Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont se sientan en el banquillo acusados de blanqueo

Boye fue procesado por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número tres, María Tardón, por su presunta colaboración en el operativo orquestado por los investigados con el objetivo de recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros del grupo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en febrero de 2017.

Estos «correos humanos», que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron interceptados en la terminal y esto provocó, según el relato de la magistrada, que los narcos contactaran con Boye y con otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal de ese dinero.

De este modo, Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido. El fiscal solicita para él nueve años y nueve meses de prisión más una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.

Para Sito Miñanco, la Fiscalía interesa 31 años y medio de cárcel y 950 millones de multa por los delitos de tráfico de droga en el seno de organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial. Todos los acusados están vinculados a la investigación desarrollada en el marco de la 'operación Mito', centrada en la red que presuntamente dirigía el contrabandista nacido en Cambados (Pontevedra) hace 69 años y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores, quienes les seguían la pista desde 2016.

Esa organización, según el escrito del fiscal, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales, y todo ello mientras el narcotraficante gallego se encontraba en tercer grado penitenciario fruto de una condena previa a 16 años y diez meses de prisión.

Ese tercer grado le permitía trabajar en un párking de Algeciras, pero «su única y verdadera actividad profesional continuaba siendo la introducción de sustancia estupefaciente en España», dado que mantenía la confianza de las organizaciones suministradoras y contaba con la logística suficiente.

El fiscal explica en su escrito que Sito Miñanco «contaba con (...) una pléyade de individuos que acumulaban una notable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, dispuestos a participar en estas iniciativas criminales, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad» que les pidiera. Por eso, el Ministerio Público asevera que en realidad «había hecho del narcotráfico su modus vivendi de manera continuada y estable» a pesar de las diversas condenas impuestas por delitos contra la salud pública. «Carecía de la más mínima voluntad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad», explica.

Y resalta que tal era la «naturaleza eminentemente personalista» de la red que «todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas» por Sito Miñanco, que usaba el alias de Mario, pese a las limitaciones que representaba su régimen penitenciario. Para no llamar la atención, se apoyaba para los contactos y las operaciones tanto en Enrique García Arango, su lugarteniente, como en Juan Antonio Fernández Fernández, hombre de su máxima confianza. Por debajo de ellos, una quincena de personas contribuían a demanda para transporte de droga o dinero, preparar o pilotar embarcaciones, o incluso realizar labores de contravigilancia.

El fiscal apunta que para posibilitar la ocultación de los beneficios procedentes del narcotráfico, Prado Bugallo también había creado una estructura societaria «de la que él era el único titular efectivo pese a que, aparentemente, la propiedad correspondiera a terceros». Además, se procuró la asistencia de correos humanos «que participaban en la ocultación de los beneficios procedentes de su actividad criminal, que en última instancia se transportaban a Colombia».

El escrito detalla que gracias a la investigación policial se dio al traste con dos operaciones de la red que pretendían introducir «enormes cantidades de cocaína en España». Una tuvo lugar en octubre de 2017 cuando se abordó el buque Thoran, que transportaba 3,3 toneladas de cocaína, y la segunda fue la aprehensión de un contenedor de este alcaloide en Países Bajos, que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia en noviembre del mismo año.

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Si bien el juicio está programado para que arranque este lunes, varios acusados han interesado suspenderlo dado que otro de los encausados se encuentra cumpliendo pena de cárcel en Senegal y consideran que debe asistir a la vista para no menoscabar su derecho de defensa. El tribunal está presidido por el magistrado Alfonso Guevara y deberá tomar una decisión en las cuestiones previas. La vista oral lleva meses fijada y se extenderá durante tres meses.