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El riesgo de derrumbe de un edificio en Vecindario ha puesto al descubierto dos de los grandes problemas de esta Canarias del siglo XXI. Problemas ... que no son específicos de las islas pero eso no debe ser excusa para entrar en el análisis y buscar las posibles soluciones.
Antes, es de justicia reconocer que el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se ha volcado en el asunto, prestando atención a los afectados y priorizando la seguridad. Incluso frente al deseo de algunos de meterse de nuevo en el interior del inmueble pese a las advertencias sobre el grave riesgo de derrumbe.
Vayamos ahora con el fondo de la cuestión: el inmueble albergaba más casas de las fijadas en su día, de manera que se fue convirtiendo en una especie de camarote de los hermanos Marx en el que alguien hacía negocio de la crisis habitacional. En paralelo, el Ayuntamiento no se enteró de lo que sucedía, pese a que entre sus responsabilidades está saber cómo viven sus vecinos, empezando por cuántos son, quiénes son y bajo qué techo duermen.
Se combinan así tres factores que pueden dar un cóctel explosivo: la necesidad de muchos, la codicia de unos pocos y la inacción de quienes están obligados a resolver lo primero y atajar lo segundo. Esa combinación parece haberse dado en Vecindario y no precisamente en un lugar recóndito, alejado de la vista de todos. Porque ese es otro factor agravante: sucede en el epicentro urbano, por donde pasan agentes de la Policía Local, funcionarios municipales… ¿y nadie vio nada?
Hace un tiempo se generalizó una expresión odiosa: el 'piso patera'. Dícese de aquel donde cada habitación se comercializa como si fuera una vivienda, básicamente en economía sumergida, y donde la necesidad alimenta los ingresos en B.
La solución no pasa, como hace ahora Donald Trump, por perseguir a los que malamente tienen para pagarse un techo sino en un preguntar a las administraciones por qué el derecho a una vivienda digna es un precepto constitucional escrito sobre papel mojado. Tanto que se nos llena la boca con la defensa de la Carta Magna y tanto que aplaudimos aplicar el artículo 155 a quien se la saltó y, por contra, se mira para otro lado con los deberes de ámbito social.
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