La fragilidad del sistema energético

Todo parte de la Ley 17/2013 de 29 de octubre para la garantía de suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos extrapeninsulares, que impide a Endesa incorporar nueva potencia, invertir en nuevos grupos de producción de energía y obliga a una convocatoria pública de libre concurrencia.

Se trataba de no dejar la generación solo en manos de Endesa, automáticamente, sino que abría la posibilidad de invertir a cualquier otra empresa, con el visto bueno de los gobiernos canario y central, que reconocería el coste y lo pagaría con cargo al sistema general.

Las intenciones no eran malas, pero el efecto ha sido perverso. Diez años después, el concurso no se ha hecho. El retraso en garantizar la seguridad energética canaria es de entre 10 y 15 años. La vida útil de los grupos de generación es de 25 años. De 100 grupos de generación existentes en Canarias, más de 60 supera esa cifra y muchos de ellos más de 40 años. En los últimos 10 años no se ha instalado un grupo nuevo en Canarias. Después de 25 años estos grupos dejan de estar en las mejores condiciones y muchos pasan a estar inoperativos. Endesa les da de baja en esos casos y el ministerio los debería reponer a través de un concurso público, pero eso no se ha hecho.

La seguridad del sistema energético insular requiere, además, que cada isla tenga dos plantas de generación. Y la realidad es que Gran Canaria y Tenerife (también otras islas) solo disponen de una planta. Gran Canaria y Tenerife cuentan - además de con las centrales principales de Juan Grande y Granadilla- con las de Jinámar y Caletillas, pero estas últimas están bajo mínimos. Prácticamente inoperativas. Gran Canaria dispone, pues, de solo una planta de generación activa, pero con grupos obsoletos o dados de baja.

Red Eléctrica de España hace un informe anual de la cobertura, pero no es hasta 2022 cuando empieza a plantear una situación delicada, pero no alarmante. Es a partir de este año 2023 cuando su informe da un giro de 180 grados y habla de problemas muy serios de necesidades y déficit en las islas. En concreto de un déficit de 180 MW en Tenerife y de 120 MW en Gran Canaria. Para enero de 2024 el déficit sería superior a los 300 MW en las dos islas. En total faltarían 1.000 MW en todas las islas.

Gran Canaria y el resto de islas - menos El Hierro- no tienen capacidad de almacenamiento de las energías producidas por el viento y el sol. En Gran Canaria, afortunadamente tenemos el trabajo avanzado en este sentido, aunque tendremos que esperar ya que solo será posible cuando entre en funcionamiento Salto de Chira. Y El Hierro cuenta con Gorona del Viento. Para más inri, en Canarias se sigue sin tener regulado el almacenamiento por parte del Gobierno central.

Siguiendo los criterios de la Ley 17/2013, corresponde al Ministerio para la transición Ecológica sacar un concurso público y financiar los equipos de nueva generación. Y como no se ha hecho, estamos, insisto, ante una situación de una enorme fragilidad, de inseguridad, de riesgo de que se produzca un cero energético, un apagón generalizado.

Y se hace mucho más complicado el mantenimiento de los equipos existentes y operativos porque REE informa negativamente su realización, ya que si los paran para mantenerlos dejarían de generar lo que necesita la isla. Endesa obvia estos informes negativos por que su cumplimiento pondría en riesgo las infraestructuras energéticas y las vidas de los operarios. Todo un despropósito.

En noviembre de 2022 el Gobierno de Canarias advirtió de esta situación al MITECO. Pedía flexibilizar el sistema con grupos de generación más pequeños y dúctiles, hidrógeno, etc. El Ministerio insiste en que eso sería afianzar el monopolio de Endesa e insta a un plan de desmantelamiento del sistema y del monopolio actual hasta 2040, porque Europa no permitiría una excepción.

Se consulta a Europa por parte del Gobierno de Canarias y Europa dice que sí es factible, que como región ultraperiférica puede hacerlo (como ha hecho Portugal con Madeira y Azores). A pesar de esto, el Gobierno de España se sigue negando a autorizar inversiones directas de Endesa en el sistema canario e insiste en un concurso público que no llevaría menos de 5 a 6 años para alcanzar el objetivo de cubrir las necesidades, lo que profundiza además en la dependencia de los combustibles fósiles.

La Ley contempla medidas de emergencia para situaciones temporales y excepcionales de déficits de cobertura de demanda y con 4 o 5 grupos de generación flexibles de entre 20 y 30 MW se podría poner fin a la emergencia que nos acucia. Gran Canaria podría, además repotenciar, temporalmente, Jinámar. Pero no parece que se esté contemplando esta posibilidad. El Consejo de Ministros podría actuar en consecuencia, pero hasta ahora se ha negado a recurrir a esta vía.

Tanto las propuestas del Gobierno de Canarias como las de Endesa no han sido contestadas por el Ministerio, aunque en las últimas semanas se han dado algunos intentos de acercamiento. Cada día que pasa aumentan los riesgos. Sería necesario un Real Decreto Ley para atajar la inacción de estos últimos 10-15 años. Para inversiones nuevas. Para desmantelar lo obsoleto. Para generar un modelo descentralizado y distribuido. Cabe igualmente la opción de que se modifique la Ley 17/2013 y se contemple una excepcionalidad para Canarias que permita que el generador del sistema pueda acudir a la renovación de sus grupos de generación de manera directa, obviando el concurso público dadas las singularidades isleñas.

Desgraciadamente estamos ante un riesgo que no se va a solucionar en breve. Que es fruto de la inacción, del desconocimiento, de la desidia y del olvido de Canarias. No podemos seguir dependiendo de un Ministerio (da lo mismo el color) que desconoce nuestra realidad, nuestra singularidad. Y lo peor es que una verdadera emergencia les obligaría a actuar. Entonces sí. Pero después de haber causado un daño irreversible a la isla.

Por eso es tan importante Salto de Chira -que aportaría 200 MW al sistema, además del almacenamiento imprescindible- y la penetración de las renovables (eólica, fotovoltaica, marina, hidrógeno, autoconsumo, geotermia, etc…).

Exigimos, por tanto, al Ministerio para la Transición Ecológica, una actuación urgente para corregir la precariedad, la inseguridad y el riesgo energético en que se encuentra la isla y Canarias en general. Lo contrario sería persistir en el desprecio a nuestra realidad, a pesar del riesgo al que se nos somete.