Opinión

Solidaridad con Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estará este lunes en el Congreso, una presencia que está en coherencia con el proceso negociador realizado hasta la fecha y el consenso alcanzado con Madrid. Allí le acompañarán, además de los portavoces parlamentarios de los grupos citados, los ministros Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática, y Sira Rego, responsable de Infancia y Juventud.

Los tres comprobaron el pasado día 10 en Tenerife, en el marco de la Conferencia Sectorial, que la solidaridad voluntaria -el mecanismo vigente- funciona tarde, mal y, en la práctica, casi nunca. El reparto de casi 400 menores acordado supone un paso en positivo, pero se trata de una distribución que tuvo que haberse aplicado hace más de un año y que, en todo caso, apenas alivia el colapso habitual. No hay más que recordar que la capacidad fijada para Canarias está en unos 3.000 menores; ahora son casi 6.000 los atendidos y el flujo de pateras y cayucos continúa, con el añadido de que la información en poder de los gobiernos central y canario apunta la existencia de decenas de miles de migrantes esperando para embarcar en las costas de Mauritania, Senegal, el Sáhara Occidental y Marruecos.

Ese pírrico reparto de 400 menores fue la excusa utilizada por Vox el jueves para romper sus pactos autonómicos con el Partido Popular. El partido de Santiago Abascal ya demostró su falta de compromiso con la realidad de Canarias al ser el único que se desmarcó del frente común de partidos, instituciones, agentes económicos y sociales de las islas en esta materia. Y si eso ya fue revelador, más aún el hecho de emplear un asunto donde está en juego la protección de los derechos de los menores para romper con la responsabilidad que se exige de quienes asumen tareas de gobierno.

El aparente viaje de Vox hacia ninguna parte, incluido el acercamiento al prorruso Viktor Orbán, libera en todo caso al PP de un aliado que le habría puesto mucho más difícil apoyar la proposición de ley que se presenta este lunes. Lo deseable, desde la óptica de Canarias y de Ceuta y desde la exigencia de esa protección de los derechos de los menores, es que el texto sea aprobado antes de final de mes. El PP ha dejado entrever que quiere mejoras, como también otras fuerzas políticas, y los partidos proponentes no deben ser cicateros en ello. Cabe, como sigue defendiendo el presidente Clavijo, la vía del decreto ley, pero en todo caso deberá ser convalidado igualmente en las Cortes y eso obliga a contar nuevamente con mayoría absoluta. Y tanto en una vía como en la otra, el PP es clave porque el nacionalismo catalán ha optado también por una insolidaridad sangrante, algo que Pedro Sánchez debería tener presente cuando presume de haber sido investido por «una mayoría progresista». Esa 'normalización' de Cataluña que, según el PSOE, vendría de la mano de la amnistía, debería incluir acabar con posiciones egoístas como las de Junts y ERC en este asunto.

Lo cierto es que llega el momento de dar solución a un problema de Estado que tiene a Canarias en el epicentro de un drama social. Se podrá discutir si la política migratoria de España y de la propia Unión Europea son mejorables, como también si los países emisores pueden hacer algo más para controlar a las mafias, pero Canarias, los 6.000 menores atendidos a día de hoy y los que van a seguir llegando, merecen ya una respuesta. Canarias, como tierra de emigrantes que ha sido, sabe lo que es la solidaridad y por eso mismo mira ahora al resto del Estado y, desde este lunes, al Congreso. Son otros los que deben mirar a Canarias y actuar.