Construir con empatía

El caso del trazado de la nueva autovía del sur de Fuerteventura es un ejemplo devastador de cómo el necesario progreso, sin escucha activa ni sensibilidad, se convierte en un atropello. Y es que este proyecto amenaza con destruir dos valles de incalculable valor ambiental y cultural, el de Marco Sánchez y el de La Lajita.

Las tierras agrícolas y ganaderas que serán fragmentadas no son solo parcelas de terreno; son el sustento de generaciones de familias. Las montañas y los barrancos que se verán alterados no son solo paisajes bonitos; son ecosistemas que mantienen el equilibrio de una isla que ya enfrenta retos climáticos y ambientales. Y el espectacular Oasis Wildlife, el mayor centro de conservación de Fuerteventura y uno de los más valorados del mundo, no es solo una atracción turística; es un refugio para especies en peligro, un Jardín Botánico, un espacio educativo y un símbolo del compromiso con la biodiversidad.

El problema aquí no es solo el dantesco impacto del proyecto, sino el preocupante patrón que representa: decisiones tomadas desde despachos alejados de la realidad que viven quienes habitan los territorios afectados. El trazado de esta autovía fue decidido sin un diálogo real con las comunidades locales, sin escuchar sus inquietudes, sin valorar adecuadamente el impacto en su modo de vida ni en el entorno natural que les sustenta.

El progreso no tiene que ser destructivo. Existen alternativas viables al trazado de la autovía, como aprovechar zonas ya degradadas o implementar pasos subterráneos para minimizar el impacto ambiental y social. Estas soluciones requieren planificación, inversión y, sobre todo, voluntad política.

Modificar el recorrido no es solo una opción técnica, es una declaración de valores. Es decir que en Fuerteventura, el progreso no atropella ni a las familias ni al medio ambiente; que podemos avanzar sin sacrificar lo que nos hace únicos. Porque proteger estos valles y permitir que el maravilloso Oasis Wildlife pueda seguir abierto es proteger la esencia misma de Fuerteventura.

Pero esta problemática no es un hecho aislado. Otro ejemplo, en el pequeño barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento ha tomado otra decisión que ejemplifica esta desconexión: convertir el único solar disponible en una plaza que nadie necesita, ignorando la petición desesperada de los residentes y comerciantes de algo tan básico como aparcamientos.

¿En qué momento las decisiones políticas dejaron de responder a las demandas de las personas que viven y trabajan en los territorios afectados? El caso de San Cristóbal es revelador: un barrio donde el comercio local sobrevive con esfuerzo y donde los vecinos llevan años reclamando más aparcamientos. Ante esta necesidad evidente, el ayuntamiento decidió construir una plaza en el único solar disponible, una obra que no responde a ninguna demanda ciudadana.

Que ocurran estas cosas no es casualidad, sino un síntoma de un modelo de gestión pública donde la opinión de los expertos técnicos pesa más que la de quienes serán afectados por sus decisiones. Es cierto que los técnicos aportan un conocimiento valioso, pero no puede ser el único criterio. El desarrollo urbanístico y la planificación de infraestructuras deben estar al servicio de las personas, no al revés.

Los recursos públicos son limitados. Invertir en proyectos que no tienen sentido para la población local supone un despilfarro. Cada decisión que ignora a la ciudadanía mina la confianza en las instituciones. ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en sus administraciones si estas actúan de espaldas a ellos?

La participación ciudadana no es un mero trámite administrativo. Involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones no solo enriquece los proyectos, sino que también fortalece la confianza en las instituciones, fomenta el sentido de pertenencia y refuerza el tejido social.

Escuchar no es organizar una reunión para informar a la población de un proyecto ya decidido. Escuchar implica un diálogo real, en el que las administraciones y los técnicos estén dispuestos a adaptar sus planes a las necesidades de la comunidad. No basta con cumplir los trámites legales de participación ciudadana; se necesita una participación efectiva, donde la voz de la ciudadanía tenga un peso real en las decisiones finales.

Cuando las personas se sienten escuchadas, que sus ideas y preocupaciones son valoradas, se convierten en aliadas del cambio y del progreso. Por el contrario, cuando las decisiones se toman unilateralmente, la sensación de exclusión alimenta el descontento, el escepticismo y la desconfianza.

Es necesario también un cambio de enfoque en la formación y en el rol de muchos técnicos. Los profesionales encargados de diseñar proyectos deben entender que sus conocimientos son herramientas al servicio de las personas, no dogmas que se imponen sin discusión.

Porque, al final, el verdadero progreso no es solo una cuestión de obras públicas o proyectos bien diseñados. Es la capacidad de construir un futuro que respete a las personas, sus historias y sus necesidades.

Construir con empatía no es hacer un favor, es una estrategia inteligente y sostenible. Significa ponerse en el lugar de las personas que habitan y trabajan en los territorios afectados por las decisiones. Implica entender que estos no son solo espacios físicos, sino entornos llenos de vida, historias y emociones.

Es hora de que las administraciones públicas y los técnicos entiendan que no basta con construir infraestructuras; hay que construir futuro, comunidad y confianza. Para ello, deben abandonar el enfoque vertical en el que las decisiones se toman desde arriba y empezar a trabajar codo a codo con la ciudadanía.

Porque un barrio, un valle o una isla son el hogar de personas, sueños y tradiciones que merecen ser protegidos. Y solo cuando las decisiones públicas se toman con empatía y participación, el progreso deja de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad compartida.

Ojalá te sirva.