Menores inmigrantes: acuerdo pese al boicot de las derechas

No fue fácil. El proceso se prolongó durante más de año y medio por el bloqueo tan permanente como insolidario de la derecha y la ultraderecha. Pero, al fin, tras enormes esfuerzos y negociaciones, se consiguió concretar una medida demandada por la mayoría de los grupos políticos de nuestro Parlamento y por la sociedad canaria. Ahora, el real decreto ley tendrá que ser refrendado por el Congreso de los Diputados y aplicado en todos sus términos.

Es una lección de lo que nos espera como región frontera ante el continente africano. Visualizando las dificultades para que el resto del Estado comprenda nuestra situación y actúe de forma solidaria. Reflejando, también, las distintas reacciones que se producen en función del origen nacional y el color de la piel: el racismo y la xenofobia sobrevuelan sobre muchos de los discursos y prácticas.

NC-bc contribuyó modestamente a lo largo de todo el proceso, desde su firme compromiso con los derechos humanos y, en especial, los que afectan a los menores. Asimismo, desde su convicción de que resultaba inadmisible que intereses partidistas impidieran llegar a un acuerdo. Ya a principios de octubre de 2023 propusimos un gran acuerdo para una modificación legal que «obligue a distribuir los menores migrantes en todo el Estado», en función de las capacidades de cada comunidad y de su peso demográfico. Un pacto en el que entendíamos que tenían que participar organizaciones sociales, partidos e instituciones. Lo hacíamos conscientes del fracaso que había supuesto la acogida voluntaria y con el objetivo de garantizar un trato humanitario, justo y equitativo a los más de 3.000 menores que había entonces en Canarias.

De forma responsable, nos sumamos a la propuesta del Gobierno de Canarias para consensuar un pacto en materia migratoria, aceptando el global del documento presentado y planteando aportaciones desde NC-bc. Entre las admitidas, «iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las Comunidades a las que llegan». El pacto se ratificó a mediados de octubre por todos los grupos del Parlamento de Canarias, salvo la extrema derecha.

Posteriormente, en enero de 2024, nuestro portavoz parlamentario, Luis Campos, alertado por las posiciones xenófobas de algunos dirigentes del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; exigió al PP canario un compromiso «claro e inequívoco» para apoyar estos cambios normativos. También que intercediera ante los territorios gobernados por los populares y sus grupos en el Congreso de los Diputados y en el Senado para garantizar la aprobación de las leyes precisas.

Más tarde, el 15 de julio del pasado año PSOE, Sumar y CC registraron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que recogía esencialmente lo acordado previamente entre los gobiernos de Canarias y el estatal. Y que, por tanto, comprometía a sus integrantes, CC y PP en el caso del Ejecutivo canario, PSOE y Sumar, en el del Gobierno estatal. Contando en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PNV, ERC, Podemos, Bildu y BNG.

Pero se produjo, en primer lugar, el descuelgue del PP de la proposición de ley presentada en la Cámara Baja, asumiéndola tres de los cuatro partidos que tenían que hacerlo, PSOE, Sumar y CC. Lo que ya presagiaba el intento del PP estatal de incumplir lo que habían acordado en Canarias. Una modificación para obligar a que, cuando una comunidad supere el 150% de su capacidad de acogida de los menores migrantes no acompañados, se lleve a cabo una redistribución de carácter obligatorio. Estableciendo, asimismo, que los traslados se realizaran en un plazo de 15 días desde el registro del menor.

Apenas una semana después, el 23 de julio, se votó en el Congreso de los Diputados su toma en consideración. Pero, como nos temíamos, no prosperó por los votos negativos del PP, Junts y Vox. Por distintas razones, por distintos intereses. Que no eran, por supuesto, ni los de los menores ni los de Canarias. Coalición Canaria se encargó entonces de blanquear la grave irresponsabilidad del PP, su socio de Gobierno, responsabilizando al Gobierno español. El mundo al revés.

Ahora, tras un proceso de 17 meses, a lo largo del cual el PP siempre estuvo dispuesto a poner problemas y nunca soluciones, el Ejecutivo estatal acaba de aprobar el real decreto ley que pretende garantizar esa distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados. Para alcanzar ese objetivo procede a modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (ley de extranjería) en diversos aspectos.

Entre ellos, se destaca que la comunidad que triplique su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados se encuentra en situación de contingencia migratoria, lo que trasladará al Ejecutivo central para que éste ponga en marcha los mecanismos de reubicación. Unos mecanismos que habrán de activarse en el plazo de 15 días desde que se complete el registro del menor.

Se establecen, asimismo, criterios para la redistribución entre comunidades. Entre otros la población, la renta per cápita, la tasa de desempleo, el esfuerzo llevado a cabo hasta ahora por cada comunidad, el dimensionamiento del sistema de plazas o la condición de ciudad frontera o de insularidad. Criterios que pueden ser modificados, por unanimidad, en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, integrada por el Estado y las comunidades autónomas. Para financiar los traslados se establece un fondo dotado con 100 millones de euros.

Consideramos que se trata de un avance sustancial, pero sabemos, también, que su concreción no resultará, sin duda, sencilla. El siguiente paso es el debate y la ratificación del decreto en el Congreso de los Diputados. Todo indica que saldrá adelante con el apoyo del conjunto de las fuerzas de izquierda estatales y de los nacionalismos progresistas y conservadores. Que será frontal la oposición del PP -incluidos sus diputados y diputadas por Canarias-, socio de Clavijo en Canarias. También de Vox, la extrema derecha con la que CC ya comparte el gobierno de tres ayuntamientos de las Islas.

Además, comienzan a escucharse voces de dirigentes del PP que manifiestan no estar dispuestos a aplicar la nueva norma en sus respectivos territorios. Anunciando, incluso, recursos ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar su inmediata aplicación. Saltándose sus obligaciones y lo que determina la ley. Ahondando en un discurso que sólo alimenta la xenofobia y el racismo. Copiando los postulados de la ultraderecha. Perjudicando a los menores migrantes no acompañados y abandonando por completo a Canarias y sus necesidades ante un fenómeno migratorio cuyos efectos se continuarán notando en las próximas décadas.