Demagogia político-turística

Y aun representando dicho dato del pasado mes una importante cifra de personas en nuestra tierra todavía sin oportunidades de empleabilidad, lo cierto es que se puede vislumbrar el próximo logro de situar el paro en cifras inferiores a 140.000 personas. Rédito social y laboral alcanzado hace dieciséis años, previo al estallido de la crisis económica y financiera de aquel entonces. Con el dato o valor añadido de que el paro se sitúa ya en niveles inferiores al 14%, y aproximándonos, por fin a pasos agigantados, a la media estatal del 11%.

El origen primario, una vez más, de este gran avance laboral y estadístico: nuestra locomotora socioeconómica, el turismo. El mismo turismo que, de forma transversal, mueve toda nuestra economía: hosteleros, comerciantes, transportistas, agricultores y ganaderos, industriales, portuarios, … Hasta el punto de que, del total de 915.000 personas afiliadas en Canarias a la Seguridad Social, al menos hasta un 40% (unas 370.000, si no más) dependen, directa e indirectamente, del turismo para poder trabajar.

Y, sin embargo, desgraciadamente, de nuevo a nuestro turismo lo sitúan en su punto de mira las respetables organizaciones y colectivos convocantes del 20-A (ahora tornado en próximo 20-O). Un lícito movimiento organizacional que, bajo el lema 'Canarias tiene un límite', en todo momento esgrimía que su actuación, en ningún caso, iba contra el turismo. Pero que, lamentablemente, sólo ondeaba la bandera del 'tourist go home' en la cabecera de su manifestación, tal cual lo recogieron los informativos de más de medio mundo, sobre todo de nuestros principales mercados emisores.

Convocándose ahora nuevas protestas, por ejemplo, no en nuestros muelles de las vergüenzas y de las tragedias; ni tampoco frente a la Delegación del Gobierno de España en las islas para protestar respecto a los límites que sí que tienen nuestras islas acerca de la capacidad de acogida de personas migrantes, especialmente de menores no acompañados.

Sino de nuevo contra el turismo, el próximo 20 de octubre y ya directamente en nuestros principales enclaves turísticos: Maspalomas, Las Américas, Corralejo, Playa Blanca, ¡y hasta en Los Llanos de Aridane! Por cierto, que en este último caso más aún si cabe incomprensibles protestas en una isla, La Palma, a la que por desgracia no ha podido retornar plenamente su maravilloso turismo de naturaleza, por motivo de la crisis vulcanológica por todos conocida.

Pero si acaso, más tristeza que la referida convocatoria de dichos colectivos, la genera el ver cómo determinadas opciones políticas de Canarias, o algunos de sus dirigentes, tratan de sacar rédito político alineándose con las tesis del 20-A contra el turismo, en aplicación, además, del conocido refrán castellano de 'ver la paja en ojo ajeno, pero no la viga en el propio'.

En un reciente artículo, el expresidente de Canarias y presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Román Rodríguez, escribía un respetable artículo de opinión de título 'El Gobierno Canario ningunea al 20A'. Y a bote pronto (que es la manera más gratificante de golpear un balón de fútbol), en contraposición a sus argumentos uno también podría titular el presente artículo como 'El Cabildo de Gran Canaria ningunea al 20A'. Toda vez es Nueva Canarias-Bloque Canarista quien preside el gobierno insular de la isla redonda y quien hace gala de proyectos medioambientalmente sostenibles tales como Salto de Chira-Soria o el Tren de Gran Canaria…contra los que también protestan y se oponen los precursores del 20-A, por si lo olvida el señor Rodríguez.

Pero como en el ADN de cuna va el respeto personal y la lealtad institucional, tanto en cuanto a aquellos proyectos que pueden realmente favorecer a nuestra sociedad en general, como hacia aquellas personas que presidan y/o lideren en cada momento nuestras instituciones con independencia del color político al que representen, no caminaré o caminaremos por la senda del descrédito o demérito político gratuito. Que las matemáticas, al fin y al cabo, son una ciencia exacta.

En su artículo, genéricamente refiere el señor Rodríguez que (sic) «…el Gobierno de Canarias continúa insistiendo en su propuesta plenamente desarrollista, como puso de manifiesto la Consejera de Turismo en el Parlamento, rechazando la tasa turística y la moratoria al alquiler vacacional».

Olvida mencionar el también exvicepresidente y exconsejero de Hacienda que lo expuesto casi a la sazón por la Consejera de Turismo, Jessica de León, por el Vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, e incluso por el Presidente, Fernando Clavijo, es que lo que en realidad pretenden implantar los partidos de la oposición (PSOE, NC-Bloque Canarista) bajo la trufada denominación de «ecotasa» es, en realidad, un nuevo impuesto a las pernoctaciones en establecimientos alojativos de Canarias. Impuesto que se añadiría al Igic que ya abonamos, y que, por supuesto, también tendríamos que pagar todos los canarios sin excepción. Y cuya recaudación en ningún caso contribuiría a su argumento carente de fundamento económico de «la redistribución de la riqueza».

Y también olvida mencionar que, en aras a la sostenibilidad de nuestra actividad turística, en lo que sí están de acuerdo tanto Gobierno de Canarias como Cabildos y Ayuntamientos es en establecer auténticas ecotasas –alejadas del green washing dialéctico- en forma de entradas de pago a los espacios naturales de nuestra tierra (con gratuidades o descuentos a residentes) por visitar los mismos. En semejanza de lo que viene aplicando Lanzarote en cuanto a sus Centros de Arte, Cultura y Turismo.

Con el doble objetivo, ahí sí, de generar recaudación finalista y el de proporcionar al visitante la mejor de las experiencias turísticas. ¿O no opina así don Román respecto a las medidas de cobro de entrada y/o control de visitantes que su mismísimo equipo de gobierno en el Cabildo grancanario pretende establecer en el Roque Nublo, en similitud al tinerfeño Parque Rural de Anaga?

Y respecto a la moratoria que plantea para el alquiler vacacional, se debe recordar que en breve entrará en debate parlamentario la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda. Con sus principales objetivos de, por un lado, seguir reconociendo oficialmente a la Vivienda Vacacional como una de las modalidades alojativas turísticas de Canarias. Como, por otro lado, regular de forma ordenada, en coordinación con Cabildos y Ayuntamientos, el acceso a y desarrollo de dicha actividad, sin que ello a su vez perjudique a la disponibilidad de vivienda residencial. Todo lo contrario de lo que ha generado la Ley Estatal de Vivienda, causante real de la huida despavorida de cientos de propietarios de viviendas hacia el alquiler vacacional

Por todo lo cual, cabría preguntarse por qué no aplicó y ejecutó, como vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos de la anterior legislatura, sus ahora recetas político-turísticas. Para así haber puesto entonces la primera piedra para la corrección de las por él denominadas disfunciones: (sic) «el acceso a la vivienda, el comercio local, las infraestructuras, los servicios públicos, el transporte y la movilidad, la producción eléctrica y de agua, el tratamiento de residuos, el empleo de bajos salarios, las condiciones laborales manifiestamente mejorables y el insostenible crecimiento demográfico».

Disfunciones, como errores del presente provenientes del pasado, pero en vías de corrección para el futuro. Y matemáticas, como ciencia exacta. Con la misma exactitud con la que un destacado dirigente político del archipiélago acertó, -al inicio de la actual legislatura y con el morado en el recuerdo-, en el enunciado de la ecuación político-matemática a observar en todo momento: «Aquellos que alentaron la turismofobia, ya no forman parte de esta Cámara».