Extrema derecha, también privatizando todo

Los heterogéneos partidos de ese espacio avanzaron en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, siendo los más votados en Francia, Italia, Austria, Hungría y Bélgica. Aglutinando 200 de los 720 escaños de la eurocámara tras obtener casi el 25% de los votos. A principios de este siglo XXI la derecha extrema representaba apenas el 10% del electorado comunitario. Patriotas por Europa (86), que integran las formaciones que dirigen Orbán, Abascal, Salvini o Le Pen, es ahora la tercera fuerza en la Eurocámara. Supera en pocos escaños a otro grupo ultra, el de los Conservadores y Reformistas Europeos (78), donde se encuentran los Hermanos de Italia de Meloni junto a Ley y Justicia (Polonia), Partido de los Finlandeses o Demócratas de Suecia.

Y aunque finalmente la nueva Comisión Europea, presidida nuevamente por la democristiana alemana Ursula von der Leyen, nació de un pacto establecido entre conservadores, socialistas y liberales, Meloni logró situar en la vicepresidencia de Cohesión y Reformas a un miembro de su partido, Hermanos de Italia.

En Francia estuvieron más cerca que nunca de ganar una legislativas, quedando líderes en la primera vuelta. En la segunda lo impidió la creación del Nuevo Frente Popular, aglutinador de la izquierda, y su alianza con el partido de Macron; aunque la situación institucional es muy inestable tras el fracaso de Barnier, primer ministro que apena duró tres meses, y su sustitución por otro conservador, Bayrou. En el Estado español tampoco fraguó un Gobierno con su participación tras las elecciones de julio de 2023. Socialistas, formaciones a su izquierda y grupos nacionalistas evitaron que Feijóo alcanzara la Presidencia con el apoyo del PP, Vox y los regionalistas CC y UPN. Solo cuatro escaños nos separaron de un Ejecutivo reaccionario y centralista.

Considero que la Unión Europea se encuentra en grave riesgo por el fuerte ascenso de la extrema derecha en las últimas décadas y su presencia en los gobiernos de distintos estados. Por su negativa influencia en las políticas sociales, en las migratorias o en los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Por su generalizado negacionismo climático. Por su euroescepticismo, cuando no el abierto antieuropeísmo de algunas de sus formaciones. Por sus concepciones autoritarias que abren puertas a una democracia de muy baja intensidad.

El fortalecimiento de los valores democráticos y de las libertades frente a las amenazas de la extrema derecha debe ser uno de los objetivos de los sectores progresistas. No se puede dar ni un paso atrás en los avances en igualdad entre mujeres y hombres, tan duramente conquistados. No se puede ofrecer ni una concesión a los discursos y prácticas racistas, xenófobas, homófobas, de odio.

Una batalla política y cultural que también atañe a la Crisis Climática, la que el negacionismo ultra banaliza poniendo aún más en riesgo a un planeta que se la juega, retirando recursos a las renovables y potenciando los combustibles fósiles, negándose a cumplir con la agenda verde. No es casual que seis de los bancos más potentes de Estados Unidos hayan decidido abandonar la Alianza Bancaria por el Cero Neto la mayor coalición climática del sector bancario para reducir las emisiones de carbono, convocada en abril de 2021 por Naciones Unidas.

Ahora bien, el campo de batalla es mucho más amplio. La tradicional pugna entre izquierda y derecha, entre socialistas y conservadores parece estar dejando paso a otra, entre defensores del estado y partidarios del liberalismo más desenfrenado. El modelo democrático resultante del pacto entre democratacristianos y socialdemócratas tras la IIª Guerra Mundial, corre riesgo de ser volatilizado. Y no precisamente para sustituirlo por algo mejor, más participativo, más social, más humano. La agenda de la extrema derecha tiene también un contenido profundamente económico y está claramente inclinada hacia la disminución del papel del estado y la entrega absoluta a los valores e intereses de los mercados.

Esto tiene consecuencias en los servicios públicos. Un buen ejemplo es el intento de descapitalizar a la sanidad pública para disminuir su prestigio y potenciar exclusivamente la atención privada para quien pueda pagársela. Haciendo lo propio respecto a las universidades públicas, con la Comunidad de Madrid como paradigma, pero con actuaciones similares en otras nacionalidades y regiones; en muchas ocasiones imitadas por las derechas tradicionales que están copiando todos sus valores y prácticas. Esto sucede también en Canarias, en la que se incumplen los deberes de financiación que señalan las leyes educativas en vigor y se maltrata a las universidades públicas, facilitando la proliferación de los centros superiores privados.

Asimismo, cuestionan la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, que mueven 190.000 millones en el Estado español. Si logran poder, intentarán reducir la cuantía de las pensiones y avanzar en su privatización; lo ven solo como un gran negocio que pretenden controlar. Ya están desarrollando una agresiva campaña contra las pensiones en las redes sociales en la que participan activamente youtubers reaccionarios. Con recortes que también afectarán a las prestaciones por desempleo, a las rentas básicas de ciudadanía y al conjunto de las políticas sociales. Intentando, en definitiva, destruir por completo el estado social y de derecho. E instaurar la ley de la selva.

Lo hacen favorecidos por su estrecha alianza con poderosos sectores económicos y tecnológicos, como vemos con los casos de Elon Musk y Mark Zuckerberg, dueños, respectivamente, de X y de Meta, firmes aliados del trumpismo, y que se encuentran encantados de que los bulos circulen abiertamente en las redes para beneficio de la ultraderecha y de sus particulares y multimillonarios intereses económicos. No dudando en que se facilite atacar con falsedades a medios de comunicación, partidos e instituciones, así como a las ONGs, desprestigiando a la democracia en favor de demagógicos salvapatrias. Influyendo en los resultados de las elecciones de Estados Unidos, lo que ahora quieren repetir con el apoyo descarado de Musk a la ultraderechista Alternativa por Alemania (AdF) de cara a los comicios federales del próximo mes de febrero.

La derechización es un hecho en la Unión Europea. La presión de la extrema derecha hace que se adopten medidas en inmigración que copian las de los ultras. Lo que sucede también en las políticas sociales o en la agenda verde. Las izquierdas y el conjunto de los demócratas no pueden limitarse a tratar de establecer cordones sanitarios a la ultraderecha. Deberían plantearse, en primer término, qué razones llevan al aumento del voto popular a la extrema derecha. Así como reflexionar si los programas y actuaciones de los partidos progresistas responden o no a las necesidades prioritarias de las mayorías sociales en empleo, vivienda, servicios públicos, seguridad o políticas de cuidados.

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Desde las formaciones de la plural izquierda y del conjunto de los partidos democráticos hay que defender consecuentemente el trascendental papel del estado como garantía para una mayor calidad de vida. Con mejor y más sanidad, educación, protección social y seguridad ante los desastres naturales que se verán incrementados por la Crisis Climática. Tomando desde los gobiernos decisiones valientes que favorezcan las condiciones de vida de la gente en su empleo, en su tiempo de ocio o en su facilidad para acceder a una vivienda. Así lo planteamos desde el canarismo progresista, fuertemente comprometido con la equidad social, la sostenibilidad, los derechos humanos y la democracia.