Financiación autonómica del mix deficitario

La instalación de estructuras de producción fotovoltaica está mejorando de forma continuada: en los 8 años (2013-2020), se ha pasado de 100 a 1.000 TWh y en 2023, la instalación de paneles batió su propia referencia de años anteriores alcanzando los 21000.000 de paneles solares instalados por día. Se cita como información más reciente que son más caras las estructuras de instalación por metro cuadrado que el coste de los propios paneles, lo que tiene como consecuencia que los lugares más llanos y homogéneos tengan ventajas (entre ellos, las aguas embalsadas que aportan superficies totalmente planas).

Las noticias se van focalizando de acuerdo con la actualidad concreta, derivada de la carrera tecnológica frenética del desarrollo exigido por los grandes retos climáticos y en el caso particular de Europa, por la necesidad de alcanzar una autonomía energética suficiente.

Los datos específicos sobre los logros del desarrollo tecnológico de cada tecnología (estimulados por los datos comerciales), no pueden distraer de la necesidad de que el mix energético objetivo debe estar alineado con las características específicas de cada lugar concreto. Tampoco se debe obviar que los condicionantes políticos administrativos han sido muchas veces y en muchos lugares, más determinantes que las características físicas y climáticas del lugar o de las tecnológicas a instalar.

Está identificado el problema que supone la realidad de la dificultad administrativa, que como consecuencia se ha establecido como objetivo a resolver por todas las administraciones implicadas. A pesar de ello, es igualmente claro y el consenso general confirma, que las tramitaciones de todo tipo siguen siendo el problema principal.

En Canarias es evidente que la limitación del suelo, sus características de pendientes y su grado de protección ambiental, introducen condicionantes adicionales a los que se dan en los territorios continentales. Una consecuencia directa de esta realidad es que la ubicación de las captaciones desde el mar se presenta como un elemento de importancia para el mejor mix energético posible de futuro.

Esta necesidad y características deberían fijar una especificidad y particular atención al desarrollo de las EERR del mar en el Archipiélago, que hasta el momento se ha concretado de forma más enunciativa que especifica en la Hoja de Ruta Eólica Marina y Energías del Mar en España, con una referencia poco determinante: que Canarias sea dónde se inicie el despliegue.

A pesar de que todos los análisis señalan la urgente necesidad y voluntad en el contexto europeo de conseguir que las tramitaciones y requerimientos administrativos de todo tipo se aceleren y se adecúen a las necesidades ambientales estratégicas, la realidad es que no se está consiguiendo de la forma en que se necesita.

Todos los implicados saben perfectamente que el objetivo nacional comprometido con la UE de instalar 3 GW EERR marina hasta 2030 en España es inalcanzable y la posibilidad de fijar una fecha más probable para conseguirlo es igualmente imposible en este momento.

Desde la publicación de la Planificación del Espacio Marino a principios del año pasado (requerimiento básico imprescindible para arrancar el proceso de instalar las EERR marinas), el avance conseguido ha sido la apertura y cierre del proceso de información pública del borrador del Decreto (donde se deberían haber establecido el marco claro de referencia para su desarrollo).

No es fácil de explicar por qué este proceso, que se sabía necesario, no estuvo preparado para ser publicado al día siguiente de haber hecho la publicación de los POEM, tampoco es fácil de entender por qué se va a someter el proceso administrativo a otra consulta pública y por qué no se utilizó la del Decreto (que procedimentalmente era obligatoria) para todas las consultas necesarias, dejando pendiente y sin fijar (en el propio texto del Decreto) una segunda ronda de consulta de los pasos siguientes, que formalmente no es obligatoria.

La asimetría en el enfoque administrativo entre las energías renovables en tierra y en el mar, introducen una dificultad en la visión y consecuencias estratégicas en cada ámbito, pero los efectos son bien distintos, ya que, para el territorio continental la ratio: potencia en tierra/potencia en el mar tiene un efecto residual en el conjunto del sistema, pero en Canarias, según la isla en la que se produzcan los desarrollos las consecuencias serán determinantes.

Dada la vida media de la estructura de generación energética (25 años o más) y la dimensión insular del problema, las correcciones que pudieran ser necesarias sobre la planificación serán en cualquier caso muy difíciles. La repercusión de estas decisiones sobre la realidad socioeconómica es directa y clara como concepto, pero muchas veces difícil de precisar con detalle.

Como ejemplo relevante, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en España ha sido siempre difícil establecer y ejecutar, basta constatar que el actual fue aprobado en 2009 y estaba previsto su actualización o modificación en 2014, siguiendo todavía diez años más tarde pendiente su formalización. Una vez más vuelve a estar abierto el debate y no es previsible saber ni cuándo ni cómo se puede resolver.

En el contexto de esta reflexión 'energética' se ha de considerar que una parte importante del déficit del sistema de generación eléctrica de Canarias está incluido en el presupuesto del Estado y por tanto contabilizado en la aportación del Estado a Canarias (aumentando la dimensión del balance positivo). La consecuencia de que se pueda suprimir o hacer disminuir de forma sustancial este déficit del sistema eléctrico regional, tendrá consecuencias de la mayor importancia, ya que, constatada la dificultad de modificación del sistema de financiación autonómico, la repercusión de la ineficacia del sistema de generación en Canarias en el momento en que se cierre el acuerdo autonómico general, puede mantenerse por muchos años.

Esta situación, consecuencia de la decisión en su momento de sacar el déficit del sistema de generación eléctrica canario del déficit energético nacional (donde estaba y debería seguir estando totalmente), para 'aliviarlo' ha llegado a superar los mil millones de euros anuales.

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Esta situación, si no se resuelve a tiempo tendrá consecuencias negativas en el balance de las aportaciones del Estado a Canarias, que incluirá un concepto económico de dimensión importante, que restará fondos para ayudar a otros desequilibrios reales y que pueden quedar establecidos como criterios en los presupuestos estatales durante muchos años.