Libertad de pensamiento, libertad de expresión

El presidente del Gobierno ha conseguido algo realmente extraordinario: que sus apesebrados periodistas no sólo callen sumisamente ante su proceso de transición a una república bananera, sino que le aplaudan uno a uno los pasos que está dando para consumar este peligroso e indeseado esperpento.

Los progres tienen una curiosa obsesión con regular todos los aspectos de la vida… de la vida de los demás. Es como el absolutismo monárquico, pero todo mucho más chuli y ecoresiliente. Pero es lo normal, cuando la casta gobernante, como ocurre con casi todos los partidos, considera que gobierna sobre una población infantil, carente de inteligencia y que debe ser estabulada y férreamente dirigida y controlada.

El problema es que en este fin de ciclo hemos llegado a tal nivel de desvergüenza, que huele a podrido por todos lados. Por eso nuestro afamado líder, nuestro bienamado gran timonel, no admite ni críticas, ni consejos, ni corrientes de opinión.

Cualquier mensaje disidente, cualquier pensamiento divergente, se convierte en un bulo, en un lodazal franco-pantano que es necesario etiquetar de la forma más perversa posible. Esta ley de «regeneración democrática» es una peligrosa maquinación para acallar, para fulminar a cualquier medio, plataforma, autor, pensador o periodista que ose criticar a nuestro líder y a sus clarividentes ministros, artistas, comegambas y demás simpáticos voceros.

Es la misma historia de siempre. Los enemigos de la libertad con sus «ministerios de la verdad». Ahora que cada dos por tres se airean presuntos casos de corrupción vinculados al poder, el gobierno ha anunciado sus planes para acabar con «los tabloides digitales que difunden bulos» (La Vanguardia, 16-6-2024). Cada vez se percibe más cristalinamente que el poder no soporta los medios de comunicación que no controla, sobre todo cuanto más despótico es. Vienen tiempos con curvas…

Mientras le intentan poner un bozal a los medios no afectos, los que mandan (y mandan muchísimo), aprovechan para proponer reformar el acceso a la carrera judicial, eliminando el «elitista» y «obsoleto» sistema de oposiciones. Se están cargando la separación de poderes, y resulta necesario recordar que Montesquieu nunca habló de «división de poderes», siquiera de «separación», lo que afirmaba el autor, y es aún más importante, fue que: «el poder contenga al poder», pues «es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él, llegando hasta donde encuentra límites».

En mis líneas del sábado pasado hablaba de que el régimen del 78 está expirando, cada día lo tengo más claro. Década a década se ha materializado que no existe ninguna contención al poder, otorgando una fuerza creciente a un aberrante sistema de partidos, a una partitocracia, que solo existe para su desmedido y voraz crecimiento.

Los arrebatos liberticidas de estos globalistas disfrazados de izquierda alcanzaron un crecimiento exponencial a partir de la pandemia. No les bastó con cerrar ilegalmente el Parlamento nacional, no fue suficiente con encerrarnos a todos inconstitucionalmente, sino que arrasaban contra cualquier disidente. Ahí le cogieron el gusto de verdad. El Gobierno de Sánchez arremetió contra quienes criticasen sus acciones.

Por ejemplo, la ministra Isabel Celáa dijo: «No podemos permitir que haya mensajes negativos». Otro de la cuerda, Alfonso Gómez Celis, señaló: «En esta pandemia tenemos que desechar a los que señalan con el dedo los errores». Vamos, lo mejor para la libertad. Tanto hablar de transparencia y verdad, pero nadie quiere analizar las estadísticas vinculadas al exceso de mortalidad. Algo tan evidente, que destaca la opacidad para obtener datos oficiales.

En este caso, como ocurre con el indisimulado deseo de controlar a jueces y a los medios de comunicación, no solo están aprendiendo de los manuales bolivarianos, siempre tan útiles y próximos. Aquí contamos con una contrastada doctrina propia, cuyo mejor ejemplo es la Ley de Defensa de la República de 1931. Utilizando el problema de la Sanjurjada, hábilmente aprovecharon para cerrar más de 130 periódicos. El futuro Frente Popular aprovechó la ocasión y el gobierno obtuvo un poder inmenso para reprimir a la oposición y perseguir a los ciudadanos que se le antojase.

Ahora, con el soporte de un hipócrita y tendencioso reglamento comunitario, aprobado por socialistas, populares y liberales, quieren «estrangular» a los medios y periodistas que les perturban. El llamado «equipo de opinión sincronizada», que transmite en tertulias y editoriales las consignas de su Sanchidad, apoyará la operación porque espera recibir más prebendas al reducirse los comensales de la tarta publicitaria. Los números cuadran a la primera. Más gambas y menos libertad.

Están polarizando a la sociedad manipulando la información. Están generando enfrentamientos artificiosos modificando arbitrariamente nuestra historia. Y todo ello tiene un presupuesto. Indirectamente con todas las redes clientelares que viven del pesebre estatal, y después con ejemplos como el Plan de Comunicación y Publicidad Institucional, que en el ejercicio 2023 ascendió a 21 millones de euros. Solo en publicidad institucional, de la que viven y dependen muchos medios. Por ejemplo, el grupo Prisa, para que nos hagamos una idea, se adjudicó más del 15% de todo el presupuesto del Ministerio de Economía para esta finalidad. Me ahorro comentar lo que nos cuentan las televisiones públicas. Nos lo ahorramos.

La libertad de expresión es fundamental. Son los medios los que deben auditar los resortes del poder. Pero lo que verdaderamente es fundamental es la libertad de pensamiento. Me fascina la sentencia de Camus: «La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma existencia es un acto de rebelión».