Pilatos y el decreto vacacional

Lavarse las manos como Pilatos ante la defensa de los intereses generales para gobernar es una de las constantes, nada inocente, del Gobierno de Fernando Clavijo. Dejar en manos de ayuntamientos y cabildos las decisiones complicadas, como las licencias de obras y ahora las excepciones a la prohibición del alquiler vacacional en zonas turísticas, es una forma de huir de las responsabilidades y tirar por el camino de en medio, allí donde la ambigüedad salva los muebles de un gobierno que gobierna de cara a la galería, para la opinión pública, esa que espera que le vote, y para la patronal, una de las patas del régimen del gobierno insularista.

Intentar abordar un novedoso y grave conflicto social, como es el del alquiler vacacional, intentando quedar bien con todos, de cara a la galería, y satisfacer solo a una parte, la empresarial, no es la mejor manera de solucionar nada.

Pasó con la Ley del Suelo y pasa de nuevo con el nuevo decreto de alquiler vacacional. Se legisla para los lobbys, no para la gente. Los ciudadanos son objeto de las leyes, no sujetos, protagonistas y beneficiados. Son los exprimidos, los que pagan. Se descentraliza el poder regional, dejando en manos de ayuntamientos y cabildos la responsabilidad, de quien debe legislar en función de los intereses de todos. Se crea grandes agravios ante casos iguales y administraciones que responden de distinta forma, creando inseguridad jurídica.

¿Dónde está la trampa del régimen? En dar poder a los de abajo, renunciando al ejercicio del poder regional, para alimentar la red clientelar, el factor clave del insularismo imperante en Canarias, ese que desprecia y secuestra los intereses generales a base de hipócritas llamadas a la marginación de las islas menores, cuando en realidad hablan de poder personal, de que el régimen se sostenga para seguir en el machito y practicar la rapiña económica en la caja común de todos los canarios. Un alcalde o un presidente de cabildo decidirá quién sí o quién no podrá poner su propiedad en alquiler. ¿Hay mayor margen para la discrecionalidad del clientelismo?

Es de esperar que los inmensos errores que Clavijo comete legislando desde las claves del insularismo y desde las ventajas a los sectores económico, los arrolle la realidad, en este caso la de un fenómeno, el del alquiler vacacional, que va mucho más allá que la rampante y alicorta visión de dirigentes regionales, siempre amarrados a las hipotecas políticas del caciquismo y a los intereses de tres empresarios cuya existencia se limita a conservar privilegios captando, mimando y protegiendo a políticos provincianos frente al empuje de la nueva era de las comunicaciones, tratando de poner puertas a un campo infinito de la globalización.

Tratar de canalizar a todos los que nos visitan a través del turismo reglado, el oficial y dominante, es un grave error. Prohibirlo en las zonas turísticas es dejar fuera de juego a miles de pequeños propietarios de apartamentos que han encontrado en esta actividad una salida al vacío comercial que el propio Gobierno ha creado potenciando los intereses de los grandes touroperadores y olvidando la rehabilitación de estas zona de alojamiento extrahotelero. El mismo problema plantea el Gobierno en la zonas rurales, en la que la rentabilidad del este tipo de turismo ha disparado la actividad y que muchas familias se hayan decidido a la rehabilitación de viviendas y a su explotación.

Los afectados, pequeños propietarios de viviendas y apartamentos que quieren alquilar aprovechando las ventajas del mercado, los alcaldes de las grandes zonas turísticas, los empresarios extrahoteleros, las asociaciones... todos en contra el decreto del Gobierno que solo satisface a las patronales hoteleras, como Ashotel y al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, quizás porque su negocio turístico está consolidado con grandes hoteles y el del resto de las islas, paralizado.

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