Me encuentro en el sexto capítulo de mi reflexión o, mejor dicho, de esta Rendición de Cuentas que escribo tanto para los demás como para ... mí mismo.
Aún estoy en la etapa preconstituyente y hoy me corresponde hablar sobre el inicio del proceso autonómico canario, o más precisamente, del preautonómico, ya que se desarrolló antes de la aprobación de la Constitución, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Tras su aprobación, se disolvieron las Cortes Constituyentes, de las cuales formé parte como diputado por la provincia de Las Palmas, dentro de la Unión de Centro Democrático (UCD) liderada por Suárez. Nos situamos, por tanto, en el período comprendido entre junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, y finales de 1978, en plena preautonomía.
Antes de adentrarme en el complejo bosque de acontecimientos que reavivaron el llamado pleito insular y provocaron la ruptura de la UCD en Canarias —con sus razones, explicaciones y el debate sobre las decisiones tomadas por unos y otros— quiero destacar un aspecto que afectó no solo a Canarias, sino también a otras regiones de España con distinta intensidad.
Cuando Franco falleció en noviembre de 1975, la sociedad española en su conjunto, y en especial las fuerzas políticas de la época, redoblaron sus esfuerzos ante un proceso democrático que avanzaba de manera imparable y acelerada. Estos esfuerzos giraban en torno a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la dimensión ideológica, que marcaba una fuerte división entre los sectores inmovilistas (franquistas y nostálgicos del régimen anterior, representados, entre otros, por Fuerza Nueva de Blas Piñar) y los rupturistas, principalmente de izquierda (como el PSOE de Felipe González, el PSP de Tierno Galván y el Partido Comunista de Santiago Carrillo). Entre ambos extremos, se situaban democristianos, liberales y socialdemócratas, agrupados en torno a figuras aperturistas del franquismo, como el propio Suárez, y otros menos numerosos dentro de Alianza Popular, liderada por Fraga. En este contexto, la UCD, desde el centro, impulsaba una reforma profunda basada en la monarquía parlamentaria, un modelo que finalmente logró consolidarse.
El segundo frente era el territorial, relacionado con la descentralización, el autogobierno, la autonomía e incluso el separatismo. En este ámbito coexistían —y aún hoy conviven— fuerzas no solo ideológicamente distintas, sino enfrentadas. Ejemplo de ello son el PNV y Bildu en el País Vasco, o Convergència y Esquerra Republicana en Cataluña.
En Canarias, el máximo exponente del nacionalismo extremo fue Unión del Pueblo Canario, que, bajo el liderazgo de Fernando Sagaseta, llegó a obtener un escaño en las Cortes en las elecciones de 1979, la primera legislatura no constituyente.
Se trataba, en definitiva, de un auténtico mosaico de ideologías dispares y aspiraciones territoriales diversas, todas buscando imponer su propio modelo de convivencia. En ese contexto, lograr el consenso constitucional fue poco menos que un milagro. La mejor muestra de ello es el artículo 2 de la Constitución, cuyo cumplimiento estricto, tanto en términos políticos como jurídicos, podría frenar los excesos y desafíos que, cada vez con mayor intensidad, impulsan los separatistas vascos y catalanes.
«La Constitución se basa en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Al mismo tiempo, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la conforman, así como la solidaridad entre todas ellas». Un artículo hermoso, que debería ser de estudio obligatorio en todos los colegios de España y de estricto cumplimiento y respeto por todas las fuerzas democráticas del país.
El conflicto de las Cañadas
¿Qué fue la preautonomía en este complejo escenario político? La preautonomía fue un intento de anticipar el proceso de descentralización, acelerando la llegada de la autonomía que posteriormente sería reconocida y regulada en la Constitución. Este marco normativo quedó plasmado esencialmente en el Título VIII, 'De la organización territorial del Estado' (arts. 138 a 158).
Lógicamente, Cataluña y el País Vasco fueron las primeras regiones en constituir sus asambleas provisionales preautonómicas, con el objetivo de diseñar un organigrama de autogobierno, negociar la cesión de competencias con el Estado y elaborar los borradores de sus respectivos Estatutos de Autonomía. Canarias no se quedó rezagada en este proceso. De hecho, fue la tercera en obtener un Decreto-Ley, el 9/78 de 17 de marzo, aprobado en Consejo de Ministros, que establecía un plazo de un mes para la creación de la Junta de Canarias. Esta asamblea estaría integrada por los diputados y senadores elegidos en 1977, además de representantes de los cabildos insulares, garantizando una adecuada proporción de aquellas elecciones constituyentes.
Se convocó a los parlamentarios canarios a una sesión en el parador de Las Cañadas del Teide, y allí estalló una tormenta, aunque no precisamente meteorológica. Y eso que las previsiones políticas no anticipaban turbulencias, dada la enorme mayoría en principio de la propia UCD.
Éramos 23 los diputados y senadores elegidos en Canarias en junio de 1977: 13 diputados (6 por Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife) y 10 senadores, distribuidos de la siguiente manera: 3 por Gran Canaria, 3 por Tenerife, y 1 por cada una de las siguientes islas: Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera-El Hierro (estas dos últimas, en 1977, elegían un solo senador en conjunto). A estos 23 representantes se sumaba Antonio González, antiguo rector de la Universidad de La Laguna, quien ocupaba un escaño en el Senado por designación real.
El equilibrio de fuerzas favorecía a la UCD, que contaba con 17 parlamentarios frente a los 5 del PSOE y 1 de Asamblea Majorera, un senador por Fuerteventura. Con esta mayoría de 17 sobre 6, la UCD tenía garantizada la capacidad de imponer sus candidatos tanto en la Junta de Canarias en pleno (de 28 miembros) como en su Comisión Permanente, el órgano de gobierno provisional compuesto por 14 integrantes.
Días antes de aquel 14 de abril, en presencia del ministro de Regiones, Manuel Arévalo, los parlamentarios de la UCD firmamos un pacto interno. Se acordó que todos los parlamentarios formaríamos parte de la Junta de Canarias y que el primer presidente sería Fernando Bergasa, diputado por Las Palmas.
Aquel acuerdo político se echó por la borda. Parte de UCD de Las Palmas, la mayoría de UCD de Santa Cruz, junto con los socialistas y el senador de AM, tendieron una trampa a los nueve diputados y senadores que intentamos cumplir con el pacto de UCD. Éramos Fernando Bergasa, Rafael Martín Hernández y yo mismo, diputados por Las Palmas; Rubens Henríquez y Manuel Acevedo, diputados por Santa Cruz; así como los senadores Fernando Jiménez y Gregorio Toledo por Gran Canaria, José Manuel Barrios por Tenerife y Rafael Stinga por Lanzarote. Constituíamos mayoría dentro de UDC.
Pero la sesión del 14 de abril de 1978, los parlamentarios ajenos a la conjura fuimos deliberadamente aislados. Se prepararon papeletas por parte de los disidentes y, de manera inesperada y sin previo aviso, se llevó a un notario a una reunión que, en principio, era exclusivamente política. Todo ello con el propósito de levantar acta de una maniobra que tuvo serias consecuencias tanto políticas como personales.
Existen diversas razones que explican aquel caos. En primer lugar, el PSOE estaba encantado de romper la UCD, que en ese momento era la fuerza hegemónica en Canarias. Además, Jerónimo fue recompensado con la vicepresidencia de la Junta de Canarias. Los liberales de la UCD en Gran Canaria querían un presidente del grupo liberal de Garrigues, Alfonso Soriano, y a su vez, disminuir el peso político que teníamos en esta isla y en la provincia, los liberales de Camuñas y Unión Canaria de Olarte.
Sin embargo, el eje fundamental de todo el proceso era la convicción de una parte importante de la UCD de Tenerife, liderada por su diputado y presidente del Cabildo, Galván Bello, de que el primer presidente de Canarias, aunque fuera en un órgano provisional y con pocos recursos como el preautonómico, debía ser de Tenerife.
Quiero destacar que en aquella etapa, en la que se estaban definiendo temas cruciales como la autonomía, el papel de los cabildos y las provincias, los equilibrios y las paridades representativas, entre otros, la elección del primer presidente de Canarias, para algunos, aparecía como fundamental. Esto es, para los defensores de una isla que algunos consideraban superior, Tenerife, capital del archipiélago hasta la división provincial de 1927 de Primo de Rivera, esta cuestión representaba una oportunidad para reorganizar Canarias, replicando lo que resumidamente refleja el título de la novela de la irlandesa Olivia Stone, 'Tenerife and its 6 Satellites' (1887). Una isla como capital política, económica y universitaria.
Desde Gran Canaria, siempre he entendido que lo que se ha buscado no es la primacía, sino el equilibrio, la paridad y la capitalidad compartida. Algunos luchaban por la superioridad, mientras que otros, como nosotros, lo hacíamos por la igualdad y el equilibrio. Sé que, una vez más en mi vida política, seré objeto de críticas por reiterar este punto, pero ha sido y sigue siendo mi convicción, y lo reflejo en esta rendición de cuentas.
Cuando fui presidente del Parlamento de Canarias, en dos mandatos, de 1995 a 1999 y de 1999 a 2003, siempre traté de demostrar un espíritu auténticamente regional, basado en ese equilibrio entre las dos islas más pobladas, Gran Canaria y Tenerife, con una capitalidad compartida y, al mismo tiempo, prestando especial atención al resto de las islas. Volveré a profundizar en estos temas cuando en una próxima entrega aborde la redacción y aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, del que también fui ponente.
El tema de la preautonomía se encarriló posteriormente, pero los que participaron de Las Palmas en aquella maniobra fueron excluidos de la política de UCD, y, de manera injusta, los leales a UCD de Santa Cruz fueron apartados de la política activa de Tenerife con posterioridad. Pocos meses después, Fernando Bergasa asumió la presidencia de la Junta de Canarias, y luego fue sustituido por Vicente Álvarez Pedreira, quien, junto a otros como Francisco Ucelay, fue un hombre más conciliador y cercano a la isla de Tenerife. El pleito insular, aunque más o menos soterrado, continuó con la elaboración del Estatuto de Autonomía, el retraso en su aprobación, la ubicación de sedes, la representación por islas, entre otros aspectos que dejaré para el próximo capítulo.
La confrontación de las Cañadas solo provocó división y deterioro, y poco valió a quienes la tramaron. El propio PSOE, como me comentó personalmente Saavedra, con quien siempre tuve una excelente relación y a quien siempre aprecié por su valía política, se arrepintió de lo que había hecho. Incluso renunció a formar parte de la Junta cuando se reconstruyó su composición, otorgándole a UCD el papel que las urnas les habían dado.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.