El Supremo censura al fiscal general al anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática

Los tres recursos reclamaron al alto tribunal que declarase la nulidad de este nombramiento y devolviera las actuaciones al momento anterior de la designación de Delgado. Los firmantes alegaron que la decisión no fue válida porque el sucesor de la nominada, el actual fiscal general García Ortiz, no dio opción al Consejo Fiscal a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, ya que la pareja de Delgado (el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón) dirige una fundación dedicada precisamente a la defensa de los Derechos Humanos.

García Ortiz propuso nombrar a Delgado pese a que ésta solo recibió el voto de un representante en el Consejo Fiscal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -colectivo al que pertenecieron ambos- y de las dos consejeras natas del organismo. El otro vocal de la UPF apoyó a otro candidato. Cabe recordar, no obstante, que el Consejo Fiscal es un órgano consultivo y que el fiscal general tiene la última palabra sobre la decisión de los nombramientos. Finalmente, el Consejo de Ministros designó a Delgado el 13 de junio de 2023.

La decisión de la Sala de lo Contencioso del Supremo llega casi un mes después de que el Consejo de Ministros ejecutara la sentencia por la que el propio tribunal ordenó anular en noviembre pasado el ascenso de Delgado a la máxima categoría de la carrera, como fiscal de sala de lo Militar en el Supremo.

En aquella ocasión, la Sala encargado de examinar las resolución administrativa del Ejecutivo estimó en parte el recurso presentado por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, que también optaba al cargo, ordenando retrotraer las actuaciones «al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza» de fiscal de la sala.

En aquella sentencia, los magistrados entendieron que su designación supuso un ejercicio de «desviación de poder» por parte de García Ortiz, porque la única finalidad era conceder un ascenso a Delgado, de quien él había sido número dos en la Fiscalía General del Estado. Una mención que llevó al PP a presentar una querella contra el máximo responsable del Ministerio Público por un delito de prevaricación, pero la Sala de lo Penal del Supremo decidió no admitirla y, por lo tanto, archivarla el pasado abril al concluir que no existían indicios delictivos.

El PP sostenía que García Ortiz propuso en octubre de 2022 el ascenso de Dolores Delgado con la finalidad de «pagar una deuda personal de gratitud». Así, apartándose del criterio del Consejo Fiscal, el fiscal general facilitó que su antecesora, que lo había sido hasta apenas unos meses antes, se reincorporase a la carrera fiscal «en la más elevada categoría» y no como fiscal rasa. Los populares afirmaban que el nombramiento era, por tanto, arbitrario e injusto, y causaba un perjuicio a la función pública al atentar contra los principios de igualdad, mérito y capacidad, generando un descrédito de la institución.

La Sala de lo Penal, sin embargo, concluyó que «la querella presentada no revela ningún indicio de criminalidad que justifique la apertura de un proceso penal». En relación con el delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), la Sala advirtió de que el fiscal general no dictó una resolución propiamente dicha sino que solo hizo una propuesta: el nombramiento, formalmente, lo realizó el Gobierno de Pedro Sánchez atendiendo esa propuesta.

Y, aunque admitió que la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó el pasado noviembre que García Ortiz había incurrido en «desviación de poder» y que no ascendió a Delgado por sus méritos sino para beneficiarla personalmente, subrayó que «no cabe trasladar de forma automática» la desviación de poder «al ámbito penal del delito de prevaricación».

En cuanto al supuesto delito de nombramiento ilegal que también señalaba el PP, el tribunal presidido por Manuel Marchena lo descartó porque Delgado sí «reunía formalmente los requisitos establecidos» para ser nombrada: tenía una antigüedad de 20 años de servicio y pertenecía a la segunda categoría de la carrera.

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García Ortiz acusa a los magistrados de cambiar su jurisprudencia para este caso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, criticó este martes el fallo del Tribunal Supremo que censura su actuación en la elección de su antecesora, Dolores Delgado como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Y aunque afirmó que acatará la sentencia y retrotraerá las actuaciones al momento anterior a su designación para consultar al Consejo Fiscal, como se le ha reclamado, dio a entender que mantendrá su posición sobre el fondo del asunto y volverá a realizar el mismo nombramiento.

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Para García Ortiz es el alto tribunal el que ha cambiado su jurisprudencia con «otros criterios diferentes a los que marca específicamente el estatuto» del Ministerio Público. Según él, los magistrados del Supremo «han subido a la disputa jurídica» en este caso. «Prácticamente el fiscal general podía nombrar a la persona que considerara más idónea y más conveniente porque los requisitos legales estaban ahí», arguyó en declaraciones a TVE.