Una economía en alza en medio de la rispación y los bulos

En primer lugar, y aunque en los últimos años se están logrando avances en la diversificación económica -en sectores como la información y las comunicaciones, las actividades profesionales o la industria manufacturera, como señala un reciente informe de Caixabank- el conjunto del Estado continúa teniendo una importante dependencia del sector turístico, mucho más, por supuesto, en el caso concreto de comunidades como Baleares o Canarias. Un sector que suele estar acompañado de salarios bajos, alta movilidad y precariedad en el empleo, además de ejercer una presión territorial y demográfica con consecuencias en los servicios públicos, en la movilidad, en el consumo energético y de agua o en la vivienda.

Esto último, la vivienda, es uno de los elementos sociales más críticos en estos momentos. Nos encontramos en una situación en la que los elevados alquileres merman gravemente las economías familiares, empobreciendo a mucha gente. No es de recibo el grave déficit que se padece en vivienda pública y su superación debe ser prioritaria en los próximos años. Construyendo nuevas viviendas, así como con la adopción de medidas para estimular que se pongan en el mercado un porcentaje significativo de los tres millones de casas vacías en el Estado, más de 200.000 en el caso de Canarias.

El Gobierno central presentó recientemente un conjunto de actuaciones en este ámbito, entre las que se incluyen exenciones en el IRPF para propietarios que alquilen según el índice estatal de precios; programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas a alquiler asequible; o la construcción industrializada de viviendas, lo que permite reducir tiempos y costes, además de mejoras medioambientales. Así como la incorporación de 30.000 viviendas de la Sareb (el banco malo) en este primer trimestre del año. Coinciden en buena medida con nuestras propuestas, en aspectos, entre otros, como el alquiler seguro, sobre el que Nueva Canarias-Bloque Canarista presentó un programa en el Parlamento canario que fue rechazado por CC y PP.

En el Estado español gobierna desde noviembre de 2023 una coalición entre el PSOE y Sumar, que fue posible gracias al voto favorable a la investidura de Sánchez del conjunto de las fuerzas de izquierda y de los nacionalismos catalán y vasco. En buena medida como rechazo a la posibilidad a su alternativa, es decir, a un Ejecutivo del PP sustentado en el apoyo de la extrema derecha junto a pequeñas formaciones regionalistas (UPN y CC); y sus graves consecuencias para las políticas sociales, para las libertades y, también, para el estado descentralizado y el normal funcionamiento de las nacionalidades y regiones.

El Gobierno mantiene unos apoyos parlamentarios inestables, algo que sucede en otros estados democráticos, como hemos visto en Alemania y, especialmente, en Francia. En el caso del Ejecutivo de Sánchez, se ve obligado a negociar permanentemente los votos necesarios para que se aprueben sus propuestas; y, en ocasiones, sufre derrotas como la de diciembre del famoso decreto ómnibus que contenía numerosas medidas sociales, entre ellas la revalorización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la gratuidad del transporte terrestre de pasajeros o las ayudas a los afectados por la DANA y la prórroga de las correspondientes a La Palma.

Pero, en el conjunto de la legislatura, ha sido capaz de sacar adelante la mayoría de sus leyes, entre ellas la de amnistía y la de representación paritaria y equilibrada de mujeres y hombres. Ahora, tiene el reto de conseguir apoyos suficientes para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, objetivo que no parece nada sencillo. Pero aún resulta más complicado lograr un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, mediatizado por los acuerdos con Cataluña y, asimismo, por la oposición frontal, nada constructiva, que viene ejerciendo el PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades, en todos los asuntos.

Además, el próximo 26 de febrero el Consejo de Política Fiscal y Financiera abordará la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Venimos defendiendo que incluya tanto deuda con el Fondo de Liquidación Autonómico (FLA) como con los bancos y que se sigan criterios per cápita. Las primeras informaciones apuntan a que se aplicará solo respecto al FLA, perjudicando gravemente a algunas comunidades, entre ellas Canarias, que podrá perder unos 3.000 millones de euros de los 4.385 que le corresponderían.

Cuesta entender que, con unos parámetros económicos y sociales no exentos de problemas, pero globalmente positivos, se produzca el elevado grado de crispación política que observamos cotidianamente en los medios de comunicación. Y que tiene mucho que ver con la actuación que las extremas derechas despliegan en todo el mundo. Y que buscan, con apoyos económicos millonarios que colaboran en su influencia en los medios y en las redes sociales, deslegitimar a los partidos, a la política y al conjunto de las instituciones, presentándose luego como salvadores que aplicarán medidas radicales que suelen pasar por la progresiva destrucción del estado social y de derecho y por un recorte de las libertades y derechos de la ciudadanía.

Ese millonario dopaje explica, en parte, el crecimiento de la extrema derecha en los sondeos electorales. Pero sobre todo los vientos favorables que supone el triunfo de Donald Trump y la capacidad de los ultras para extender bulos, especialmente sobre inmigración, criminalizando a las personas migrantes, aunque sea con videos falsos o cifras irreales. Lo hemos visto recientemente en la Comunidad de Valencia, donde además se inventaron cientos de muertes ocultas y no dudaron en atacar a oenegés como Cruz Roja, mintiendo sobre su despliegue ante la riada. Y, en el extremo de los delirios, su líder planetario, se atreve a responsabilizar de un accidente de aviación a las políticas de integración de personas con discapacidad de Obama y Biden. Todo vale para destruir la democracia, la pluralidad, la solidaridad y el tejido social.

A ello se le suma la judicialización de la política, con numerosos casos prefabricados para perjudicar a personas y partidos, como pudimos ver en la campaña policial y judicial contra Podemos (caso Neurona, informe PISA, caso Niñera…). Y como sucede hoy con otros protagonistas y víctimas, el PSOE, sus dirigentes y sus familias. Auténticos linchamientos, desde la más absoluta impunidad, que causan enormes daños por mucho que al final queden archivados y se demuestre que no había absolutamente nada punible, que todo era pura invención malintencionada.

En ese marco en que nos movemos resulta esencial la unidad de la izquierda y del conjunto de los demócratas. Impidiendo que los ultras destruyan sociedades plurales que, con sus defectos y carencias, han posibilitado alcanzar un elevado grado de bienestar, de protección social y de convivencia. En las que se ha producido un enorme avance en la igualdad entre mujeres y hombres y en las que se rechaza la discriminación por razones étnicas, religiosas o sexuales. Aunque estos días se anuncia la posible caída de un asteroide para el año 2032, que, de producirse, podría ser muy devastador, tengo la impresión de que otro, muy catastrófico, está cayendo sobre el planeta con las ocurrencias y decisiones de Trump y los suyos, que destruyen la legalidad internacional con una limpieza étnica en Gaza o amenazas de anexionarse otras zonas del mundo, devastan la cooperación y la solidaridad, arrasan con los derechos humanos, banalizan la Crisis Climática y debilitan gravemente a las democracias.