Mala noticia

Vaya por delante la presunción de inocencia pero en este y en otros casos similares hay que preguntarse si algo está fallando. Y esa pregunta hay que centrarla en los mecanismos de fiscalización por parte de las administraciones, en este caso el Gobierno canario y también el Cabildo grancanario, pues ambos confían en entidades que, como es el caso, acaban bajo la lupa judicial.

En el asunto de los menores no es la primera vez, de forma que llueve sobre mojado. Sigue igualmente en sede judicial el caso de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que también tuteló centros de inmigrantes, y cuya gestión quedó en entredicho ante los indicios de que había un absoluto descontrol del dinero público. Eso habría permitido -siempre, insisto, con la presunción de inocencia por delante- que dinero de todos los canarios destinado a garantizar los derechos de los tutelados acabasen siendo utilizados con fines particulares, ya fuese para pagar desplazamientos o incluso tratamientos médicos.

En ese y otros casos, fiscales y jueces se han tropezado con una dinámica administrativa que no es de recibo:llega un dinero para fines públicos -en ocasiones de fondos estatales, otras veces comunitario y también de las arcas autonómicas-, se deposita en manos de entidades privadas y no se hace control alguno de cómo se está empleando. Solo se piden unas facturas, que se firman sin detenerse casi en la lectura y se da por bueno lo que dice el que espera el cobro del dinero comprometido. Después pasa lo que pasa:llega alguien de dentro que alerta de irregularidades, lo pone en conocimiento de los órganos judiciales y empezamos a ver que bajo aquel descontrol había un ejercicio de hacer de la capa un sayo que es indefendible en un Estado de derecho.

Canarias pierde fuerza en su reclamación de una salida para el asunto de los menores migrantes cada vez que hay un episodio como el de este lunes. Razón de más para extremar la fiscalización y depurar responsabilidades.