Tratado Global de los Océanos

Para que un tratado de este tipo pueda entrar en vigor, el procedimiento necesita 120 días a partir de qué se reciban al menos 60 ratificaciones de entre los 193 Estados miembros de la organización internacional. Desde el primer momento se recogieron firmas de 92 países que anunciaban la voluntad e intención de ratificarlo tras los procedimientos específicos que cada Estado debe aplicar para la ratificación de un acuerdo internacional de esta naturaleza.

En España se elevó el 19 de julio de 2024 al Consejo de ministros (desde los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico), para su remisión a las Cortes a fin de su tramitación y aprobación.

Este proceso ha culminado con la ratificación formal el cuatro de este mes de febrero, respecto del cual la referencia de esta notificación señala que: Hasta el momento de la formulación española (primera de los países de la Unión Europea), ya ha sido ratificado antes por otros 15 países (Bangladesh, Barbados, Belice, Chile, Cuba, Maldivas, Mauricio, Micronesia, Mónaco, Palau, Panamá, Seychelles, Singapur, St. Lucia y Timor-Leste), siendo Chile el primer país en hacerlo (hace prácticamente un año) como apoyo a su postulación para albergar la sede del Tratado BBNJ. El proceso de ratificación está resultando, como es habitual, más lento que fue la firma de las declaraciones de voluntad, pero parece alcanzable.

En la rueda de prensa en que se comunicó el depósito formal del instrumento de ratificación español, acompañaron a la ministra del Miteco: Sara Aagasen, el secretario de WF España: Juan Carlos del Olmo y la directora ejecutiva de Greenpeace España: Eva Saldaña, tratando de mostrar el consenso sobre el valor potencial del Tratado.

Conviene recordar los objetivos centrales del Tratado: La gestión de los recursos genéticos marinos, incluida la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso (incluyendo a los Estados sin costa). Desarrollo de herramientas de gestión basada en espacios delimitados, incluidas las áreas marinas protegidas, estudios de impacto ambiental, fomento de la capacidad y transferencia de tecnología. Promover la protección efectiva del 30% de la superficie del océano en 2030 (objetivo 30/30) componente específico de la Convención mundial de la biodiversidad de Kunmingh-Montreal.

Resulta evidente que la materialización del objetivo 30/ 30 es objetivamente difícil como consecuencia directa de la tramitación del Tratado, no solo por el tiempo restante para alcanzar las 60 ratificaciones y el año objetivo: 2030 (lo que en definitiva vendría a ser un 'simple retraso'), sino adicionalmente por lo trascendido de la voluntad de la nueva Administración de Estados Unidos, que aunque no se conoce hasta el momento la posición específica sobre este Tratado, parece que no va a ser una ayuda (dada las posiciones explicitas que ya han tomado sobre algunos organismos multilaterales, otros tratados, acuerdos de conservación ambientales y posiciones especificas en políticas internas), por el contrario, puede llegar a ser un obstáculo importante para su desarrollo.

También se debe recordar que el Tratado se refiere a las aguas más allá de la ZEE de los Estados costeros y que, por tanto, es plenamente operativa la capacidad propia de cada Estado para abordar todos los componentes y aspectos del Tratado que considere adecuados, atendiendo a sus propios intereses y en la medida que quieran a los globales.

En esta dirección se pueden entender las propuestas de seis nuevos LIC presentadas por España a la Comisión en diciembre pasado, dos de los cuales se encuentran en Canarias:

Montes submarinos del suroeste de Canarias y Montes submarinos del noreste de Canarias, ambos con el mismo objetivo de protección 1170: Arrecifes caracterizados por la presencia de especies longevas con una dinámica poblacional lenta y muy sensible al impacto de la actividad androgénica. Añadiéndose en el LIC del noroeste como objetivo de protección a la tortuga común o tortuga boba (Caretta caretta), ya que el área también está caracterizada como sensible por ser zona de concentración oceánica y corredor de tránsito de esta especie.

Estos espacios presentados a la Comisión permiten (según las aproximaciones iniciales), pasar de un área con protección del 12% en la ZEE española (antes de la aprobación) a prácticamente el 21%, lo que permitió cumplir con los compromisos nacionales con la UE (llegar al 15%), situándose el proceso nacional cerca de poder alcanzar el objetivo 30/30.

La reacción social respecto a estos dos últimos LICs propuestos para Canarias (de dimensiones enormes), es que no han suscitado la menor atención, ni a favor ni en contra, ni antes ni después de la propuesta. En sentido contrario, se puede referir también como actualidad social, el rechazo inicial de parte de la población e instituciones de la isla de El Hierro en relación con la propuesta del Parque Nacional (marino).

Es importante señalar que, la gestión adecuada de los espacios protegidos en general es difícil y costosa (en el medio marino más), por lo que se ha de entender que para que pueda ser efectiva y conseguir la estabilidad y sostenibilidad de tal protección a largo plazo (como requieren los objetivos de protección de todos los espacios, tanto marinos cómo terrestres), es imprescindible que las poblaciones concernidas geográficamente, también lo sean por la asunción como propios los objetivos, para lo que es críticamente necesaria la vinculación a través del conocimiento y participación (desde las evaluaciones previas hasta las propuestas) y finalmente con la gestión de los espacios, si realmente se pretende una protección efectiva (no solo nominal), para alcanzar los objetivos de % previstos, como viene empezando a suceder en el ámbito internacional.

A este fin, es imprescindible una labor continuada y permanente de información, divulgación, formación y generación de criterios entre los ciudadanos.

En este tipo de procesos se han de poner de relieve los beneficios ambientales y los socioeconómicos, con especial atención a su localización: desde lo más próximo a lo global; pero también es crítico explicitar con la misma claridad, los costes de todo tipo que el ejercicio de la protección efectiva tienen y quién ha de hacer frente a los mismos. El balance claro entre beneficios y costes de la protección es a la larga, la única vía de conseguir la sostenibilidad ambiental general continuada.

En Canarias no se puede obviar el componente insular, que hace necesario añadir a los análisis y propuestas genéricos, la visión próxima de cada isla como elemento de estabilidad a largo plazo.

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Esta es una tarea que requiere de forma intrínseca (si se quiere ser eficiente), el acuerdo y concertación público-privada que evite la sensación de imposición por terceros lejanos, consiguiendo la vinculación de las poblaciones próximas como consecuencia de que la protección sea parte de los objetivos comunitarios generales.