Demografía: análisis e imprescindibles decisiones

Fue así a principios de siglo. Entonces, siendo presidente del Gobierno canario, impulsé la creación de un Comité de expertos sobre población e inmigración en Canarias, que presentó sus conclusiones en 2003. La presidió el exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Lobo Cabrera, y estaba integrada por Asunción Asín Cabrera, José Ángel Gil Jurado, Eligio Hernández Gutiérrez, Juan Antonio Fernández Cordón, Josefina Domínguez Mújica, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Andreu Domingo Valls, Margarita Ramos Quintana, José Luis Rivero Ceballos, Ana María López Sala y José Ángel Rodríguez Martín. Con el significativo aporte, además, de Miguel Guerra García de Celis, Juan Peña García, Gonzalo Rodríguez López y Aniano Hernández Guerra. Un equipo multidisciplinar en lo académico y plural en el ámbito político.

El informe concluye que «la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial, porque las islas no soportan la misma capacidad que los territorios continentales, sobre todo las islas alejadas». Destacando que las personas que llegaron a finales del XX y comienzos del XXI eran, fundamentalmente, gente joven con hijos pequeños o que los tenían una vez establecidos aquí. Suponiendo, por tanto, un mayor peso del grupo potencialmente activo laboralmente en el conjunto de la población.

Modular el crecimiento

En su texto de conclusiones se afirma que en nuestro modelo económico tienen gran peso sectores como la construcción y el turismo, «especialmente intensivos en consumo territorial... Precisamente son dos de los sectores que por sus características laborales necesitan mucha mano de obra, y que más reclaman y ocupan inmigrantes de todo el abanico de categorías de cualificación». Dejando muy claro que es nuestro modelo económico el que incide directamente en el fuerte crecimiento poblacional experimentado.

Asegurando que esta es «la razón de ser y la oportunidad» que suponen el cumplimiento de lo establecido en las leyes de directrices generales de ordenación territorial y de las sectoriales del turismo -también promovidas por aquel Gobierno y aprobadas por el Parlamento de Canarias, por unanimidad, en 2003- para reorientar el modelo económico hacia la sostenibilidad y modular el crecimiento poblacional; descartando el encaje de una ley de residencia restrictiva de la libre circulación en la actual normativa europea, aunque abogaban «por el inicio de negociaciones político-institucionales para tratar de racionalizar el posible efecto de aumento poblacional en Canarias».

Sobre las leyes de directrices, el estudio apunta que deben la columna vertebral «de un modelo cuya reorientación irá ponderando progresiva­mente las ventajas de una estrategia de desarrollo sostenible en estas islas». Destacando, igualmente, que los límites al crecimiento establecidos quitan presión al mercado laboral. Su repercusión en el 'efecto llamada' será entonces apreciable, modificando algunas de las pautas y motivaciones de segmentos inmigratorios, y de operadores poco respetuosos con la rentabilidad a largo plazo, y el respeto a los derechos sociales de esos colectivos laborales». Pero, como se sabe, las directrices fueron prácticamente abolidas por posteriores gobiernos y se continuó en la misma senda desarrollista y sus consecuencias. Por eso, afloran nuevamente los problemas, la historia se repite.

Cerca de los 2,5 millones

Veinte años después el crecimiento demográfico por razones migratorias no se ha detenido y Canarias puede alcanzar los 2,5 millones de habitantes en menos de quince años. Un incremento poblacional especialmente llamativo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura y, en menor medida, Tenerife y Gran Canaria. Por eso, las medidas que se adopten deben tener siempre en cuenta las distintas realidades insulares. También se hizo en las directrices, que tuvieron un trato específico para las hoy denominadas islas verdes, con propuestas de crecimiento sostenible en plazas alojativas frente a las elevadas restricciones en las islas turísticas.

Un aumento poblacional residente que -junto al impacto que suponen los millones de visitantes anuales- influye en el consumo energético y de agua, en la dimensión de los servicios públicos educativo y sanitario o en las necesidades de vivienda, así como en la movilidad y en la propia convivencia, como está sucediendo en otras zonas del mundo con masificación turística. Y, por ello, se hace necesario modularlo -como bien señalaba el Comité de Expertos en 2003- si queremos que todos los que viven en Canarias, procedan de donde procedan, puedan tener garantizado un adecuado nivel de vida.

Con relación a los residentes de origen extranjero, se sitúa en torno al 20% de la población total. Casi la mitad son de América Latina, con Venezuela, Cuba y Colombia a la cabeza. Un 36% llegaron desde estados europeos, siendo los más numerosos los de Italia, Reino Unido y Alemania. Mientras que desde la cercana África el dato se reduce hasta el 10%, de los que seis de cada diez son provenientes de Marruecos. La inmensa mayoría ha llegado a las Islas atraída por las posibilidades de encontrar trabajo en distintos sectores económicos, desde la construcción a los servicios pasando por los cuidados a las personas o el sector primario. Suponen hoy casi un 14% de los 914.628 afiliados y afiliadas a la seguridad Social registrados en Canarias, según los recientes datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Comisión del Reto Demográfico

En septiembre del pasado año el Parlamento de Canarias acordó la creación de una comisión de estudio sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias que, en cierta medida, tenía la misión de completar los trabajos realizados por la Comisión constituida a mediados de la pasada legislatura y que presidió nuestro diputado Luis Campos.

La comisión acaba de emitir su dictamen que ahora deberá ser debatido, enmendado y en su caso aprobado por el pleno del Parlamento de Canarias.

En sus conclusiones provisionales se recuerda que en las últimas décadas nuestra economía se ha basado en el crecimiento, en número de visitantes, pero también en el aumento en infraestructuras, empresas, trabajadores y riqueza. Con la paradoja, como destaca el dictamen, de que al mismo tiempo se produce menor equidad, menor renta per cápita y menor cohesión social. «Si tenemos que pensar en la gran mayoría, en el bien común, la mejor salida es parar este 'MÁS' y apostar decididamente por el concepto de 'MEJOR' (eficiencia, innovación, educación, y creación de valor, económico, pero también social y ambiental)», asegura.

El análisis y las propuestas que finalmente se planteen deben constituir una relevante oportunidad para avanzar en un tema crucial para la Canarias de hoy y de mañana. Proponiendo actuaciones realizables a corto, medio y largo plazo que pongan límites al número de visitantes y modulen el crecimiento de residentes. Estableciendo medidas para evitar el desmesurado crecimiento poblacional (en Fuerteventura en apenas 20 años su población se incrementó un 186%; en Lanzarote, un 111%, según recoge el dictamen) y ayuden a garantizar la sostenibilidad medioambiental, el equilibrio territorial y el bienestar social de todas las personas que viven en Canarias. Una oportunidad, la de diseñar su futuro, que Canarias no puede permitirse perder.