Alquiler vacacional, otro fracaso

La realidad siempre va muy por delante de la ley, pero la incompetencia y la falta de criterios claros ha terminado por demoler la polémica ley de alquiler vacacional. Cuando se trata de poner puertas al campo de los nuevos negocios que permite internet los reguladores no aciertan casi nunca. La nueva economía global engulle todo lo que le rodea, quizás porque el campo ya es demasiado grande para acotarlo, lo que no significa que haya que hacerlo, pero con mucha más cabeza y atendiendo a las exigencias de los nuevos tiempos.

Fracasó Paulino Rivero en 2015 con un decreto que tumbó los tribunales. Fracasó Fernando Clavijo con otro decreto con el que revolucionó a los alcaldes y a los afectados y que nunca llegó a debatirse, y fracasa ahora el Parlamento con una ley camuflada en otra. Por uno o por otros la casa sigue sin barrer y la anarquía se hace dueña de una actividad imparable.

La última fiesta en torno al alquiler vacacional nos la ofreció el propio Gobierno. Fiel a la filosofía de Fernando Clavijo, reducir y empobrecer las competencias del Gobierno autónomo y empoderar a cabildos y ayuntamientos, dejó en manos de otras administraciones la regulación del turismo vacacional. «Esto es competencia de los ayuntamientos», venía a decir el decreto en su parte más significativa, aparte de prohibir esta actividad en las zonas turísticas. A pesar de que las competencias de regulación las tiene la Consejería de Turismo, Mogán, por ejemplo, podría tener manga ancha con el alquiler turístico y San Bartolomé, el municipio de al lado prohibirlo, rompiendo la unidad de criterio que debe regir en la administración autonómica.

Por iniciativa de CC se abrió un debate interno en la Comisión de Turismo del Parlamento en torno a una ley de un sólo artículo que trataba de derogar algunos aspectos de la Ley del Turismo. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid se introdujo un nuevo articulado con la participación activa de NC y el PSOE, con el que se trataba de regular el alquiler vacacional, un texto que ahora Consejo Consultivo califica de «impreciso», «inseguro» e «inconstitucional».

El guirigay en torno al alquiler vacacional va por municipios, dependiendo de la visión política o intereses del alcalde o concejal de turno, sin que ningún organismo con competencias para ello, como el Gobierno de Canarias, haya acertado para poner orden. Unos dicen priorizar en sus objetivos a los ciudadanos que no encuentran casas de alquiler. Los mismos castigan a los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler vacacional, mientras permiten que edificios enteros caigan en manos de fondos buitre para convertirlos en apartamentos destinados al alquiler vacacional. Otros, los turísticos, comprometidos con las grandes empresas y el turismo regulado, no quieren ni un apartamento en esta modalidad. Y los terceros, dejan hacer mientras el problema sigue creciendo y la ilegalidad acampa a sus anchas.

. Así, ante la falta de tiempo para legislar y la renuncia de los partidos políticos, la ley de ley, poco meditada y fruto de la improvisación que promovió CC en el Parlamento para hacer lo que su Gobierno no quiso por la polémica suscitada, se estampa ante la realidad, se convierte en otro fracaso más de esta legislatura.

Regular es necesario, pero teniendo en cuenta que hay fenómenos que son imparables y a los que hay que dar cauces. Nadie puede ya evitar el macronegocio universal de Google, de mayor poder e influencia que Estados Unidos, China y Europa juntos, pero si se pueden establecer controles en función de la defensa de los derechos de los ciudadanos, y, por supuesto, obligarlos a retratarse económicamente ante las arcas públicas. En el caso del alquiler vacacional debe obligarse a obtener licencias, a que se paguen tasas e impuestos, a que existan registros policiales de los que se alojan en esas viviendas, a mínimos de seguridad, a que las familias y las empresas que quieran entrar en ese negocio planetario lo hagan... pero no a prohibirlas directamente y mucho menos, como trató de hacer el Gobierno de Canarias, dejar que cada ciudad imponga sus propias leyes para crear un problema en cada esquina.

El Consejo consultivo acierta cuando argumenta que el proyecto de ley que elaboró el Parlamento de Canarias en la Comisión de Turismo, no sólo se apropia de competencias que le son ajenas, sino que un texto que ahora Consejo Consultivo califica de «impreciso», «inseguro» e «inconstitucional». .

Una vez paralizado el proyecto de ley lo deseable es que sea una nuevo gobierno, el que salga de las urnas el próximo mes de mayo, el que ponga cabeza para regular este nuevo fenómeno, intentado conjugar los intereses de las empresas turísticas, el de miles de familias que han encontrado en esta modalidad una forma de obtener rendimientos de sus propiedades y el de los vecinos que conviven con el fenómeno o los que se ven afectados directamente al ser desahuciados de sus casa por el empuje de la nueva modalidad de la industria turística.

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