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La clase política es adicta a «hacer pedagogía», ejercicio con la que nuestras ilustradas señorías hacen comprender a la ciudadanía la «realidad». Esta reiteración puede ser uno de las causas por las que una parte de la ciudadanía ha acabado admitiendo que son menores de edad y necesita que alguien les guíe. Aunque nada se sepa de que ese alguien tenga los más mínimos conocimientos siquiera sea para guiarse a sí mismo.
Faltan bomberos y bomberas, policías locales, plantillas de limpieza en las ciudades, médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, faltan especialistas en psicología en los institutos anatómicos forenses, faltan especialistas en atención temprana, falta personal en los juzgados, faltan plantillas en los colegios e institutos. Falta gente que investigue, y quien lo hace está en precario, faltan docentes en las universidades, faltan hospitales, faltan plazas sociosanitarias, falta funcionariado para tramitar la dependencia, el ingreso mínimo vital,… y falta vergüenza, mucha vergüenza para salir ante la ciudadanía a echarle la culpa a que ésta no comprende la «realidad».
La teoría del salchichón, que consiste en ir cortando imperceptible una pequeña loncha cada vez, cuando se aplica a los servicios públicos esenciales, se traduce en esto que tenemos ante nuestros ojos. En los últimos 20 o 30 años, esa España que iba equiparándose a los «países de su entorno» iba recortando y privatizando poco a poco, soltando de vez en cuando algún acto cultural o un circuito del motor para efímero deleite de la voraz clase media adicta al espectáculo. Sin embargo, la realidad que había que explicar es la que comienza a devorarnos, mediante incendios forestales que no encuentran enfrente el número de funcionarios capaces de hacerle frente.
El problema no es que el político de turno quiera hacer un circuito del motor, un tobogán gigante o ampliar el estadio para acoger un mundial. El problema es de quien se cree que esas migajas le van a compensar de la inmundicia que está obteniendo a cambio.
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