En una de esas sorpresas que, por desgracia, se producen con demasiada frecuencia, el decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los estragos que está causando en la economía de nuestro país la guerra en Ucrania, con una espiral inflacionista que no parece tener fin, abrió expresamente la puerta a la instalación de plantas regasificadoras en Canarias. El texto fija que no será precisa autorización previa, una disposición que choca frontalmente con los pronunciamientos hasta la fecha de los cabildos -sobre todo el de Gran Canaria- y el Gobierno, así como numerosos ayuntamientos.
Dentro de diez días, el decreto deberá ser convalidado en el Congreso y está por ver cómo se materializa la promesa del Gobierno de Ángel Víctor Torres de que se corregirá ese apartado. Como también está por ver que haya una explicación por parte del Ejecutivo central sobre lo ocurrido. Si fue intencionado, alguien deberá asumir la responsabilidad política en el Ministerio de Transición Ecológica, y si fue por desconocimiento, pues otro tanto.
Queda una tercera posibilidad, que apunta a que ese giro -realizado con nocturnidad y alevosía- pretende abrir la puerta al gas en Tenerife, cuyo Cabildo es proclive a esa fuente de energía. Sea como fuere, ya no cabe argumentar que en Madrid no saben lo que piensa Canarias al respecto, máxime cuando hay una ministra canaria, el portavoz socialista en el Congreso es igualmente isleño y la vicepresidenta tercera y ministra competente en la materia había estado en Gran Canaria hace solo un mes dando el pistoletazo de salida al Salto de Chira.
El tiempo para introducir en Canarias el gas como fuente energética de transición pasó y no hay vuelta atrás. Pudo tener su razón de ser hace años pero ahora, con la expansión de las energías limpias y su abaratamiento, así como con la apuesta decidida por la eólica marina, la llegada del gas solo serviría para echar el freno en los planes de descarbonización.
Si lo que pretendía Madrid era facilitar la instalación de plantas para el suministro de gas a buques en los recintos portuarios, como se pretende argumentar ahora para disculpar lo ocurrido, lo tenía muy fácil: bastaba con explicitarlo en el decreto.
El Ejecutivo se resiste a que el decreto se tramite como proyecto de ley porque es consciente de que habrá más propuestas de retoque. Pero si no quiere esa vía, tendrá que corregirlo de facto a posteriori y sin margen alguno para la duda.
Y lo que hay que corregir también con urgencia y con firmeza es esa reiterada costumbre en el Estado de hacer caso omiso a los planteamientos de Canarias.
Como tampoco son de recibo los incumplimientos. Lo hemos visto con el Régimen Económico y Fiscal en esta legislatura, ya fuera con los incentivos a la producción audiovisual o las interpretaciones sobre los plazos de la Reserva para Inversiones; lo hemos padecido con la deuda pendiente en carreteras, que no termina de cerrarse; tampoco se atendió durante meses a Canarias en materia migratoria; costó varias reuniones que se entendiera que el impacto de la pandemia en la economía era mayor que en otras autonomías por la dependencia del turismo, que se volatilizó por completo durante meses; seguimos pendientes del desarrollo del Estatuto de Autonomía, con traspasos competenciales de tanto calado como el de Costas, y ahora con el gas se ha demostrado que en Madrid o falta sensibilidad o hay desinterés. O sencillamente no se respetan los pronunciamientos institucionales del archipiélago.
La del gas es, por tanto, una batalla que tiene un denominador común con todos esos precedentes: el obligado respeto a Canarias. Para eso España se articuló como Estado de las Autonomías en la Constitución y de eso se supone que va la 'cogobernanza' que tanto le gusta mencionar a Pedro Sánchez y tanto incumple.
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