Quién dijo Justicia

La pugna política por el control de los jueces es cada día más descarada e impresentable. Al Gobierno y a la oposición no les preocupa reforzar la independencia de los jueces para mayor garantía de los ciudadanos. Más bien parece que quieren controlarlos para sus cuitas.

La historia se repite. El PSOE y el PP han bloqueado en varias ocasiones las instituciones del Estado, entre ellas la Justicia, por pura conveniencia; pero ahora, ante el nuevo bloqueo, la solución no pasa por destruir la arquitectura constitucional dejando en manos de una mayoría simple el control democrático del tercer poder del Estado.

Sólo los acuerdos transversales y las mayorías reforzadas garantizan la fiabilidad del sistema. Sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo, en el que prime en interés general, es la única solución aceptable para que las instituciones funcionen. Pero las cosas van en sentido contrario a lo que exige la calidad democrática y la decencia.

El PP se ha obstinado en su estrategia de no dejar pasar al PSOE, a Podemos y a los independentistas a las instituciones de control de los jueces y se ha abonado a la teoría de cuanto peor mejor. La respuesta del Gobierno al bloque no podría ser más desalentadora. Pretender renovar el órgano de Gobierno de los jueces con la mayoría que puede controlar ahora en el Congreso es comprometer seriamente la calidad democrática y da alas a la creencia, cada vez más extendida, de que Pedro Sánchez se ha embarcado en un peligroso juego con Iglesias para deshacer la estructura del Estado, incluida la Monarquía.

Tampoco puede ocurrir que nuestra credibilidad democrática se vea comprometida en nuestro entorno por iniciativas como estas y mucho menos que los ciudadanos nos quedemos con la agria sensación de que el juego político lo que menos importa son las garantías y que lo que sí importa, y mucho, es la manipulación de tribunales y jueces para manejos inconfesables.

A muchos jueces también les gustan las intrigas palaciegas y en ese juego andan, pero también es verdad que el sistema lo ha propiciado, lo que no quiere decir que se imponga aquella máxima de que si tengo que elegir juez que sea el de mi partido, el más politizado o el que se deja sobornar. La responsabilidad de los políticos no es otra que garantizar la independencia judicial y someterse a la ley, aunque en el intento salgan perdiendo.