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Pedro Sánchez se resiste a trocear el real decreto ley ómnibus que el pasado miércoles decayó en el Congreso para salvar solo la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte público u otras medidas, como la ampliación de las ayudas a los afectados por ... la dana, que cuentan con el respaldo de Junts y del PP. El presidente del Gobierno argumentó este viernes que todas las iniciativas recogidas inicialmente en el texto, de más de 140 páginas y más de cien artículos sobre temas variados, deben ver la luz. «Creo que hay que apelar a la responsabilidad, a que reconsideren su posición y a que permitan la aprobación de un real decreto ley que es en favor de la gente, no de ninguna minoría, sino de la mayoría social de nuestro país», esgrimió.
Sánchez respondió así, durante un acto en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), tanto a Carles Puigdemont como por Alberto Núñez Feijóo. Uno y otro le instaron la víspera a convocar un Consejo de Ministros cuanto antes a fin de dar tranquilidad a los pensionistas, a los usuarios del transporte público y (en el caso del PP) a los valencianos, en lugar de cargar sobre sus espaldas la responsabiliad de la incertidumbre que ahora arrostran o el «dolor» que, en palabras del propio presidente del Gobierno, pueden estar padeciendo.
La situación en la que se encuentra el Gobierno es políticamente endiablada. Sus dificultades para mantener bien engrasada la heterogénea mayoría de la investidura han sido siempre evidentes, pero ahora la duda es si esa mayoría sigue existiendo. Sánchez defendió en su día el volantazo con la amnistía al procés como el precio a pagar para poder seguir ofreciendo al país políticas «progresistas» que, en muchos casos, Junts no está dispuesto a apoyar, sobre todo, si no ve cumplidos antes acuerdos firmados hace más de un año como el de la polémica delegación «integral» de las competencias sobre inmigración a la Generalitat.
Además de la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, que nadie rechaza, el decreto ley ómnibus, incluía otros asuntos ‘a priori’ poco conflictivos –pero, según Junts, no negociados– como fondos para ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones; deducciones fiscales para la eficiencia energética de las viviendas o la compra de coches eléctricos y normas para el nuevo impuesto a la banca o para evitar opas de capital extranjero sobre empresas estratégicas (como Talgo). Pero también la cesión al PNV del palacete de París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio, a la que se opone el PP, y una prórroga del escudo social - la suspensión de los desahucios y el corte de suministros básicos a los colectivos vulnerables- que los de Puigdemont y los populares ven como apoyo a la ocupación y a las que los socios del Gobierno a la izquierda del tablero se niegan a renunciar.
En esa encrucijada, Sánchez, que ha hecho de su capacidad de resistir presiones una seña de identidad, ha optado por llevar al límite los pulsos, ahora convergentes, con el primer partido de la oposición y el expresidente catalán.
La posibilidad de celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para volver a aprobar de inmediato la revalorización de las pensiones llegó a estar el mismo miércoles sobre la mesa, pero el Gobierno acabó optando por poner en marcha una estrategia de desgaste al PP que, al mismo tiempo, le permitiera combatir la sensación de que está en manos de los populares. «¡Solo falta que el Gobierno de España haga el decreto que le dicte la oposición!», dijo este viernes de forma gráfica el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en Onda Cero. El exjefe de gabinete de Sánchez sí ofreció con sorna al PP sacar del real decreto ley ómnibus un único asunto, el referido al palacete del PNV, que según los nacionalistas vascos, en realidad, ya ha sido traspasado. Pero nada más.
Ahora queda por ver si alguna de las partes cede. De momento, Junts ya ha advertido de que, si el Gobierno no aprueba un decreto ley para revalorizar las pensiones, ellos presentarán, como anunció el PP el mismo miércoles, su propia proposición de ley al respecto.
Puigdemont recriminó además al presidente, en la red social X, que utilice los reales decretos leyes ómnibus, en los que se camuflan iniciativas que no cuentan con el consenso de la mayoría de la Cámara con medidas a las que es difícil negarse, cuando él mismo recriminaba esta práctica al PP desde la oposición. «Esto va de un Gobierno que no tiene mayoría y que intenta colar su programa electoral en cada una de las iniciativas que presenta. Y los partidos que podemos darle apoyo tenemos dos opciones: aceptar el trágala o plantar cara y decir ‘así no’», abundó en Rne la portavoz parlamentaria de su formación, Míriam Nogueras.
Incluso desde Compromís, integrada en Sumar, la diputada Ángela Micó censuró al PSOE esa estrategia y exigió que se apruebe un nuevo real decreto ley exclusivamente con las ayudas por la dana. «Los valencianos –avisó no tienen ninguna culpa de las frágiles mayorías de Sánchez. No hacía falta esta jugada para demostrar que estamos frente a una derecha carroñera que solo quiere asaltar el poder».
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