El Gobierno canario más derechizado, desarrollista y mal gestor

Con un presidente del Gobierno que no dudó en manipular cifras para presentar una situación idealizada que nada tiene que ver con la realidad de esta tierra, como hizo en el caso de la dependencia. Faltando a la verdad en asuntos como la moratoria turística de 2001 que en ningún momento ha sido cuestionada por sentencia alguna y que no ha supuesto ningún costo indemnizatorio para la Hacienda canaria. Y manipulando, igualmente, el mandato de la Ley Canaria de Educación sobre inversión educativa, el 5% del PIB, confirmando que no tiene intención alguna de cumplir con lo estipulado en dicha Ley.

Derechización

En los últimos años se ha ido acentuando la deriva conservadora del principal partido del Gobierno, Coalición Canaria. Se mostró en el arranque de la legislatura estatal cuando apoyó la investidura de Feijóo, que solo contó con los votos favorables del PP, Vox, CC y UPN. Ningún partido progresista ni ninguna formación nacionalista, de derechas o izquierdas, estuvo dispuesto a sustentar un Gobierno central con el apoyo de la extrema derecha. En el ámbito local, CC ya ha establecido gobiernos con presencia de la ultraderecha en municipios canarios (primero en Teguise y en Arona, y próximamente en Granadilla), lo mismo que el PP puso en práctica en numerosos ayuntamientos de distintas comunidades. Cada vez cuesta más diferenciarlos.

Igual sucede con el blanqueo de CC a las políticas migratorias del PP que han supuesto, entre otras cosas, el bloqueo a una solución justa a la distribución de menores migrantes no acompañados entre las nacionalidades y regiones, mediante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Perjudicando a Canarias, dificultando una más adecuada atención de esos menores. Poniendo por delante insolidarios intereses partidistas y la voluntad expresa de convertir la política en el espacio de la bronca permanente y de los acuerdos ausentes.

Recientemente, la historia se repitió en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada a finales del pasado mes de febrero, en la que se abordaba la condonación de deuda a las comunidades autónomas. La consejera de Hacienda de Canarias se ausentó del encuentro junto a los responsables del área de las comunidades gobernadas por el PP, obedeciendo las consignas de su partido. Su actuación, ajena por completo a la defensa de los intereses de Canarias, no mereció siquiera tarjeta amarilla por parte del presidente del Gobierno canario, confirmando, por si todavía quedaba alguna duda, que CC forma parte del bloque conservador estatal junto a las derechas estatalistas y el otro regionalismo con presencia en las Cortes, el navarro.

El conservadurismo impregna todas las políticas del Gobierno de Canarias. Evidente en las políticas fiscales. La primera medida del Gobierno de Clavijo, con carácter de urgencia, fue eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones para favorecer al 0,3% de los canarios y los canarias. Al tiempo que se cargaba otras decisiones de carácter progresista, como la bonificación en el IRPF por el alza de los precios o la correspondiente al combustible para transportistas y para el sector primario.

Decisiones muy graves en una sociedad con elevados niveles de pobreza, con arraigada desigualdad y líder, además, en pérdida de poder adquisitivo de sus salarios en los últimos dos años: 209 euros de reducción media al año. Mientras que, en el conjunto del Estado, al contrario, se ganaban 578 euros de poder adquisitivo y en la otra gran comunidad turística, Baleares, el balance era positivo para la capacidad de compra de sus trabajadores y trabajadoras en más de 1.351 euros. Respecto a las mejoras salariales, Clavijo se limita a apuntarse a los discursos empresariales que la vinculan a la productividad, un pretexto para no repartir los elevados beneficios que se están produciendo.

Mala gestión de servicios públicos

Además, nos encontramos ante una mala gestión de sus competencias por parte del Gobierno de Canarias. Así ocurre en el sistema educativo, incumpliendo con la ley que obliga alcanzar una inversión del 5% del PIB canario, faltando el presidente Clavijo a la verdad sobre el contenido y obligaciones de la Ley Canaria de Educación que, textualmente, señala: «El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto».

Con consecuencias en la insuficiencia financiera para abordar la FP dual, la extensión de la educación 0-3 años o la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Castigando presupuestariamente, asimismo, a nuestras universidades públicas y allanando el camino al crecimiento de las privadas.

Con una sanidad mal gestionada y peor dirigida pese a un importante aumento presupuestario. O una atención a la dependencia que nos sitúa a la cola de las nacionalidades y regiones. Y, tras casi dos años de Gobierno, sin actuaciones reseñables y de impacto real en la vivienda, uno de los asuntos más preocupantes; y en el que solo se han adoptado medidas para favorecer los negocios de unos pocos y la especulación, como sucede con la opción de usar la RIC para la adquisición de vivienda privada destinada al alquiler sin límite de renta, que desde NC-bc rechazamos.

Modelo desarrolista

El asunto, grave, del acceso a la vivienda, se encuentra muy vinculado al modelo de desarrollo. Que ha supuesto un incremento de cerca de 600.000 habitantes en lo que va de siglo, la mayoría procedentes del Estado español y de la Unión Europea, atraídos por las posibilidades de trabajo en la construcción o en el sector servicios. Que precisan de viviendas donde residir y, también, suponen más presión sobre los servicios públicos; y que, junto con los 18 millones de visitantes, impactan asimismo sobre el consumo de electricidad y agua, el tratamiento de residuos o la constante saturación de nuestras carreteras.

El Gobierno se limita a contar turistas. A mal afrontar la situación del alquiler vacacional sin incidir en su efecto en las urbes y sin impedir el creciente papel de los grandes tenedores que cuentan con edificios enteros dedicados a esta actividad, y se disparan las inscripciones por no haber hecho una moratoria mientras se elaboraba su Ley. A rechazar la tasa a las estancias turísticas cuando en Cataluña o Baleares sus ejecutivos la mantienen o incrementan. A impedir la posibilidad de una moratoria territorializada al crecimiento de camas turísticas; todo lo contrario: impulsa nuevos proyectos que suponen decenas de miles de nuevas camas y se ocupa más territorio.

En definitiva, el Debate del Estado de la Nacionalidad confirmó la orientación conservadora de un Gobierno que ni atiende, ni financia ni gestiona adecuadamente los servicios públicos; que dulcifica la situación de una comunidad con los peores salarios y que es, asimismo, en la que más han perdido estos poder adquisitivo, empobreciendo aún más a sus trabajadores y trabajadoras; que no tiene el menor interés en modular el crecimiento poblacional y sus consecuencias en el acceso a la vivienda y en los servicios públicos, así como en los atascos o el medio ambiente; que, alejado de cualquier voluntad transformadora, pretende sólo mantener lo que hay, aunque ello suponga seguir dejando situada a esta tierra en la cola de todo lo bueno y en la cabeza de todo lo malo, sin proyecto de futuro ni perspectiva alguna de superar nuestros numerosos déficits. Todo eso lo puso de manifiesto en su intervención el portavoz de nuestro grupo parlamentario, Luis Campos, así como las 46 propuestas de resolución que presentamos.

Frente a esta negativa realidad, nuestro compromiso es seguir haciendo una oposición alternativa y rigurosa, y continuar trabajando para construir un espacio de cambio político para transformar Canarias.