Un Gobierno dedicado solo a contar turistas

No nos sorprende. Es la tercera ocasión en que plantemos en el Parlamento de Canarias propuestas sobre este asunto. E igual que ocurrió en las dos ocasiones anteriores -en marzo de 2015 y en enero de 2019-, nuestras proposiciones no pudieron ser tramitadas por la negativa de los grupos que sustentaban a los gobiernos del momento a su toma en consideración.

Frente a las disfunciones que presenta el modelo turístico canario y la protesta ciudadana solicitando modificaciones en el mismo para hacerlo más sostenible medioambiental, económica y socialmente, el Ejecutivo canario de las dos derechas muestra un absoluto inmovilismo. No quiere cambiar nada ni estudiar o debatir, siquiera, alternativa correctora alguna. Ni moratorias turísticas, ni ecotasa, ni mejora de las condiciones laborales y salariales en el sector. Solo se limita a contar turistas.

Nuestra proposición de ley para la creación del impuesto a las estancias turísticas en Canarias tiene un carácter finalista. En la misma se recoge la creación de un fondo para fomentar el turismo sostenible y la mejora del medio ambiente. Destinado a mejorar las infraestructuras públicas en las zonas turísticas, así como a acciones encaminadas a la descarbonización, la digitalización del sector y la protección y preservación de los espacios naturales. Igualmente se dirige a la reforestación, el fomento del consumo de productos agropecuarios y marinos locales, la rehabilitación del patrimonio histórico y cultural y el impulso a la investigación científica e innovación tecnológica.

El impuesto turístico recaudaría en 2025 unos 250 millones de euros, que permitiría superar la regla de gasto y tener más recursos en los Presupuestos del próximo año. Sería un tributo que grava a las estancias en establecimientos turísticos alojativos (incluyendo las viviendas vacacionales) y en los cruceros que pernocten en Canarias; oscilando la tarifa a abonar entre los 4 euros por noche de los hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo a los 2 euros de hoteles y casa rurales. Quedando exentos de esta los residentes canarios y, entre otros colectivos de visitantes, los menores de 16 años, las estancias subvencionadas por programas sociales o para participar en competiciones deportivas juveniles e infantiles, así como en congresos en eventos científicos de nuestras universidades públicas.

Con este impuesto a las pernoctaciones turísticas se persigue contribuir a hacer de Canarias un destino más competitivo y más sostenible, desde el convencimiento de que el turismo seguirá siendo eje de nuestra economía y nuestro empleo. Pero conscientes de que debe transformarse para ser sostenible no solo en el ámbito económico, sino también en el ambiental y social.

Hay que recordar que impuestos similares funcionan en numerosos destinos turísticos. En Europa se aplica ya en más de 135 ciudades, entre ellas Ámsterdam, Lisboa, Roma, París o Berlín. Existe también en el Caribe, así como en Marruecos y Cabo Verde. En el caso del Estado español, en Cataluña -aprobada por un Gobierno de CiU en el año 2012, gracias a la abstención del PP en el Parlament-; y Baleares, impulsada por un Ejecutivo del PSOE en 2016, pero que el PP mantuvo al llegar al gobierno balear tras las elecciones de mayo de 2023.

Todo ello sucede en un año, este 2024, de enorme crecimiento en número de visitantes. Y, también, de significativo aumento en los ingresos turísticos y de notable elevación del precio de las estancias en hoteles, aunque todo ello repercuta muy poco en los salarios del sector turístico. Desde Excelcan, asociación vinculada al empresariado del sector, se destaca que Canarias se prepara para cerrar 2024 con casi 18 millones de visitantes y un gasto turístico cercano a 22.000 millones de euros; y, además, se apunta la necesidad de 70.000 trabajadores más para el desarrollo de la actividad, que supondrán más población y más impacto en los servicios públicos, en la movilidad o en el acceso a la vivienda, completando un círculo absolutamente insostenible.

Entre las razones del Gobierno para impedir que se tramite nuestra proposición de ley se encuentra su consideración el que se pretenda que el impuesto turístico no afecte a los residentes canarios, lo que entiende que vulnera la legalidad vigente. Se erigen así en Tribunal Constitucional los mismos que plantearon en campaña electoral establecer una tasa a las personas que vengan a vivir a Canarias o que defienden (en eso coincidimos) limitar la venta de viviendas a extranjeros no arraigados en las Islas.

Se trata de un pretexto más del Gobierno de Canarias. En NC-bc tenemos claro que hay fórmulas para evitar que la medida afecte a quienes viven en las Islas. Y recordamos, al respecto, que la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció recientemente su propósito de establecer una deducción fiscal para devolver el coste de la tasa turística a los residentes en Baleares.

Por cierto, en la misma comparecencia el Gobierno del PP de Baleares anunció en su Parlamento que no solo mantendrá la tasa turística heredada de los socialistas, sino que propondrá a la Mesa por el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares su incremento en la temporada alta y su reducción en la baja.

En Nueva Canarias-Bloque Canarista somos conscientes de que para alcanzar un turismo sostenible económica, medioambiental y socialmente se precisa la adopción de un conjunto de medidas desde el máximo nivel de acuerdo político y social. Implantar una ecotasa es una de las decisiones que proponemos para mejorar el destino. Planteamos, además, una moratoria insularizada -incluyendo la desclasificación de camas que se encuentran aprobadas y no hayan cumplido sus deberes urbanísticos-, la moratoria del alquiler vacacional y su regulación diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, la rehabilitación de las ciudades turísticas y la modernización y renovación de la planta alojativa, la mayor formación de sus trabajadores y trabajadoras y la imprescindible mejora de sus condiciones laborales y salariales.

Sin embargo, la actuación del Gobierno de las dos derechas apunta justo en la dirección contraria. A la de favorecer un crecimiento sin límites del número de turistas. Incrementando, por tanto, sus negativas consecuencias directas, medioambientales o territoriales; así como el crecimiento poblacional y a sus efectos sobre los servicios públicos, los problemas habitacionales o la movilidad.

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Mientras que en otros lugares se reflexiona y se comienza a actuar para que el turismo sea más sostenible y apreciado por las poblaciones locales, aquí se persiste en un modelo de seguir contando turistas, que agravará sus disfunciones a corto, medio y largo plazo. Un modelo que dificulta el acceso a la vivienda y que se muestra incapaz de superar la elevada pobreza y los bajos salarios. Y que, asimismo, puede ir acrecentando en amplios sectores de la población residente la percepción de que son mucho más sus perjuicios que sus beneficios y, por tanto, alimentar sustancialmente la turismofobia.