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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado esta semana que celebrará una ronda de reuniones con los dirigentes de los partidos con ... representación parlamentaria -excepto Vox- para buscar consenso en torno al anunciado incremento del gasto militar. Lo dijo el mismo día que acudía a la cumbre comunitaria para allí comprometerse a ese aumento, de manera que cabe preguntar, de entrada, por qué no recabó primero el parecer de los partidos, que son al final los que deberán aprobar en las Cortes los Presupuestos Generales del Estado con ese gasto adicional en materia de defensa.
En paralelo, el Gobierno que ahora quiere cubrirse con una pátina de dialogante ha mostrado que sus preferencias a la hora de negociar no están con los partidos con mayor representación, sino con aquel que fue clave en la investidura de Sánchez y que lo está siendo para su continuidad en La Moncloa: Junts, con un prófugo como Carles Puigdemont al frente y con siete diputados en el Congreso que ya han demostrado su capacidad para presionar e incluso humillar al presidente del Ejecutivo, a todo su Gobierno y, en especial, al Partido Socialista.
El acuerdo para ceder a Cataluña la gestión integral de la política migratoria supone un enorme salto cualitativo. Estamos hablando de una competencia estatal, con implicaciones en política interior, en cohesión territorial y también en materia exterior. Solo esto último hacía necesario un consenso amplio previo, que debería haber ido más allá de los partidos e incluir a todas las autonomías. Un presidente como Sánchez, que tanto presumió en su día de la 'cogobernanza', debió haber convocado la Conferencia de Presidentes para compartir sus planes migratorios con Junts y recabar las opiniones del resto de comunidades. En lugar de ello, el PSOE ha puesto su rúbrica en un acuerdo ya registrado en el Congreso que genera dudas sobre su constitucionalidad y que, para más inri, ni siquiera tiene el apoyo del resto de partidos que hicieron posible la investidura. A eso se añade que Junts entiende que el acuerdo le permite exigir el catalán como requisito para la residencia, un planteamiento segregacionista que supone un paso más en la quiebra del Estado. Sobre esto, la ambigüedad de Sánchez y del PSOE acrecientan las sospechas de que estamos ante otra concesión al independentismo.
Estamos, por tanto, ante otro paso en la alocada huida hacia adelante de un presidente sin límites en su intento por seguir en La Moncloa. No son las formas y menos aún es lo que se espera de un partido de Estado como es -o como fue en su día- fue el PSOE.
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