Insolidaridad de las derechas con los menores y con Canarias

Es preciso conocer los antecedentes, el conjunto del proceso. En octubre del pasado año se aprobó el Pacto Canario por la Inmigración. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y la mayoría de los grupos parlamentarios, salvo la extrema derecha. En su redacción se incluyó una propuesta de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-Bc) que urgía a la modificación de la norma estatal para garantizar la distribución obligatoria entre las comunidades autónomas de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias. Para evitar la saturación de los centros de las Islas y garantizar una atención adecuada.

Hasta ahora existe una fórmula de derivación que queda a expensas de la voluntariedad de cada una de las comunidades autónomas. Una fórmula, hay que reconocerlo, completamente fracasada. Con un cumplimiento que apenas alcanzaba el 25% y que seguía dejando a Canarias en una situación límite. En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife el pasado 10 de julio, con participación de todas las comunidades, se insistió en la misma, planteándose la derivación voluntaria de solo 347 niños y adolescentes que venían de incumplimientos anteriores. Otro fracaso más.

En fechas más recientes, todos los grupos del Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, dieron su pleno respaldo al acuerdo alcanzado por los gobiernos español y canario para proceder a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y garantizar la distribución de los menores no acompañados que llegan a las islas. Además, esta medida cuenta con el apoyo de los cabildos insulares, los ayuntamientos y las entidades del tercer sector del Archipiélago.

NC-Bc siempre ha sido favorable a la acogida de los menores migrantes por las distintas comunidades, de manera reglada y obligatoria, teniendo en cuenta su peso económico y demográfico. También hemos defendido una distribución interna razonable entre todas las islas, para equilibrar la responsabilidad de la tutela entre todos los dispositivos de emergencia y los recursos que garantizan una adecuada atención humanitaria.

Para superar las circunstancias que vive Canarias respecto a la atención a los menores migrantes no acompañados (y que puede afectar en otros momentos a comunidades o ciudades autónomas frontera, casos de Andalucía o Melilla), PSOE, Sumar y CC registraron el 15 de julio en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que recogía esencialmente lo acordado entre los gobiernos de Canarias y estatal. Y que, por tanto, comprometía a sus integrantes, CC y PP en el caso del Ejecutivo canario, PSOE y Sumar, en el del Gobierno estatal. Contando en el Congreso con el apoyo de PNV, ERC, Podemos, Bildu y BNG.

La primera señal negativa fue el descuelgue el PP del proyecto de ley presentado en el Congreso, asumiéndolo tres de los cuatro partidos que tenían que hacerlo, PSOE, Sumar y CC. Lo que ya presagiaba el intento del PP estatal de incumplir lo que habían acordado en Canarias. Esta modificación obliga a que cuando una comunidad supere el 150% de su capacidad de acogida de los menores migrantes no acompañados, se lleve a cabo una redistribución, de carácter obligatorio, no voluntaria como hasta ahora, entre el resto de las nacionalidades y regiones. Estableciendo, asimismo, que los traslados puedan realizarse en un plazo de 15 días desde el registro del menor.

El pasado martes 23 de julio se votó en el Congreso de los Diputados su toma en consideración. Pero, como nos temíamos en Nueva Canarias-Bloque Canarista, esta no prosperó. Fue tumbada por los votos negativos del PP, Junts y Vox. Por distintas razones, por distintos intereses, por algunas insolidarias coincidencias. Sin pensar, en ningún caso, ni en los menores ni en Canarias.

Junts, por una singular mezcla; por un lado, su exigencia de cesión a la Generalitat de las competencias en inmigración, así como su rechazo a la distribución de los menores en Cataluña, y, por otro, un poco disimulado intento de los de Puigdemont de boicotear el posible acuerdo del PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa como president. Vox, plenamente consecuentes con su discurso partidista de odio, trufado de racismo y xenofobia; el que practican los ultras en todo el mundo.

Y el PP, profundizando irresponsablemente también en esa peligrosa línea en su competencia electoral con las extremas derechas; en lugar de combatirlas, las imitan. Con un verdadero papelón para las diputadas y diputados canarios del PP, incumpliendo con su voto con el Pacto Canario por la Inmigración, plegándose sumisamente a su dirección centralista y traicionando a Canarias al impedir la tramitación del proyecto.

CC y PP se comprometieron a convencer al PP español de la necesidad de sacar adelante el proyecto de ley de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y han fracasado. La petición previa a la votación de Coalición Canaria de retirar su proposición de ley, suscrita junto al PSOE y Sumar, estaba dirigida, no les quepa duda, a echar una mano al PP. CC intentó blanquear la traición a Canarias de un Partido Popular, con un discurso cada vez más derechizado en su intento de competir con la extrema derecha.

Desde Coalición Canaria propusieron la retirada de la proposición de forma claramente oportunista y sin contar con los otros proponentes de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, PSOE y Sumar. Con la clara intención de lavar la cara al PP y salvar el pacto de gobierno de las Islas. Olvidando que era solo la toma en consideración y que había margen, y tiempo, para negociar. Sin importarles ni las circunstancias que viven los menores ni los problemas reales de Canarias para garantizarles una digna atención, acorde con el respeto a los derechos humanos y, en particular, los que afectan a la infancia.

En la reunión urgente del Pacto por la Inmigración, celebrada este viernes, el PP no ofreció ningún tipo de explicaciones a su doble y antagónico posicionamiento en Canarias y en Madrid. Para Nueva Canarias lo ocurrido en el Congreso supone una grave vulneración de ese Pacto y dejamos bien claro que no aceptaremos ningún incumplimiento más. Es esencial que CC y PP convenzan a Feijóo para que rectifique y apoye el proyecto de ley. Y, más allá de su imprescindible aprobación, lograr, asimismo, que las comunidades autónomas colaboren de verdad en el acogimiento de los menores migrantes.

Fernando Clavijo (CC) y Manuel Domínguez (PP), y, por tanto, el Gobierno de Canarias, han fracasado rotundamente hasta ahora en su compromiso de convencer al PP estatal para avanzar en la solución de este importante asunto. Lo hacen sin sonrojarse, sin asumir responsabilidades, sacrificando las justas soluciones a la crisis humanitaria de Canarias y la protección de los derechos de los menores inmigrantes no acompañados. El Pacto Canario de Inmigración se tiene que dar una oportunidad y ello pasa por la rectificación del PP. De lo contrario se persistirá en la senda insostenible abierta por los conservadores: la de ser insolidarios con los menores y con Canarias.