La atención a la discapacidad del Cabildo de Gran Canaria: urgen cambios reales

Como médico y como consejero insular, no puedo pasar por alto lo que ocurre. Mi vocación profesional me obliga a priorizar el bienestar de las personas, y mi responsabilidad política me exige señalar aquello que no está funcionando. Es por eso que quiero trasladar una preocupación que comparten muchas familias, profesionales y organizaciones: la supervisión que se realiza actualmente en estos centros no es suficiente, y la inacción del Cabildo está agravando la situación.

El problema no es nuevo, pero su persistencia es alarmante. La falta de controles externos rigurosos ha permitido que se mantengan deficiencias que afectan directamente a las personas con discapacidad intelectual. Evaluaciones internas, realizadas por los mismos organismos que gestionan estos centros, han demostrado ser insuficientes. No podemos seguir confiando en un sistema de supervisión que, en muchos casos, no es más que un trámite burocrático sin impacto real en la mejora del servicio.

Las familias y los profesionales llevan tiempo advirtiéndolo: la calidad asistencial no es la que debería ser. No hablamos solo de carencias materiales, sino de aspectos fundamentales como la formación del personal, la accesibilidad o la dignidad en el trato. Y si las denuncias persisten sin que se produzcan cambios significativos, es evidente que el sistema de control actual no está funcionando.

Cada día que pasa sin una intervención efectiva es una oportunidad perdida para mejorar la vida de quienes más lo necesitan. No se trata de señalar culpables sin más, sino de asumir responsabilidades y tomar decisiones que reviertan esta situación.

El Cabildo de Gran Canaria tiene la competencia y la obligación de garantizar unos estándares de calidad en estos servicios. Sin embargo, las respuestas institucionales han sido insuficientes. Cuando se detectan fallos en la atención o en la infraestructura, la reacción suele ser tardía o limitada. Mientras tanto, las personas usuarias y sus familias siguen enfrentándose a dificultades que deberían haberse resuelto hace tiempo.

Si queremos que la situación cambie, necesitamos algo más que supervisiones internas o auditorías con resultados previsibles. Es imprescindible una evaluación externa, objetiva y transparente, que permita conocer la realidad de los centros sin filtros ni intereses.

La experiencia de otras comunidades autónomas demuestra que la implementación de auditorías externas ha supuesto mejoras significativas en la calidad del servicio. Por eso, proponemos establecer una evaluación anual independiente, que complemente las inspecciones periódicas del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Gran Canaria (IASS).

Este sistema de evaluación externa debería garantizar un diagnóstico integral, que analice en profundidad todos los aspectos que influyen en la calidad asistencial: infraestructura, accesibilidad, formación del personal y condiciones de los usuarios. También debería asegurar la Imparcialidad, cerciorando que la auditoría sea realizada por un organismo especializado sin vínculos con el Cabildo ni con los centros evaluados; la transparencia, publicando los resultados y las recomendaciones para que las familias y la sociedad en su conjunto tengan acceso a información veraz y clara; así como un plan de mejoras continuo, con medidas correctivas concretas y plazos definidos para su implementación.

No se trata solo de detectar problemas, sino de garantizar que las soluciones se pongan en marcha de manera efectiva.Detrás de cada informe y de cada denuncia hay personas que dependen de estos servicios para vivir con dignidad. Cada carencia en la infraestructura, cada deficiencia en la atención o en la formación del personal, tiene un impacto real en su día a día.

No podemos permitir que la inacción institucional siga afectando la vida de quienes más necesitan de nuestro compromiso. Como médico, sé que la calidad en la atención no es un lujo, sino una necesidad. Como consejero del Cabildo, asumo la responsabilidad de exigir que las cosas cambien.

Para revertir esta situación, si realmente queremos transformar el modelo de atención, es necesario actuar con decisión y algunas de las medidas que se deben impulsar son: la creación de un organismo evaluador independiente, que supervise de forma objetiva y continua la calidad de los centros; la revisión de los estándares de calidad, adaptándolos a las necesidades reales de los usuarios y garantizando su cumplimiento; mayor inversión en infraestructuras y recursos humanos, porque sin medios adecuados no es posible ofrecer un servicio de calidad; el compromiso firme del Cabildo, dejando de lado la complacencia y tomando medidas efectivas de manera inmediata; y la participación activa de las familias y la sociedad, porque la rendición de cuentas no debe quedar solo en manos de la administración.

No podemos seguir mirando hacia otro lado. La situación en los centros de atención a personas con discapacidades intelectuales en Gran Canaria es insostenible, y la inacción del Cabildo está contribuyendo a perpetuar un problema que necesita soluciones urgentes.

Establecer una evaluación externa independiente no es una opción, es una necesidad. Si queremos garantizar una atención digna, de calidad y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad intelectual, debemos cambiar el sistema de supervisión y tomar medidas concretas sin más demora.

Este no es solo un asunto administrativo, sino un compromiso ético y social. La dignidad de las personas depende de que seamos capaces de actuar con la responsabilidad que la situación exige. Y eso significa, sin excusas, tomar decisiones valientes y necesarias para transformar estos centros en los espacios de cuidado, respeto y calidad que deben ser.

El momento de actuar es ahora.