Tribuna libre

Canarias y el nuevo gobierno

Puede señalarse que Feijóo comenzó a perder su oportunidad de alcanzar la Presidencia no ahora, sino tras los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo. Para Sánchez resultó determinante el adelanto de las generales porque permitió visualizar los pactos PP-Vox y su profundo contenido reaccionario. La conformación de gobiernos autonómicos y locales del PP con el apoyo de Vox o con la presencia directa de la extrema derecha en sus ejecutivos o en las presidencias de sus parlamentos confirmó lo que ya había ocurrido anteriormente en Andalucía o en Castilla y León. Posibilitando a la ultraderecha llevar a numerosas instituciones su reaccionaria agenda antifeminista, racista, xenófoba, homófoba y negacionista de la Crisis Climática.

Esta visibilidad del peligro que supone para las libertades y los derechos cívicos la presencia institucional de Vox produjo una reacción amplia en las urnas en las elecciones generales celebradas en julio. Con una importante movilización progresista en la que fue clave el voto de las mujeres para impedir el triunfo de esa alianza PP-Vox en el ámbito estatal. Y, asimismo, la relevancia que tienen los partidos territoriales, especialmente en Euskadi y Cataluña. Además, el españolismo radical y rancio de Vox, sus amenazas de acabar con el estado autonómico o de ilegalizar a partidos nacionalistas, dejaron al PP sin salida alguna. Sustentarse en Vox para llegar a La Moncloa les impedía ampliar su marco de alianzas, limitado a los dos escaños del regionalismo conservador (UPN y CC). Insuficientes, como se confirmó, para alcanzar la investidura.

Apelar, como hace Feijóo, a la condición del PP como «partido más votado» significa no reconocer que en el sistema parlamentario español llega a presidir el Gobierno quien tiene los apoyos suficientes en el Congreso. Y supone, además, una enorme hipocresía tras lo ocurrido en varias comunidades y ayuntamientos en donde los conservadores gobiernan sin ser los más votados; situación que tras los comicios del 28M sucedió en Extremadura o en ciudades como Valladolid, Burgos o Santa Cruz de Tenerife (donde dieron el gobierno a CC), pero que con anterioridad también se vivió en Andalucía o la Comunidad de Madrid cuando llegaron al poder Bonilla y Ayuso. En Canarias, asimismo, el PP forma parte de su Ejecutivo tras pactar con CC frente al más votado PSOE, lo que es absolutamente legítimo.

En el debate de investidura, Sánchez defendió un programa con un conjunto de compromisos de progreso frente a la propuesta reaccionaria de la derecha y los ultras. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) compartimos muchas de sus propuestas en materia de empleo, digitalización, fiscalidad a las grandes fortunas, combate contra la Crisis Climática, feminismo o protección social y servicios públicos. Así como la condena al genocidio del pueblo palestino por parte del ejército israelí en Gaza y la búsqueda de soluciones que garanticen una paz justa en la región, apoyando el reconocimiento al Estado Palestino.

También a la necesidad de articular un modelo territorial que debe reconocer la diversidad del Estado. De esto último hubo pocas referencias en el debate. Salvo a Cataluña y Euskadi, claro. En el Estado español nos encontramos ante una realidad plurinacional en la que Canarias es una de las comunidades con mayores singularidades: históricas, geográficas, económicas o fiscales; reconocidas, también, por la Unión Europea (UE) en su condición de región ultraperiférica (RUP). Canarias no es ni más ni menos que las denominadas comunidades históricas.

En el debate de investidura apenas se notó el acuerdo PSOE-CC, que está plagado de generalidades, carece de obligaciones, de ficha financiera y de calendario legislativo, y no supone aporte alguno a los derechos que ya Canarias tenía conquistados en su relación con el Estado. Eso sí, uno de los pocos acuerdos novedosos entre PSOE y CC es el reparto, con criterios políticos, de los cargos de Radio Televisión Española en Canarias; similar al que CC había establecido con el PP en su apoyo a Feijóo. Un mercadeo con los medios de comunicación públicos que resulta absolutamente lamentable.

Además, echamos en falta una posición más comprometida con los fenómenos migratorios, con la necesidad de sacar adelante una ley que posibilite el reparto de los menores entre todas las comunidades. Sánchez solo hizo referencias al convenio de carreteras, las transferencias de Costas, al cupo de energías renovables y a los 100 millones de euros para La Palma; todos ellos asuntos que fueron logrados en la pasada legislatura, nada nuevo. Feijóo, por su parte, se olvidó por completo de las Islas.

Hay varios temas que me preocupan. Entre ellos, la condonación de la deuda a los territorios, ausente del acuerdo CC-PSOE. Es cierto que se ha avanzado al hacerla extensible a todas las comunidades y, asimismo, al reconocer que no solo haga referencia a la que mantienen con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), incluyendo por tanto a la que las nacionalidades y regiones tienen con entidades financieras. Pero falta por aclarar con qué metodología se lleva a cabo la quita de deuda. Desde NC-bc defendemos que se aplique un criterio per cápita, por ser más justo. Si a Cataluña se le hace una quita de 16.000 millones de euros, la de Canarias debería ser de 4.400 millones.

Igualmente me preocupa el nuevo modelo de financiación autonómica, otro de los compromisos del ya presidente. La irresponsabilidad del actual Gobierno conservador canario, cuyas primeras medidas urgentes han sido reducir los impuestos a los más ricos (proponiendo, además, pagar solo el 50% del IRPF en Canarias al margen de las rentas percibidas), nos coloca mal en el arranque de un debate en el que la corresponsabilidad fiscal va a ser determinante.

Por otra parte, como cabía esperar, la amnistía ocupó un significativo espacio en el debate, protagonizando sus momentos más crispados. El programa de gobierno tenía que ser, necesariamente, pactado entre distintas fuerzas; y era lógico que los independentistas catalanes, claves en la votación, introdujeran este tema tan sensible. Una amnistía a las personas implicadas en el Procés que no estaba en las iniciales intenciones del PSOE ni iba en su programa electoral. Pero, como señaló Sánchez, no le quedó otra que «hacer de la necesidad virtud» para conseguir los apoyos que le garantizaran la investidura. Una medida que tendrá que superar las interpretaciones jurídicas y la evaluación del Tribunal Constitucional. El Gobierno deberá explicar muy bien a la sociedad que se trata de un instrumento para el entendimiento y la convivencia en Cataluña y en el Estado. Para eso está la política, para resolver entuertos por difíciles y complejos que parezcan, no para dejar los problemas enquistados y sin salida alguna.

Ahora se abre una legislatura muy compleja, marcada por el retorno de las reglas fiscales, lo que afectará a los presupuestos, así como por los conflictos bélicos internacionales o el encarecimiento del precio del dinero. Y en la que se tiene que abordar el nuevo modelo de financiación autonómica, lo que obliga a acuerdos nada sencillos. Así como afrontar relevantes retos económicos, sociales y medioambientales. Le corresponde hacerlo a un Gobierno apoyado en una mayoría transversal, en lo ideológico y en su visión territorial del Estado. Una mayoría que está obligada a manejar bien sus diferencias; y que tendrá enfrente a una dura oposición en la que, de momento, la extrema derecha está marcando el ritmo a una derecha conservadora en la que muchos de sus dirigentes han ido asumiendo su discurso más trumpista y reaccionario, más deslegitimador de las instituciones y de mayor desprecio y deshumanización hacia los adversarios políticos. No será, por tanto, nada fácil el periodo político que acaba de abrirse con la reelección de Pedro Sánchez.

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En NC-bc apoyaremos las políticas de progreso del nuevo Ejecutivo estatal. Y nos mantendremos vigilantes para que respete los derechos de los canarios y canarias, condone la deuda del Archipiélago con la aplicación del criterio per cápita, se comprometa en la incorporación de las islas a la política ferroviaria del Estado y cumpla con los compromisos en materia migratoria, con una ley que obligue al reparto de menores entre las comunidades autónomas. Garantizando, además, los derechos consolidados de las Islas y avanzando en la ficha financiera en las cuentas públicas estatales.