagen de Canarias». Por supuesto que nadie asumió responsabilidades por semejante desaguisado.

Un nuevo capítulo de las estrechas relaciones entre las derechas canarias y estatales lo hemos visto esta semana en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde el Ejecutivo central y las comunidades autónomas iban a debatir la condonación de la deuda a las comunidades por un global de 83.252 millones de euros. Y en la que, fieles al estilo bronquista de la legislatura, los consejeros y consejeras de Hacienda del PP protagonizaron una espantada.

Un plante muy acorde con sus estrategias de desgaste del Gobierno. En escasa sintonía con los intereses de las distintas nacionalidades y regiones y de sus habitantes. Ana Pontón, dirigente del BNG, en un artículo titulado '¿Rechazaría una condonación en su hipoteca?', señala que «está claro que habrá comunidades autónomas que acepten la supresión una vez reciba luz verde en el Congreso, también del Partido Popular» y que renunciar a esos miles de millones de euros en recortes de deuda «es traicionar los intereses del país».

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista hemos mostrado nuestra estupefacción por la actitud, a nuestro juicio inadmisible, de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, una de las que se fugó del pleno del CPFF. Actuando como integrante del PP a las órdenes de Feijóo y no como defensora de los intereses de Canarias, que es quien paga su sueldo y a quien debe servir.

Plantear que lo hizo a título «personal» y que su comportamiento es «anecdótico», como si no se debiera prioritariamente al Gobierno del que forma parte, resulta poco o nada creíble. Como tampoco cuela que se pretenda hacernos creer que el presidente Clavijo no estaba informado de lo que iba a suceder. La complicidad entre CC y PP es más que notoria.

Considero, por otra parte, que la propuesta de condonación de la deuda de las comunidades autónomas presentada por el Gobierno central es, sin duda, mejorable. Beneficia a todas las comunidades, aunque el mayor volumen corresponde a Andalucía, Cataluña, Comunidad de Valencia y Madrid. E incluye, era una de nuestras demandas, la deuda con los bancos, no solo la establecida con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico).

A propuesta de Nueva Canarias-Bloque Canarista el Parlamento de Canarias aprobó en febrero de 2024 una PNL en la que se solicitaba que la condonación de la deuda se hiciera por población ajustada. De forma que, con 1.980 euros por habitante, misma cantidad per cápita que Cataluña, nos corresponderían 4.385 millones de euros. Pero la propuesta del Gobierno central, sin ser ideal, es mucho mejor de lo que casi todo el mundo preveía, condonando más del 50% de la deuda de la Comunidad Canaria (un total de 3.259 millones), siendo la que más se beneficiaría porcentualmente; lo que coloca a Canarias en una posición muy positiva de cara al futuro.

Sorprende, por otra parte, que se desconozca qué planteamiento llevaba la consejera del Gobierno canario a esa reunión; y esperamos que, de llevarla, no fuera la disparatada propuesta que hizo en enero de 2024 a los grupos parlamentarios de 10.953 millones.

Y, en cualquier caso, no puedo compartir boicots interesados que obedecen a la estrategia del PP de confrontación permanente y de intento de que no se produzcan acuerdos en ningún ámbito, aunque con ello se perjudique a la situación financiera de los diferentes territorios y al bienestar de sus habitantes.

Ya lo hizo con la ley ómnibus sobre revalorización de las pensiones, descuentos en transporte de viajeros y otras medidas sociales, que inicialmente ayudó a tumbar y que más tarde terminó apoyando.

Ni tampoco comparto, en modo alguno, el continuado seguidismo de CC a la derecha española más crispada, menos dialogante y nada constructiva. No resulta de recibo que ante asuntos tan relevantes -investidura, trato a menores migrantes o condonación de la deuda- se pongan por delante las estrategias del PP, en segundo lugar se sitúen los beneficios de su socio CC y, finalmente, el interés general de Canarias quede siempre relegado a un tercer plano.