La Constitución del 78 y el inacabado modelo territorial

Cuarenta y seis años después el tema territorial continúa sin estar plenamente resuelto y ha vivido momentos de enorme dificultad, fruto de la insatisfacción ante su estatus de los dos nacionalismos con más historia y apoyo popular en las urnas, el vasco y el catalán. Me refiero a la presentación del Plan Ibarretxe, en 2005. Pero, sobre todo, al más reciente procés catalán, que incluyó la celebración de un referéndum y una posterior declaración de independencia, aunque suspendida de manera inmediata por sus propios promotores para abrir un espacio de diálogo; y que terminó con la aplicación del artículo 155, la suspensión de la autonomía y la condena a prisión de una docena de dirigentes políticos. Los indultos y la más reciente ley de amnistía, aún por desarrollar en medio de numerosos obstáculos, han inaugurado una nueva etapa política en Cataluña.

Además, permanece en el conjunto del Estado la tensión entre los que plantean un avance hacia un estado plurinacional de carácter federal y la recentralización defendida por los sectores más conservadores y que forma parte del ADN de la extrema derecha. El tema territorial no está en modo alguno resuelto.

Tras la crisis financiera de 2008 y la llegada de nuevas formaciones políticas que pusieron en un brete al bipartidismo, hace menos de una década, se hablaba abiertamente de una posible reforma de la Constitución y hasta de la apertura de un proceso constituyente, aunque ni entonces ni ahora parece que haya mayorías suficientes para lograr esos posibles cambios. Se precisaría de la implicación de la derecha y esta se encuentra muy marcada por tics centralistas que se ven acentuados por su competencia con los ultras que hoy le quitan espacio socioelectoral y le condicionan el discurso.

Cambios constitucionales

Sin embargo, cercana a cumplir medio siglo, parece que resulta completamente razonable atreverse a afrontar cambios en la Carta Magna que la perfeccionen, que se adapten adecuadamente a la evolución y a los retos económicos, sociales, políticos y medioambientales, que respondan mejor a una sociedad desarrollada del siglo XXI.

En ese sentido, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) siempre ha defendido que se blinden en la Carta Magna los servicios públicos y los derechos ciudadanos, y no la deuda y el déficit, que sólo benefician intereses de minorías; eliminando, por tanto, el actual contenido del artículo 135. Y que se defina el modelo territorial del Estado y su carácter laico.

Asimismo, desde NC-bc reclamamos la inclusión de los derechos de las mujeres que no estuvieron presentes en la perspectiva de los constitucionalistas del 78. En asuntos como la violencia de género, la paridad en el acceso a cargos públicos o los cambios en el actual modelo de cuidado de las personas. Y que se recojan los derechos y obligaciones medioambientales y, especialmente, los compromisos contra el cambio climático. Y, también, respecto a la vivienda.

Planteamos, además, una reforma en el título VIIIº para consolidar un auténtico estado federal que reconozca la pluralidad nacional y posibilite el encaje de las distintas naciones, nacionalidades y regiones. Y el reconocimiento diáfano de las especificidades de comunidades como Canarias, especialmente los derechos económicos y fiscales de las Islas, así como la delimitación territorial del Archipiélago.

Quiero señalar que no se trata, en ningún caso, de hacer tabla rasa y no reconocer los avances experimentados. El proceso autonómico ha sido globalmente positivo. Pero persisten notables desequilibrios y desigualdades entre las distintas comunidades en un estado complejo, con territorios con un histórico desarrollo industrial y otros que siempre han presentado un mayor atraso económico, social y educativo.

Con dos comunidades que tienen un régimen de financiación propio, Euskadi y Navarra, y el resto formando parte de las de régimen común, aunque Canarias presenta nítidas especificidades económicas y fiscales. Una financiación autonómica, la aprobada en 2009, que lesionó los intereses de Canarias y que logramos corregir en 2017; un modelo que debió ser revisado y modificado en 2014. Resulta muy difícil su debate en un marco de creciente crispación y polarización, con la mayoría de las comunidades dirigidas por un PP poco proclive a los acuerdos (como se observa estos días en su bloqueo a soluciones para los menores migrantes) y cuya máxima obsesión es tumbar, como sea, al actual Gobierno estatal. Y con el no menos relevante añadido del nada sencillo encaje de la financiación diferencial para Cataluña.

La financiación autonómica debe cumplir, en mi opinión, con algunos requisitos. En primer lugar, debe garantizar la suficiencia de los recursos que reciban las nacionalidades y regiones para la financiación de sus servicios públicos fundamentales y el ejercicio del resto de sus competencias. Igualmente, debe cumplir con el principio de solidaridad interterritorial, base de la equidad en la distribución de los recursos del sistema, que regule transferir de los territorios más ricos a los que tienen menos renta y consumo. Y, asimismo, con el principio de corresponsabilidad fiscal; de forma que una comunidad que, legítimamente, prefiera bajar o eliminar un impuesto no deba recibir los rendimientos de ese impuesto de los ciudadanos y ciudadanas de otros territorios que sí lo pagan.

Y, en el caso particular de Canarias, entiendo que se debe mantener la desvinculación de los rendimientos tributarios del REF de los recursos del sistema de financiación autonómica, tal como establece nuestro Estatuto de Autonomía (artículo 166), la Ley 19/1994 del REF (artículo 3.4), la LOFCA (disposición adicional cuarta) y la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común (DA Segunda).

Desde la óptica de NC-bc se trata de avanzar hacia máximos niveles de autogobierno y de ir articulando un modelo de naturaleza federal, que tenga como fuerza legitimadora la robustez, la buena gestión y el rendimiento del estado del bienestar (fortalecimiento de los servicios públicos, políticas de cuidados, acceso a la vivienda, lucha contra la pobreza y la exclusión social…) y, asimismo, estar plenamente implicados en la imprescindible respuesta desde lo público a los enormes retos que supone la Crisis Climática y sus consecuencias. Queremos tener más capacidad de decisión para que en Canarias se viva mejor.

En un marco, como el actual, de elevada crispación política, de ascenso de las ideas ultras, de presencia diáfana de un nacionalismo español uniformador y poco dado al reconocimiento de especificidades, resulta muy complicado afrontar cambios que permitan consolidar un estado que reconozca su realidad plurinacional. Un estado en el que conviven nacionalidades históricas con particularidades económicas, culturales y lingüísticas, con otras, como Canarias, absolutamente diferencial por su lugar en el mundo, a escasos kilómetros del continente africano y separado por casi 1.000 del europeo. Con sus elementos de identidad propia. Con especificidades fiscales y económicas, su REF, que le diferencian de las comunidades de régimen común. El reconocimiento como región ultraperiférica de la Unión Europea. O su condición de frontera sur de la UE y su influencia, entre otros factores, en la incidencia de los fenómenos migratorios.

En ese pulso entre centralismo y reconocimiento de la pluralidad nacional del Estado, el canarismo de progreso se pronuncia claramente a favor de modificaciones que permitan el reconocimiento de las distintas realidades nacionales y el máximo nivel de autogobierno y de cohesión social. Lo que exigirá tiempo, diálogo y búsqueda de consensos.