Un fracaso anunciado

Hay que reconocer que la Conferencia de Presidentes funcionó de manera más que adecuada, aunque con algunas disfunciones menores, en las difíciles circunstancias de la pandemia de la Covid 19. Entonces, de manera presencial, pero sobre todo a través de videoconferencias, se celebraron casi una veintena de encuentros a lo largo del año 2020; y hubo una más que aceptable cooperación y elevados niveles de acuerdo para afrontar aquella grave crisis sanitaria, pero también económica. Se trató, ese buen funcionamiento, de una excepción a la habitual regla.

La última Conferencia, la que se desarrolló el pasado viernes 13 de diciembre en Santander, solo puede ser calificada como un enorme fracaso. O, si lo prefieren, de un fracaso más que anunciado. Pese a la importancia de los temas debatidos en la misma -financiación autonómica, crisis de la vivienda o distribución de los menores migrantes no acompañados- los avances fueron finalmente mínimos y los desencuentros, en cambio, elevados, en plena sintonía con la situación de permanente confrontación que vive la política estatal en los últimos años.

El único resultado realmente positivo de la Conferencia llevada a cabo en Cantabria fue la reprogramación de los fondos europeos, los fondos Feder y el Fondo Social Europeo Plus para facilitar la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la brutal destrucción causada por la dana del pasado 29 de octubre. En el resto de los asuntos no se aprecian avances.

El fracaso es más que perceptible respecto a la situación de los menores migrantes, asunto en el que Canarias se encuentra muy implicada al ser la comunidad a la que llegan en su inmensa mayoría. Un asunto en el que, de forma reiterada, se ha venido defendiendo por el Parlamento y la sociedad canaria la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería (ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). Con el objetivo de facilitar una mejor atención a estos menores mediante su distribución obligatoria por el conjunto de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta factores de población o de riqueza.

Este tema quedó bloqueado el pasado mes de julio en el Congreso por la extrema derecha, coherente con su discurso racista y xenófobo, y el PP y Junts, por distintas motivaciones e intereses políticos, pero con la compartida insolidaridad, con los menores y con Canarias, impidiendo que prosperara el proyecto de ley. Mientras CC trataba de lavar la cara a su socio, el PP, y salvar el Ejecutivo canario. Lo sigue haciendo en estos momentos. No hablamos de un tema menor, sino de una autentica emergencia humanitaria ante las que las derechas vienen actuando de manera irresponsable. El único camino para una gestión solidaria con Canarias es el cambio de la ley y, por supuesto, la colaboración efectiva de las comunidades autónomas.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) ya expresó su opinión en torno a la propuesta del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del lehendakari vasco, Imanol Padrales, respecto a un reparto coyuntural de los menores migrantes. Entendemos que se trata de un parche que dudamos mucho que se pueda cumplir satisfactoriamente, más aún observando los acontecimientos de los últimos meses, desde el referido bloqueo en el Congreso del mes de julio al más reciente boicot de los populares en la reunión con el Ejecutivo estatal y los presidentes de Canarias y Ceuta.

En vivienda, uno de los temas que suscita mayor preocupación ciudadana, el presidente del Gobierno central insistió en que se trata de un derecho constitucional que hay que cumplir; Sánchez planteó un acuerdo para impulsar un parque público de vivienda que supere el importante retraso del Estado español en este ámbito respecto a otros estados europeos y que permita alcanzar un 20% de vivienda pública. Hoy solo tiene un 2,5% de vivienda pública, muy alejado de los datos de Finlandia (13%), Francia (16,8%), Suecia (19%) o Dinamarca, que supera el 20%. La media de la UE está en torno al 10%.

Para su implementación se precisa la colaboración de los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Cumpliendo, en primer lugar, con la actual Ley de Vivienda. Lo que no está sucediendo. Solo Cataluña la aplica, estableciendo topes al alquiler en zonas declaradas como tensionadas. Además, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acaba de anunciar que a partir del próximo año 2025 sancionará a quienes incumplan esos topes fijados, medida que pretende ayudar en la lucha contra la especulación.

En la Conferencia tampoco se produjeron avances respecto a la financiación autonómica de las comunidades de régimen común, cuyo actual modelo, el aprobado en 2009, está pendiente de renovación desde 2014. El Ejecutivo estatal, sin mayores concreciones, se comprometió a incrementar la actual financiación de las comunidades y defendió un nuevo modelo construido desde el consenso y una negociación bilateral y multilateral, algo muy difícil de alcanzar por la disparidad de intereses y, además, por la política del PP de tratar de impedir cualquier acuerdo con el Gobierno de Sánchez.

Respecto a la anunciada condonación de la deuda de las comunidades, inicialmente pactada con ERC para Cataluña, pero que se extiende a todas las nacionalidades y regiones, su debate se traslada a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) que se celebrará a principios del próximo año. Reclamamos que esta quita afecte a todas las comunidades y al global de la deuda y señalamos que, aplicando el mismo criterio del 20%, como a Cataluña, representa una reducción de 1.980 euros/habitante. A Canarias, con algo más de 2,24 millones de habitantes en 2021, le correspondería una quita de 4.385 millones, como reclamamos desde NC-bc, como concluyó el estudio realizado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y como aprobó el Parlamento de Canarias en el mes de febrero a propuesta de nuestro grupo parlamentario.

En definitiva, el conflictuado clima político hacía muy difícil que la reciente Conferencia de Presidentes pudiera saldarse con un balance positivo, circunstancia ciertamente lamentable. La actual y muy forzada crispación constituye una mala praxis política que aplaza la solución de problemas perfectamente abordables. Así solo se contribuye a una mayor desafección de la ciudadanía con la política y las instituciones, al cuestionamiento y degradación de la democracia; y a facilitar, paralelamente, en medio del ruido, los bulos y el fango, el avance de las posiciones del populismo más reaccionario y autoritario.