Promesas sin cumplir

Con la campaña de vacunación contra la covid-19 sujeta a continuos cambios en el calendario por el retraso en la llegada de las dosis y por los sucesivos parones en la aplicación de la aportada por AstraZeneca, y con el país paralizado en términos políticos a la espera de las elecciones de Madrid del próximo martes y la configuración del nuevo Gobierno autonómico, la superación de la crisis económica sigue siendo más un acto de fe que una posibilidad afianzada en datos sólidos. Tampoco ayuda el hecho de que la llegada de los fondos prometidos desde la Unión Europeo se retrase, pues la mecánica fijada obliga primero a la presentación ante Bruselas de los planes a aplicar por los diferentes países.

España lo ha hecho esta semana optando, nuevamente, por un método más que cuestionable: el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a la Comisión su programa de actuaciones sin haberlo consensuado con los partidos representados en las Cortes, sin haberlo negociado con los agentes económicos y sin haber realizado una puesta en común con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Unos modos bastante opacos en un Ejecutivo que presume de cogobernanza a la hora de buscar respuestas ante la pandemia. El mensaje de unidad lanzado desde el primer momento ante la irrupción del coronavirus y sus estragos en la actividad productiva cae por su propio peso con este unilateralismo. Porque por muy acertadas que puedan ser las propuestas del Gobierno conformado por el PSOE y Unidas Podemos, solo serán efectivas al cien por cien si se cuenta con el resto de instituciones y agentes económicos y sociales.

En el caso de Canarias, hay que insistir en que el impacto de la crisis es mayor por la dependencia del turismo, de manera que también debe haber mayor apoyo desde el Estado y una mayor disponibilidad de los fondos comunitarios. Máxime cuando las promesas de Madrid de un plan específico para la reactivación turística cayeron en el olvido. En el 'debe' de la ministra Reyes Maroto queda esa promesa y ojalá quien la sustituya -si finalmente se va la Comunidad de Madrid- demuestre mayor sensibilidad con este archipiélago. En esa línea, también se ha echado en falta por parte del Gobierno del Pacto de las Flores mayor valentía a la hora de reclamar el cumplimiento de aquel compromiso.

De momento, lo único garantizado es la prolongación de los ERTE acogidos a la pandemia, una medida que está sirviendo para amortiguar el impacto social de la crisis. Pero con eso no se garantiza la continuidad de los negocios, pues el riesgo de que muchos ERTE se conviertan en ERE o de que numerosas empresas desaparezcan por el camino sigue latente. Además, esa medida en el ámbito económico-laboral, que ha sido ciertamente de las más acertadas en este año y dos meses de pandemia, tiene ámbito estatal y no puede interpretarse en ningún caso como un apoyo específico de Madrid a las singularidades de la realidad canaria.

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El resultado es un archipiélago que sigue esperando que se concreten muchas de las promesas pero que ve cómo va pasando el tiempo y las que afectan directamente a nuestro motor económico no se materializan. O sencillamente caducan por inacción. Con ello, el paro se agiganta, la brecha social se amplía y la impresión de que, una vez más, no hay la debida sensibilidad con las islas se consolida. Y si lastimoso es que Madrid no esté a la altura de las circunstancias, tanto o más lo es que desde aquí se responda con desidia.