Fiscalización

No es habitual que un dirigente público admita que algo no funciona y por eso el reconocimiento al gesto del presidente. Pero, dicho eso, hay una realidad que precisa una reflexión: el descontrol en la gestión pública, ya sea por falta de medios o por pocas ganas de saber lo que está pasando. Las carencias del centro de Lanzarote fueron advertidas hace tiempo, incluso por la Fiscalía, y todo quedó en lo que ya empieza a ser habitual: la Administración se fía de la palabra de quien, desde el ámbito privado, gestiona y promete que lo subsanará, pero pasan los días y los meses y no se hace nada. Pero, eso sí, las facturas siguen llegando a la Hacienda pública y se pagan religiosamente. Es más, llegarán en su momento a los interventores delegados y también nos dirán que todo estaba bien, que los procedimientos se cumplieron, las facturas entraron y el dinero salió, de manera que aquí paz y en el cielo, gloria. ¿Pero y el servicio prestado?

Cuando no hay un celo fiscalizador, acaban pasando esas y otras cosas más graves (presuntamente más graves). Todavía está en sede judicial el caso de la Fundación Siglo XXI y cómo se gestionó igualmente el dinero para centros de menores, pero es que acabamos de conocer que la Fiscalía se querella contra el líder de la COAG y su entorno por hacer, supuestamente, de su capa un sayo con el dinero público para atender a menores. Ya puestos, podemos hablar de lo que sucedió en la Sociedad de Promoción de la capital grancanaria o lo que parece que va camino de pasar en la de Telde, Gestel.

¿Tanto cuesta parar un segundo y revisar los protocolos de fiscalización internos? Porque, para más inri, después tenemos una Audiencia de Cuentas que para una vez que se tomó en serio la revisión de contratos públicos, llegaron dos llamadas de teléfono y se mandó parar.