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El debate sobre la sobrepoblación de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote ya está aquí. Definitivamente, ha venido para quedarse. Cuando hace más de dos ... décadas algunos decíamos que el mayor problema que acechaba el futuro de las Islas de más superficie y habitantes tenía que ver con los incontrolados crecimientos de población foránea, atraída por las oportunidades de trabajo que ofrecen las mismas, se nos tachaba de xenófobos u ombliguistas.
No es fácil imponer medidas de control del crecimiento poblacional. Estamos en la Unión Europea y ésta garantiza la movilidad a todos sus ciudadanos. Entorno al impacto que tiene el crecimiento cuantitativo de las personas que viven en un territorio, conviven muchos intereses económicos: operadores de transportes marítimos y aéreos, compañías de guaguas, taxis y coches de alquiler, hoteles, bares, comercios, restaurantes, especuladores del suelo, constructores, técnicos, ayuntamientos (licencias de construcción), promotores de viviendas y un largo etcétera de actividades económicas, que, cuanto más volumen muevan, más negocio tienen.
Hasta hace dos décadas, no existía una conciencia generalizada de que estábamos ante un grave problema, derivado de los ritmos de crecimiento de la población de las Islas. A diferencia de entonces, hoy el consumo de territorio, la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, los atascos en las carreteras, la escasez de viviendas, el desbordamiento de servicios públicos como la sanidad y la educación y la sensación de agobio sufrida, especialmente en las zonas turísticas más demandadas, exigen actuar. La población no puede crecer cada año con volúmenes como el de un municipio como Gáldar, por poner un ejemplo.
A corto plazo y medio plazo, resulta utópico esperar por el impulso de medidas legales que modulen los crecimientos de la población en las Islas. De ahí que debamos avanzar con acciones que nos conduzcan a la consecución del mismo objetivo, en este caso frenar la llegada de foráneos, sin esperar a que se produzcan modificaciones legislativas.
Filtrando y disminuyendo la entrada de alrededor de 25.000 foráneos que llegan cada año, ayudaremos a que sean menos los vehículos incorporados a nuestras carreteras. O a que descienda la demanda de viviendas, se reduzca la presión sobre la sanidad y la educación, decrezca la sensación de agobio que empieza a sufrirse en zonas muy concurridas o, simplemente, aumenten las expectativas de empleo para nuestra población.
A la hora de plantear el acceso prioritario de la gente que vive en las Islas a los puestos de trabajo, surgen siempre, de manera recurrente, expresiones como 'no tienen formación', 'no son productivos', 'son poco competitivos' o 'no quieren trabajar'.
Teniendo Canarias una economía de servicios, especialmente turísticos, debemos dignificar, con más formación y cualificación, las profesiones vinculadas al sector que sostiene el empleo de aproximadamente un millón de personas. Mejoremos su competitividad. Liguemos cualificación, competitividad, productividad y salario. Elevemos la autoestima de nuestros trabajadores.
Indudablemente, si queremos tener a los trabajadores más cualificados, más competitivos y más productivos, haciendo prescindible lo que nos puede venir de fuera, precisamos el mejor proyecto formativo, medios óptimos y centros de excelencia en el ámbito europeo. Sencillamente, a la altura de lo que significamos como destino.
La consecución de un objetivo de esta naturaleza, para el que podría invertirse más de 2.000 millones de euros en la próxima década y con en el que ganaríamos todos los que aquí vivimos, especialmente el sector turístico, pasa por la implantación de una tasa a quienes nos visitan, cuya recaudación tendría dicho fin.
Soñar no cuesta nada.
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