La crisis migratoria en Canarias: ¿Una emergencia nacional que requiere un estado de alarma?

La infraestructura de acogida para MENAS en Canarias está desbordada. Por ejemplo, Tenerife, una de las islas con mayores recursos, contaba en 2019 con 354 plazas gestionadas por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). A pesar de los esfuerzos por aumentar dichas plazas, los 5.812 menores tutelados en la actualidad evidencian la saturación del sistema. Las ONG que gestionan estos centros han señalado que se ha superado la capacidad para ofrecer una atención digna y urgen al Gobierno central a intervenir.

Esta crisis supera incluso la conocida 'crisis de los cayucos' de 2006, convirtiéndose en la llegada más masiva registrada hasta la fecha. Las autoridades locales enfrentan un colapso de los servicios esenciales, con recursos insuficientes para atender a la población migrante, y alertan del impacto social y económico en las comunidades de acogida. ¿Acaso no estamos ante una emergencia nacional que demanda medidas excepcionales?

En este contexto, expertos y juristas han propuesto la posible activación del estado de alarma, regulado por el artículo 116 de la Constitución Española y desarrollado en la Ley Orgánica 4/1981. Este mecanismo puede aplicarse en situaciones de crisis o calamidad pública que superen la capacidad de respuesta de las autoridades ordinarias. En el caso de Canarias, la declaración de un estado de alarma permitiría: Redistribuir a los inmigrantes y MENAS entre las comunidades autónomas de forma coordinada y respaldada por un marco jurídico sólido; movilizar recursos estatales para garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales; ofrecer una respuesta rápida y efectiva a una situación que compromete tanto el bienestar de los afectados como la estabilidad de los servicios locales.

Aún así, la realidad es distinta. La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha solicitado a la Dirección General de la Policía la ampliación de la plantilla mediante la atribución temporal de funciones para hacer frente a la creciente presión migratoria. Sin embargo, estas peticiones no han sido atendidas por el Gobierno. Al mismo tiempo, se critica a la Unión Europea por su supuesta inacción ante la crisis migratoria en Canarias y, por extensión, en Europa. No obstante, la gestión de la política migratoria y fronteriza es una competencia nacional. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) solo puede prestar asistencia técnica y operativa a los Estados miembros que lo soliciten expresamente. Según el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, el Gobierno de España no ha presentado ninguna solicitud formal al respecto.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura haber instado a la Unión Europea a que Frontex retome la vigilancia marítima en aguas africanas del Atlántico, en una operación similar a la Hera de 2006, con el objetivo de frenar la inmigración irregular hacia Canarias. Sin embargo, la reactivación de este tipo de operativos requiere la firma de acuerdos bilaterales con los países africanos implicados, los cuales aún no se han concretado.

En definitiva, la situación migratoria en Canarias no solo desafía la capacidad de gestión del Gobierno, sino también su voluntad política para responder de manera firme y efectiva a una crisis que afecta a todo el país. Declarar el estado de alarma podría ser una herramienta clave para gestionar esta emergencia humanitaria de manera ordenada, solidaria y con respaldo legal. Es imperativo un liderazgo decidido que equilibre la protección de los derechos humanos de los migrantes con la estabilidad de las comunidades de acogida.