Opinión

Las imprudencias se pagan

El grupo parlamentario de NC-bc lo había advertido en su momento con rigor, con argumentos y con datos. Señalando en el debate presupuestario que nos encontrábamos ante un crecimiento completamente artificial y temerario en las cuentas públicas canarias para 2024. Esta circunstancia, junto a los graves incumplimientos en educación (alejándose del 5% del PIB que obliga la Ley Canaria de 2014, en lugar de aproximarse al mismo), servicios sociales, empleo, cultura o lucha contra la violencia machista, así como la reducción del gasto en inversión del 17,3% del año 2023 al 10,5% y el exiguo apoyo a los sectores económicos, como el primario, nos llevó a presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2024.

Además, el grupo de NC-bc destacó que este mal planteamiento acabaría por comprometer gravemente los presupuestos autonómicos de 2025 y de los años siguientes, ante la dificultad de garantizar el mismo nivel de ingresos no financieros por la intensa caída que se producirá tanto en los recursos del sistema de financiación autonómica como en los fondos europeos y, asimismo, por la reducción del aporte del convenio de carreteras. No quisieron escucharnos.

En la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para el presente año, el Gobierno de las dos derechas, CC y PP, no quiso tener en cuenta el 3% de crecimiento del gasto computable recomendado por la Airef -posteriormente corregido a la baja, al 2,6%, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)-. Ya un primer informe de la Airef, de octubre de 2023, sobre las líneas fundamentales de los presupuestos, concluía que el incremento del gasto utilizado era del 6%. Pero aún peor, en un segundo Informe del pasado 11 de abril de este año, emitido sobre los presupuestos aprobados, y conocido ya el cierre presupuestario de la CAC del año 2023, la Airef eleva el aumento del gasto computable de las cuentas para 2024 al 8,5%.

Este flagrante incumplimiento de la regla de gasto coloca a Canarias como la segunda comunidad más incumplidora y resulta ser muy superior a la media del conjunto de las comunidades del Estado (5,7%) y tiene graves consecuencias. Este dato supone 5,9 puntos más que el incremento autorizado del 2,6%. Significa un exceso de gasto en torno a los 520 millones de euros, es decir casi la mitad de los 1.121 millones en los que se incrementó el Presupuesto para 2024 respecto al ejercicio anterior. Lo que llevará inevitablemente a efectuar recortes que afectarán a las cuentas públicas del presente año y, asimismo, de los siguientes de la legislatura. Por decirlo con las palabras de la Airef en las recomendaciones del citado informe de abril de este año: «más allá de las consecuencias legales que pudieran derivarse del incumplimiento formal del actual marco fiscal, un elevado crecimiento del gasto computable en 2024 implica un deterioro de las finanzas públicas a medio plazo». Por cometer en el primer Presupuesto una gravísima imprudencia, pese a estar perfectamente avisados, condicionan negativamente la sostenibilidad de las cuentas de la CAC hasta 2027.

Por lo pronto, el Plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la CAC para el período 2025-2027, aprobado en Consejo de Gobierno el 15 de abril, ya contiene un ajuste del gasto para este año 2024 que alcanza los 234 millones de euros. Es decir, la previsión de cierre que se hace del año en curso es inferior al gasto inicial, cosa que no ha sucedido nunca en la historia de la liquidación presupuestaria de la CAC. Por tanto, según reconoce el propio Gobierno no se podrán gastar los 1.121 millones de aumento previstos inicialmente.

En el citado documento, se prevé que en 2025 el presupuesto sólo crezca en 174 millones de euros respecto al inicial de 2024, es decir un 1,5%, que se 'comerá' íntegramente la inflación. En 2026, aumentará en 124 millones de euros y, en 2027, se dispondrá de solo 76 millones más (respecto al inicial de 2024) para acometer todos los gastos de la comunidad. Lo que anuncia vientos de recortes para lo que queda de legislatura.

Por otro lado, los datos del Ministerio de Hacienda muestran que la ejecución presupuestaria de 2023 en la Comunidad Canaria fue del 91,01% del crédito definitivo, por tanto, la peor de los últimos 10 años como muestra el cuadro.

El Gobierno de Clavijo dejó de gastar el pasado año la friolera de 1.089 millones de euros, la mayor cantidad no gastada de la historia de Canarias, una cantidad equivalente a la suma del presupuesto de Derechos Sociales, el Instituto Canario de la Vivienda y el Servicio Canario de Empleo (SCE) juntos. Pese a las reiteradas denuncias del presidente Clavijo y el vicepresidente Domínguez de los «agujeros» que les había dejado el anterior Gobierno en sanidad y en economía, no solo se han cubierto con normalidad, sino que han dejado de gastar 1.089 millones.

Pero es que, además, otros 400 millones se difirieron a organismos y empresas públicas del propio Gobierno (Promotur, Gesplan, ITC, etc.) y a Corporaciones Locales (una gran cantidad a las de la isla de La Palma) en el mes de diciembre.

Sólo este mes de diciembre se 'gastó' el 22,5% del presupuesto, 2.485 millones de euros, todo un récord, para 'aparentar' una mejor ejecución e intentar 'cumplir» con las previsiones del Ejecutivo, cuando estos dineros no han salido del perímetro de las administraciones públicas, y por tanto no han servido para mejorar los servicios públicos, ni llegado a la ciudadanía ni las empresas. Este dinero está en las cuentas corrientes de esas empresas públicas y realmente será gastado por estas entidades en los próximos ejercicios económicos. Por lo que podemos decir que se eleva a 1.500 millones de euros la cantidad presupuestada y no gastada en 2023.

Teniendo esta alta inejecución no han dudado en abonar 13 mensualidades de gasto farmacéutico, adelantando el pago de 60 millones de euros de la factura del mes de diciembre. Al tiempo que negaron 12 millones para una ayuda extraordinaria a las 42.000 personas que cobran unas exiguas pensiones no contributivas, ayuda que concedía el anterior gobierno de progreso para compensar el efecto de la alta inflación sobre sus bajos ingresos. Confirmando su escasa sensibilidad social.

En definitiva, estamos ante un Gobierno conservador con baja ejecución presupuestaria, al que le sobra el dinero pese a las necesidades de las Islas en los más diversos órdenes, y que lleva a cabo un incumplimiento grave de la regla de gasto en los presupuestos para 2024 que lastrará las cuentas públicas canarias a lo largo del periodo 2024-2027. Sus imprudencias y sus errores las pagaremos todos los canarios y canarias.