La Manada, la justicia y las mujeres

Si de algo nos tenemos que alegrar sobre los efectos de la sentencia de la Manada, es de la reacción mayoritaria de la sociedad española. Las reacciones de indignación en la redes sociales, en la calle y en las manifestaciones espontáneas por todo el país ponen de manifiesto que hemos superado aquella etapa de complacencia y connivencia con el machismo y todas sus manifestaciones. Hemos entrado en una nueva etapa en la que la sociedad hace suyas las reivindicaciones históricas de las mujeres, en la que, a pesar del camino que queda por recorrer, asumen su lugar social, un papel distinto que rechaza profundamente las agresiones físicas, la violencia de género, la discriminación laboral o las agresiones sexuales. Ayer pudimos comprobar que, por fin, la sociedad reacciona ante una injusticia de la justicia, y que ésta está muy lejos de las conquistas sociales.

Es verdad que el asunto de la Manada adquirió relevancia mediática y, que, en muchos medios se convirtió en un espectáculo, pero también lo es que la sociedad española creyó el relato de la víctima, a pesar de que ésta siempre dijo que no ofreció resistencia. En una cosa está de acuerdo la sociedad española y la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, en que no hubo consentimiento de la víctima y por tanto los cinco acusados cometieron un delito grave. Pero el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra se agarra a esta falta de combatividad de la joven, de resistencia y de la ausencia de violencia para condenar por abusos sexuales y no por violencia. La sentencia hace un relato de hechos escalofriantes, en los que se describe cómo cinco hombres la introducen en un portal, y, con clara superioridad numérica y de fuerza física la penetran por turnos, graban la escena, le roban el móvil y la dejan abandonada sin ningún tipo de remordimiento. Es más, después suben esas imágenes a su chat se jactan de lo que han hecho y olvidan el asunto. Previamente habían dado muestras de machismo irredento con el trato a las mujeres en sus comentarios en las redes. Sus perfiles los delatan y durante el juicio convierten a la víctima en culpable y no reconocen su mínima culpabilidad.

Es muy difícil entender que la sentencia reconozca que la voluntad de la joven se vio quebrada por la superioridad de los cinco hombres y por las circunstancias sobrevenidas, la voluntad machista de no contar con ella para un acto múltiple de sexo en grupo, y que no sean condenados a la máxima pena por violación. Los jueces se agarran a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige la fuerza y la violencia para doblegar la voluntad de una persona, algo que consideran que no ha quedado acreditado, como tampoco la intimidación, para lo que se exige la amenaza, tampoco probada. (Sí reconoce que no hubo consentimiento) Una cuestión polémica porque, a mi triste entender, si los cinco hombres usaron su superioridad física y anularon la voluntad de la joven usaron la superioridad y por tanto violentaron a la joven. Es más, el prevalimiento de la superioridad está pensado en el Código de Derecho Penal para el uso de la autoridad jerárquica, por lo que esta salida de la Audiencia Provincial es un tanto heterodoxa, entraña. Posiblemente es una tercera vía para conciliar al máximo las posturas de los jueces en el tribunal y dar una condena a la sociedad, que también ha resultado insuficiente. El Tribunal, si quisieran esos jueces, algunos claramente impregnados de bastante machismo como demostraron a lo largo de la vista acosando a la víctima, podía entender la superioridad como el eje de la agresión y de la violación, pero no lo hicieron, decepcionando a una sociedad que está mucho más allá que las resoluciones impregnadas de naftalina que tanto gusta a la judicatura, siempre alejada de la realidad social.

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Es evidente que en este nuevo paradigma social, en el que la igualdad de las mujeres es asumido como un hecho incontestable, ya no basta con los argumentos legales como los esgrimidos para defender la pulcritud jurídica del fallo judicial, es decir, que los jueces sólo han aplicado la ley y los criterios del Tribunal Supremo a la hora de valorar una violación. Es necesario ir más allá, conectar a la sociedad la ley y sus interpretaciones, una cuestión que no sólo compete a los jueces, sino a la política, a los legisladores, a los que hay que pedir que se legisle para condenar cualquier manifestación machista y violenta contra las mujeres, que los que son capaces de presumir y jactarse de acciones como la que protagonizaron los miembros de la Manada, sientan, primero el rechazo social, segundo que sobre ellos cae todo el peso de la ley y tercero miedo y respeto ante los signos de civilización de una sociedad que no admite y rechaza activamente la violencia contra las mujeres.