El delegado del Gobierno debe dimitir

Cuesta encontrar argumentos para defender la decisión tomada por el Gobierno central y ejecutada por la Delegación del Gobierno en Canarias en relación con los inmigrantes irregulares, trasladados a un complejo turístico del sur de Gran Canaria en vísperas de la anunciada visita del ministro José Luis Escrivá.

Nada que objetar, por supuesto, a la posición del empresario que, teniendo su complejo alojativo cerrado porque no hay demanda, ve los cielos abiertos cuando un buen día recibe una llamada que le plantea la posibilidad de sacar del ERTE a todo el personal, reabrir las instalaciones y tener asegurado el negocio durante un tiempo.

Frente a esa posición, está la otra perspectiva: ¿es la mejor solución trasladar el problema migratorio al corazón mismo del negocio turístico grancanario? Recordemos que en la circular enviada por la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas a sus asociados se recogía que la subdelegada del Gobierno buscaba un recinto para alojar a los inmigrantes y que preferentemente era en la capital grancanaria. No sabemos por qué al final es en el sur pero quedémonos con los hechos. Sabiendo lo fácil que se distorsionan las cosas cuando está por medio el asunto migratorio, ¿alguien ha calibrado en el Ejecutivo central y en la Delegación del Gobierno las versiones que se van a ofrecer por ahí fuera de la medida adoptada? Máxime cuando urge recuperar la imagen de Canarias, y en especial de Gran Canaria, como un destino turístico seguro.

Ahora que, tras la inclusión de Canarias entre los destinos no recomendados por Alemania para viajar, los empresarios empiezan a recibir las cancelaciones de las pocas reservas que había hechas por los turoperadores, no es el momento para trasladar al exterior que nuestro motor económico pasa a ser un centro de asilo.

Plantearlo en estos términos no es ser xenófobos. Ni insolidarios. Esta es una sociedad abierta y hospitalaria, pero también es sabia. Y esa sabiduría incluye el conocimiento de que hay instalaciones de titularidad estatal que pueden dar acogida a quienes han llegado de manera irregular a esta tierra. ¿Dónde? Para empezar, hablemos de la base aérea de Gando, el cuartel de La Isleta, el CIE de El Matorral... No se trata de tener presos a los inmigrantes sino de prestarles la mejor de las atenciones mientras se resuelve su situación y, en paralelo, garantizar que su estancia no dé pie a que sea interpretada como un problema por los canarios. A fin de cuentas, una cuestiónde Estado, como es el control de fronteras y la atención a quienes entran en ellas de manera irregular, debe resolverse desde el propio Estado.

La contradicción es mayúscula: nos dicen que no se puede enviar a los migrantes a la península porque eso supone un efecto llamada y, sin embargo, sí se les puede alojar de forma indefinida en un complejo turístico. Cuesta entenderlo, salvo que haya otra explicación. Se nos ocurre una:si finalmente viene la próxima semana el ministro Escrivá, ya no tendrá que ir al muelle de Arguineguín a ver cómo estaban allí hacinados más de 200 inmigrantes. ¿Será eso? Solo falta que nos inviten a los canarios a ponernos en la autopista con una banderita de España a saludar al ministro cuando llegue, como en los tiempos del NoDo. A su lado, en el coche, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, respirará aliviado porque se ve que para algunos lo importante no es atajar en origen el problema migratorio y minimizar aquí el drama humanitario, sino garantizar que en Madrid estén cómodos. El turismo parece que lo dan por muerto. Yel respeto a los grancanarios, también.

Tras esta nefasta gestión, no cabe otra que pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Canarias. Si esto es todo lo que puede hacer, si efectivamente antepone evitarle al ministro una foto incómoda a contribuir a auxiliar al turismo cuando más lo necesita, es evidente que el cargo le viene grande.