El Gobierno de Sánchez no puede alegar que no conocía los análisis sobre los movimientos de las mafias del tráfico de personas en distintos países africanos y especialmente en Marruecos. No sólo alertó Frontex, sino todos los servicios de inteligencia del Estado, con publicidad incluida en seminarios y algún estudio publicado en medios especializados.
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Tampoco ha podido estar al margen de los intereses y estrategias de Marruecos con sus tradicional olfato para oler la debilidad y las formas de presión sobre nuestro país cuando están en juego intereses comerciales o estratégicos, entre ellos la nueva crisis con el Sáhara o la expansión marítima en el Atlántico.
Y tampoco ha estado al margen el Gobierno de Sánchez de la dura política europea de migración y asilo, que nace herida por la crisis migratoria de los últimos años y que ha servido para abanderar el crecimiento de la ultraderecha en varias regiones europeas y uno de los acicates argumentales en Inglaterra para abandonar la Unión Europea.
Una política que frena en seco la entrada de inmigrantes irregulares en países como Turquía, Grecia o Italia y convierte sus fronteras en prisiones para las expulsiones posteriores.
Esta política la ha dejado clara el Gobierno en varias ocasiones al negarse a las derivaciones a la península y es la que se impone a Canarias con un aumento de siete mil plazas de acogida, la solución que ha traído el ministro Escrivá. No se trata de improvisación del Gobierno de Sánchez, se trata de una estrategia clara que viene marcada por los intereses comunitarios que sacrifican a Canarias convirtiéndola en un contenedor de inmigrantes, en una nueva Lampedusa o Lesbos.
El Estado somete así a Canarias a una situación insostenible. La imagen de Canarias, uno de los primeros destinos turísticos del mundo, no puede estar sometida al foco de la presión mediática de los campos de concentración para inmigrantes ni existe capacidad suficiente para controlar y garantizar la acogida digna. Ana Oramas lo explicaba mejor que nadie: «¿Qué turista europeo quiere ir de vacaciones a Lesbos?». Así las cosas, la única salida del Gobierno es la diplomática con los países de origen, siempre sometida a los ciclos de las presiones y chantajes
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