El interés superior

El Supremo dictamina que la bola cae en el campo del Estado, que tiene diez días para explicar cómo resuelve ahora esa atención, especialmente si tenemos en cuenta que la máxima estatal hasta la fecha era que Canarias asumía el 'problema' y, como mucho, el Gobierno de la Nación pagaba los costes de atender a los chicos y chicas.

Sin embargo, el Supremo va más allá. Se centra en que prevalece el interés superior del menor, de manera que, si ha pedido asilo, debe ser tratado como si fuera un adulto en ese proceso. ¿Dónde está el escollo?, se preguntará más de uno. Sencillamente en que la maquinaria de tramitación del asilo es tan lenta que pasa más de un año desde el inicio hasta la finalización. ¿Por qué? La respuesta es un misterio pero quizás porque alguien en un despacho ministerial pensó que una concesión rápida de los asilos podría generar un 'efecto llamada'. Sea como fuere, el Supremo ha hablado: la razón jurídica está del lado del Gobierno canario y el Estado debe ponerse las pilas.

Ahora toca hacer caso a los jueces y que los menores vean garantizados sus derechos. No caben excusas y hay que grabarse a fuego eso de que el interés superior del menor es lo que prevalece. Hace meses fue el Ejecutivo canario el derrotado con su fallido protocolo de menores y ahora es el Estado. En ambos casos, cúmplase el acuerdo judicial y pongamos fin a este peloteo con niños y niñas esperando que alguien recuerde que son algo más que asientos contables.

Y esperemos que lo mismo suceda con el decreto para la derivación exprés de unos 4.400 menores que ahora están acogidos por Canarias y Ceuta. La Comunidad de Madrid ya avanzó que recurrirá el decreto ley. A ver si en ese caso prevalece igualmente el interés superior del menor, y no el interés del político de turno.