Plan de choque urgente

Esta semana se ha dado a conocer el último informe de Foessa, de Cáritas, sobre pobreza y exclusión social en Canarias. En el archipiélago, el 29,1% de la población, algo más de 630.000 personas, se encuentran en una situación de «desventaja importante». Además, aunque se ha reducido la brecha con el resto de comunidades, las tasas de pobreza siguen siendo superiores en el archipiélago: 19,6% en las islas frente al 11,3% de media nacional, y afectan, en su versión más severa, a cerca de 425.000 canarios.

La buena noticia es que parece que el Gobierno canario ya se da por aludido. El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, reconoció que Canarias tiene «un problema estructural con la pobreza». Eso sí, echando mano al manual de propaganda, enseguida intentó relativizar el tema diciendo que la pobreza «en territorios avanzados» se mide en términos relativos. Y es cierto, pero no significa que sea igualmente indigno para las personas que sufren esa extrema precariedad. Olivera no la padece y se puede permitir el lujo de frivolizar.

Las mujeres, la juventud y las personas migrantes son las más expuestas y vulnerables y cuyos proyectos de vida se malogran porque no pueden escapar de esta inercia social.

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Cáritas denuncia, además, que solo el 15% de las personas en situación de pobreza severa en Canarias percibe actualmente el Ingreso Mínimo Vital y seguimos sin escuchar al Gobierno no ya decir que va a poner en marcha un plan de choque urgente, que eso es un mantra electoral vacío, sino ejecutarlo de hecho. Las personas, primero, secía el eslogan. Pero, como siempre, se referían a ellos.